DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER

La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, en la que están representados las autoridades de control estatal, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Murcia, de Valencia, de Aragón, de Canarias, de Navarra, de Islas Baleares, de Castilla-León y del Área Metropolitana de Barcelona, han firmado una declaración institucional en la que demandan a los poderes públicos un “apoyo explícito” a su labor desarrollada y un “compromiso decidido” en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia.

Esta declaración, rubricada por las autoridades de control en el marco de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber, ha tenido lugar en Cádiz, donde se está celebrando el III Congreso Internacional de Transparencia, foro que ha reunido a más de 300 expertos de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú, Portugal, Italia y Reino Unido.

Este documento reclama una reforma integral que ahonde, profundice y mejore las garantías que el derecho de acceso y la transparencia han supuesto hasta la fecha en España, tanto en el ámbito estatal, autonómico y local. Entre las reformas destacan consagrar el derecho de acceso como un derecho fundamental, la dotación de medios económicos y humanos suficientes, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora en el procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, la unión de los regímenes de acceso en la medida de lo posible y el desarrollo de una gestión documental y de archivos moderna, entre otras.

Los firmantes consideran necesario un “cambio en los ejes de la acción política” proporcionando mayor implicación a los ciudadanos, puesto que el actual Estado de Derecho reclama “claridad y la certeza de confiar en la gestión de los fondos públicos”, siendo una de las “piezas clave” de este nuevo gobierno los órganos de garantía independientes, a los que avalan más de 7.000 resoluciones dictadas hasta el momento.

Igualmente, la Red ha analizado la situación de estos órganos, que se enfrentan a “importantes obstáculos y retos”, siendo uno de los principales la “falta de recursos económicos, materiales y personales”. Pero también hay que añadir la debilidad de las administraciones y organismos públicos de menor tamaño y reducida estructura, y la persistencia en las estructuras y entidades públicas de algunos sectores, resistentes al cambio y que “lastran el impulso y el cambio de paradigma que supone la instalación de la transparencia en el proceso público”.

Por lo que respecta a la escasez de recursos, la Red pide a las administraciones que reasignen los recursos de los que disponen para asumir con eficacia sus obligaciones en este ámbito. De otro lado, la Red alerta de que tener órganos de control “débiles o infradotados” perjudica la calidad y efectividad de los derechos de la ciudadanía, por lo que es “necesario y urgente” que se garantice la viabilidad y eficacia de estas instituciones.

En este sentido, los firmantes quieren hacer partícipes a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, los que han sido pioneros en España en trasladar a los poderes públicos las demandas ciudadanas y han mostrado su firme convicción en la relevancia de la transparencia en la actuación pública y en el fortalecimiento de la democracia y la legitimidad de las instituciones.

Finalmente, los órganos han advertido del cambio de paradigma que está teniendo lugar en la gestión pública y en las formas de comprender el servicio público, así como en la relación entre la ciudadanía y las instituciones, un cambio que puede consolidarse y dar como resultado un marco socio-político e institucional basado en la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia, la moralidad y la ética pública.

Las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades que se han adherido a esta declaración son:

Declaración apoyada por las siguientes entidades de la sociedad civil:

1. Access Info Europe

2. Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)

3. Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)

4. Associació Ciutadania I Comunicació (ACICOM)

5. Asociación Española de Profesionales para de la Transparencia

6. Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)

7. Asociación Innovación y Derechos Humanos

8. Asociación de la Prensa de Madrid

9. Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)

10. Archiveros Españoles en la Función Pública

11. Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo (CIECODE)

12. Collegi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)

13. Confederación de Consumidores y Usuarios. (CECU)

14. Coordinadora de ONGD-España

15. Fundación Ciencias de la Documentación

16. Fundación Cultura de Paz

17. Fundación Global Nature

18. Fundación Hay Derecho

19. Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

20. Greenpeace España

21. Hispalinux

22. Manuel Sánchez de Diego

23. Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez

24. OpenKratio

25. Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

26. RSF España

27. Reporteros sin Fronteras Sección Española

28. Transparencia Internacional España

29. SEO/BirdLife

30. Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)

31. Xnet

32. Asociación de Archiveros de Andalucía

Día Internacional del Derecho a Saber.

Hoy, 28 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Derecho a Saber. Desde hace 16 años, esta jornada sirve para recordar que el derecho a acceder a la información de las administraciones públicas es esencial para facilitar la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En España, el Derecho a Saber fue reconocido en 2013, aunque no como un derecho fundamental, como siempre hemos reclamado.


