Políticos y jueces son un problema para los ciudadanos

Según la encuesta del CIS correspondiente al pasado mes de mayo y conocida hoy los políticos y los jueces son los grupos peor valorados por los españoles. Tras el paro -con el 81,7 por ciento- y los problemas económicos -que citan el 51 por ciento- la tercera inquietud de la ciudadanía es la clase política, mencionada por un 22,5 por ciento, 4,4 puntos por encima de abril. Desde hace muchos meses los políticos, la "clase política" viene siendo considerada como el tercer problema de los españoles, después del paro y de la situación económica.

Los jueces, por su parte, son los profesionales del sector público que menos confianza inspiran a los ciudadanos.Concretamente, el 58,2% de los españoles tienen "poca" o "ninguna" confianza en los jueces, una cifra que supera incluso a la que obtienen los inspectores de Hacienda, denostados por el 50,1% de los españoles.

Por el contrario, los bomberos son los profesionales del sector público mejor considerados por el conjunto de los españoles, concretamente para el 92,1%, al declarar que tienen "mucha" o "bastante" confianza en este cuerpo.

Los médicos son el segundo sector que más respaldo obtienen por parte de los encuestados en este último barómetro del CIS, pues el 84,7% confían "mucho" o "bastante" en estos profesionales. En tercer lugar se sitúan los profesores de enseñanza primaria y secundaria, bien valorados por el 77,5% de los españoles.

Sin embargo, en este sondeo la sanidad pasa a ser  el cuarto problema para los españoles, ya que la citan el 10,6 por ciento -dos puntos más que en el estudio anterior- y se coloca inmediatamente por delante de la corrupción y el fraude, al que alude el 9,3 por ciento -seis décimas más-.

Comunicado del juez Garzón a los medios de comunicación

"Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.

Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.

He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.

Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.

Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que "la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho" es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.

Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.

Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.

Madrid a 9 de febrero de 2012