Plan Estatal Vivienda 2013-2016

El Ejecutivo va a acabar con el sistema actual de vivienda protegida, reformando las ayudas a la edificación de vivienda protegida y creando un nuevo mecanismo de ayudas para las viviendas en alquiler. Este pack se encuadra dentro de un nuevo decreto que regirá el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.

El Plan de Vivienda que se plantea, es un plan que sigue regando con dinero público la promoción de vivienda protegida y que crea una línea de subvención directa para el alquiler. La pega fundamental que tiene el plan es la amplía casuística de casos que cubre y todos aquellos que deja fuera, que no son pocos.

La subvención para el alquiler de vivienda, casi a barra libre

La medida estrella del Plan de Vivienda es la subvención directa al alquiler con un tope anual de 2.400 euros anuales para los inquilinos que tengan una renta inferior a 3 veces el IPREM (1.600 euros aproximadamente), no tengan vivienda en propiedad y cuya renta mensual sea inferior a 600 euros mensuales.

Esta ayuda se podrá recibir durante dos años y podrá ser rectificada con coeficientes a la baja por las comunidades autónomas para baremar el límite de ingresos con un coeficiente que va desde 0,7 a 1. No se marcan requisitos de edad ni cualquier otro tipo de requisito adicional. Como vemos, esta ayuda tiene una cuantía muy importante y cuyo coste puede dispararse perfectamente por encima de los 3.600 millones de euros anuales si más de 1,5 millones de horas entran dentro de este tramo, cifra que no es disparatada ni mucho menos.

Respecto a las viviendas del banco malo o Sareb, ya sabemos también que se pondrán todas en alquiler social a precios entre 150 y 400 euros/mes como máximo. Tal y como comentamos anteriormente, el problema de estas viviendas es la dispersión geográfica dado que la mayoría de viviendas del banco malo, se encuentran en el litoral mediterráneo.

El cambio en la edificación de viviendas protegidas

Respecto a las viviendas protegidas en propiedad, las ayudas ascenderán a un máximo de 18.000 euros por vivienda y no podrá superar el 20% del coste final de la edificación; con la salvedad que el promotor tiene que ser empresa o entidad pública o bien, carecer de ánimo de lucro, como puede ser una cooperativa de viviendas y como requisito imprescindible, el suelo tiene que estar cedido por el ayuntamiento.

Las viviendas no podrán exceder los 90 metros² y la renta máxima para acceder a esta vivienda será de 3 veces el IPREM (en torno a los 1.600 euros). Las viviendas construidas en esta fórmula, pueden destinarse al alquiler en rotación con los requisitos de ingresos fijados anteriormente y no pueden exceder la renta mensual de de 4,5 euros/m² (400 euros/mes).

En estas promociones, se obliga a una reserva del 25% de las viviendas para que las usen todos aquellos que estén bajo la cobertura de asuntos sociales en los diferentes ayuntamientos o que se encuentren en grupos de riesgo de exclusión. El pago de las subvenciones a las viviendas va directo al promotor y se marcan dos plazos de pago, 60% al comienzo de las obras y un 40% a la entrega del certificado final de obra con un plazo máximo de ejecución de 4 meses.

Como reflexión, sólo lanzo una pregunta ¿realmente la economía se puede permitir ahora mismo intervenir en el mercado de la vivienda y subvencionar el alquiler a diestro y siniestro? Yo creo que no.

En El Blog Salmón | El Gobierno reforma el mercado del alquiler, El alquiler social de viviendas del banco malo, buena idea a trabajar

Publicado en http://www.elblogsalmon.com/entorno/el-nuevo-plan-estatal-de-vivienda-2013-2016-mas-subvenciones-para-alquiler 

El 50% de los alquileres de vivienda no se declaran en Hacienda

El fraude tributario en los ingresos que se obtiene por el alquiler de viviendas sigue al alza y no existe fórmula capaz de atajar esta lacra, dado que sólo se declaran 907.000 alquileres sobre un total de 1.791.475 viviendas en alquiler (Datos del Ministerio de Vivienda a 2006). Se puede estimar que el 50% de los ingresos que se obtienen por alquileres de vivienda permanecen opacos para Hacienda, suponiendo un parque estable de viviendas alquiladas desde el 2006, extremo que es mucho suponer.

Según los datos del IRPF 2008, 907.000 arrendadores aplicaron la deducción por el alquiler de vivienda habitual (cuadro superior). Esta deducción la pueden aplicar todos los arrendadores, de manera independiente a su nivel de renta y tipo de inquilino. La conclusión es que por más que se haya modificado la deducción por alquiler para los arrendadores, se sigue prefiriendo el dinero negro a pasar por la caja de Hacienda y 800.000 viviendas alquiladas en negro son demasiadas.

Los métodos de control que se pueden poner en marcha son variados, pero ninguno es realmente efectivo realmente. En el año 2004, se declararon 569.000 alquileres de vivienda en el IRPF por parte de los arrendadores y aunque se haya crecido un 60% en el número de propietarios que aplican esta deducción hasta el 2008, Hacienda sigue mirando hacia otro lado con este fraude.

Desde el 2007, es obligatorio consignar la referencia catastral de los inmuebles en el IRPF, además del control del suministro eléctrico a viviendas puesto en marcha este año, aunque el sistema más efectivo para aflorar todos los arrendamientos sería ampliar la actual deducción por alquiler en vivienda habitual a todos los arrendatarios.

Esta deducción está limitada a bases imponibles de 24.000 euros, siendo regresiva también. Tal y como podemos apreciar en el cuadro adjunto, sólo 502.000 arrendatarios se favorecen de esta deducción.

Si todos los arrendatarios tuvieran la opción de deducibilidad de los gastos de alquiler, el crecimiento de arrendadores que se verían obligados a declarar estos ingresos aumentaría sustancialmente. Por ejemplo, en 2008, el aumento de alquileres declarados ha crecido un 17%, coincidiendo con la entrada de esta deducción y 63.166 beneficiarios de la Renta Básica de Enmancipación durante el 2008, mecanismo que controla mucho más las viviendas alquiladas.

El alquiler en negro es una lacra que se puede erradicar, sólo hace falta voluntad por parte de Hacienda de apretar más las tuercas, pero claro, 800.000 defraudadores son muchos y las medidas que no están aceptadas a nivel económico tienen repercusiones políticas ¿Quién le pondrá el cascabel a este gato?