Más sobre los controladores aéreos

(Publicado en el blog Lo pienso lo escribo)

Defender lo indefendible
En este país existe un colectivo formado por algo más de dos mil trabajadores que cobra al año, solo de sueldo base, casi veinte veces más de lo que cobra la media del proletariado español. Según su convenio trabajan unas 1.200 horas anuales y pueden jubilarse a los cincuenta y tantos asegurándose el 100% de su salario. Estamos hablando de un colectivo que reivindica, entre otras cosas, que las bajas o el tiempo dedicado a cuestiones no relacionadas con su labor sean computadas como horas de trabajo, de un colectivo que no sufría estrés ni ansiedad realizando voluntariamente hasta 600 horas adicionales al año porque con ello multiplicaban hasta por cuatro sus ingresos. Estos señores, que se consideran esclavizados por trabajar ocho horas diarias y ver aumentadas a 1.700 horas anuales su jornada laboral, plantaron cara al ejecutivo para mantener sus “privilegios”, pero no lo hicieron ejerciendo el derecho de huelga, porque eso implicaría unos euros menos a final de mes y el costo de oportunidad a esta gente no le suena de nada. Reivindican poniéndose enfermos a la vez, abandonando irresponsablemente su puesto de trabajo y retirándose a un hotel, que no a sus casas, para apoyarse mutuamente. Se han recuperado en menos de 24 horas de ese malestar físico masivo que les entró repentinamente a todos. Nunca se habrá visto una baja médica tan corta como la de estos individuos que, desde su curiosa manera de defender lo que consideran derechos, incluso podrían haber defraudado a la seguridad social.

Los defensores de esta casta de privilegiados, de estos aristócratas del trabajo, utilizan las palabras “coraje y valentía” para calificar la actitud de quienes han echado un pulso a este terrible y dictatorial gobierno que les ha parado los pies en lugar de ceder a sus chantajes a golpe de talonario. Coraje y valentía para cerrar el espacio aéreo español, secuestrar en los aeropuertos a cientos de miles de ciudadanos que han visto desaparecer su dinero por el desagüe de la avaricia de estos señores, generar unas pérdidas de más de 80 millones de euros diarios a las compañías aéreas y de 250 millones al sector turístico, o pisotear la imagen internacional de España por medio mundo. Pero oiga, hay que entender, apoyar y solidarizarse con esta gente porque han tenido los cojones de enfrentarse al gobierno de la Nación, porque son trabajadores y porque lo que ellos consigan creará una especie de precedente (¿para quién?) que la clase obrera podrá gritar a los cuatro vientos como una victoria sobre quien nos trata como a esclavos. Cuántos de los que sí conocieron y sufrieron la esclavitud se indignarían con semejante comparación. Cuántos de esos cuatro millones de parados que existen en este país estarían dispuestos a ocupar una de esas 2.400 plazas a cambio de más del doble de lo que se lleva el Presidente del gobierno a su bolsillo. Lo siento, pero esto de solidarizarse con unos trabajadores, por el simple hecho de serlo, no va conmigo. La defensa de lo indefendible se la dejo a otros.

José Blanco: A los controladores "no les puede salir gratis"

Lo ha dicho el Ministro de Fomento. Ver El País
Muy mal haría el Gobierno si de esta los contraladores, ese grupo de selectos y privilegiados trabajadores (¡) salieran indemnes porque se han reintegrado al trabajo bajo la amenaza del "estado de alarma" decretado por el Gobierno.
La responsabilidad contraída viene de antes. Se origina, por una parte, en su intento de echar un pulso a un Gobierno democrático y, por otra, en haber tomado como rehenes a cientos de miles de ciudadanos que estaban a la espera de desplazarse con motivo de este largo puente de diciembre. Ahí está su delito. Y por estos dos hechos deben pagar.
Con su acción se calcula que la maltrecha economía española puede perder en su conjunto unos cuatro mil millones de euros más los perjuicios, también económicos y sicológicos, ocasionadados a ciudadanos particulares.
El proceso se ha puesto en marcha: "El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado a la fiscalía de Madrid y a otras fiscalías que abran un procedimiento contra los controladores aéreos por un delito de sedición que está castigado con penas de hasta ocho años de prisión. Paralelamente, ha ordenado a los fiscales militares que actúen contra los controladores que no acudan a su puesto de trabajo después de que se haya decretado el estado de alarma por un delito de desobediencia previsto en el Código Penal militar y que está castigado con penas de hasta seis años de prisión y pérdida de empleo", informa El Periódico

 O el Gobierno democrático, el imperio de la ley, la igualdad de todos los ciudadanos o una pandilla de "terroristas privilegiados"