La UE acuerda una nueva ley para vigilar y restaurar la salud del suelo
Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea acordó este jueves una revisión legislativa para vigilar y restaurar la salud del suelo en todo su territorio de aquí a 2050, con el objetivo de mejorar el apoyo a los agricultores, según el acuerdo informal alcanzado este jueves por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
«Proporcionarles mejor información y ayuda más eficaz, al tiempo que se evitan cargas administrativas y nuevas obligaciones, son las principales características de esta nueva legislación sobre la vigilancia del suelo», declaró en un comunicado el ponente del texto en la Eurocámara, el liberal eslovaco Martin Hojsík.
El acuerdo, que aún tendrá que ser confirmado oficialmente por el Consejo y por el Parlamento Europeo, parte de una propuesta de la Comisión Europea que se enmarca dentro de la estrategia de contaminación cero de la UE.
Dicha estrategia estima que entre el 60 y el 70 % de los suelos están contaminados, recordó la Eurocámara.
Reforzar el muestreo
La nueva Ley de Vigilancia del Suelo armonizará las medidas de monitoreo en el mercado único, de forma que todos los países de la UE empleen una metodología y criterios comunes en relación con el estado físico, químico o biológico del suelo.
Los suelos degradados son una de las principales causas de las crisis climática y de biodiversidad, y reducen el suministro de servicios ecosistémicos esenciales.
Eso le cuesta a la UE al menos 50.000 millones de euros al año, según la Comisión Europea. Por ello, Bruselas apoyará a los Estados reforzando su programa actual de muestreo, LUCAS Soils, que ofrecerá apoyo financiero y técnico a medida, añadió el Parlamento Europeo.
Sin nuevas obligaciones para propietarios
La normativa prevé que los gobiernos nacionales fijen «objetivos sostenibles no vinculantes para cada criterio», para tener en cuenta los diferentes niveles de degradación del suelo y las condiciones locales.
«Para proteger a agricultores y silvicultores, la directiva adoptada no impone nuevas obligaciones a los propietarios ni gestores de tierras. En su lugar, obliga a los Estados miembros a ayudarles a mejorar la calidad y la resiliencia del suelo, es decir, su capacidad para seguir desempeñando su papel crucial en el ecosistema», añadió la Eurocámara.
Esas medidas pueden incluir asesoramiento, formación, promoción de la investigación, la innovación y la concienciación sobre los beneficios de la resiliencia del suelo y se establece que los Estados miembros evalúen «periódicamente las necesidades financieras de agricultores y silvicultores para lograr estos fines».
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