La celebración del Día Internacional del Derecho a Saber es una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas en la que se reclama el derecho a acceder a la información de las administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas.
El Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre) es una buena ocasión para recordar que la cultura de la transparencia avanza si la ciudadanía ejerce su derecho. Todos podemos solicitar información a las administraciones públicas.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Autoridad independiente de control en la materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia de Andalucía  en la que se reconocen unos derechos, cuyo ejercicio es el medio mas efectivo para avanzar en la cultura de la transparencia. Algunos de estos derechos son:

• Derecho a la publicidad activa. Consiste en el derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, en cumplimiento de la Ley, de forma periódica y actualizada, la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, referida tanto a su funcionamiento interno como a su actuación pública.
• Derecho de acceso a la información pública. Consiste en el derecho de cualquier persona a acceder, en los términos previstos en la Ley, a los contenidos o documentos que obren en poder de cualesquiera de las personas y entidades incluidas en su ámbito de aplicación, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
• Derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el derecho de la persona solicitante a que las resoluciones que inadmitan o denieguen su solicitud de acceso a información, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona interesada sean siempre motivadas.
• Derecho al uso de la información obtenida. Consiste en el derecho a utilizar la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones que las que se deriven de esta u otras leyes.

Para más información será útil consultar:
- Consejo de TRansparencia y Datos de Andalucía
-  Transparencia internacional
- Civio

Día Internacional del Derecho a Saber

El 28 de septiembre celebramos el Día Internacional del Derecho a Saber, una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas en la que se reclama derecho a acceder a la información de las instituciones como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas. En España el Derecho a Saber fue reconocido en 2013, pero no como un derecho fundamental. Eso le resta prevalencia frente a otras normas y limita el acceso a la información de los ciudadanos.

El Día Internacional del Derecho a Saber sirve además para recordar que la mayoría de los avances en transparencia han sido fruto del trabajo de una ciudadanía exigente, y que hoy es más necesario que nunca que los ciudadanos se involucren más en el proceso. El derecho a saber comienza por el deber de preguntar. Por eso, la Fundación Civio, Access Info Europe y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España queremos animarte y ayudarte a ejercer tu derecho a solicitar información a las instituciones ese día.

Más información en http://blog.tuderechoasaber.es/?mc_cid=586d8857ab&mc_eid=5ee07557fc

Cierra Tu Derecho a Saber

Cierra Tu Derecho a Saber, la web que reducía los obstáculos para pedir información a las instituciones

Madrid, 10 de diciembre de 2015 – Las organizaciones pro-transparenciaAccess Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio han resuelto cerrar indefinidamente Tu Derecho a Saber, un proyecto insignia de la sociedad civil que gestionaban conjuntamente para impulsar la transparencia institucional en España. La restricción por parte de las administraciones del derecho a solicitar información, exigiendo a los ciudadanos identificarse mediante sistemas complejos -como el certificado digital o el DNI electrónico- y en decenas de portales con distintas diferentes características técnicas, ha motivado esta decisión. Desde enero de 2015, Tu Derecho a Saber estaba canalizando manualmente a través del Portal de Transparencia del Estado las solicitudes de ciudadanos que no contaban con estos sistemas de identificación o deseaban que sus preguntas y las respuestas fueran de conocimiento público.

"Tu Derecho a Saber ya no puede seguir cumpliendo su principal función, que era facilitar que toda persona pudiera enviar solicitudes de información a cualquier institución pública", explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. "Mientras cada vez más países aceptan un simple correo electrónico para recibir preguntas y responder a sus ciudadanos, en España tanto la Administración Central como las comunidades y los ayuntamientos están adoptando sus propios sistemas y rechazan responder por email. Paradójicamente, a medida que se adaptan a la ley, el camino para preguntar a las instituciones es más difícil".

Tu Derecho a Saber se lanzó en marzo de 2012 para ayudar a reducir las barreras entre la administración y la sociedad. Haciendo públicas tanto las preguntas como las respuestas, esta web aportaba total transparencia al proceso y permitía conocer qué administraciones empleaban el silencio administrativo y cuáles sí aportaban la información solicitada.

"Lamentamos que ninguna entidad de la Administración haya seguido el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial, el cual sí acepta solicitudes por correo electrónico en reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental", añade Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe.

Una larga lucha contra el silencio institucional

Tu Derecho a Saber nació al mismo tiempo que el primer borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia gracias al apoyo de 152 micro-financiadores. Desde entonces ha canalizado más de 1.800 preguntas a la administración y puesto unos 900 organismos y administraciones públicas al alcance de un solo click, siendo un instrumento clave (y durante la etapa anterior a la Ley de Transparencia, el único disponible) para promover el derecho de los ciudadanos a solicitar información y a recibirla.

Con la irrupción de la transparencia en la agenda política, Tu Derecho a Saber expuso cómo las administraciones no solo respondían a muy pocas solicitudes, sino que además las respuestas apenas proporcionaban la información solicitada. En 2012 las instituciones ignoraban el 54% de las solicitudes recibidas a través de esta plataforma. En 2013 Tu Derecho a Saber puso de relieve la opacidad de los entes locales, que dejaban sin respuesta el 81% de las solicitudes de información. A lo largo de 2014, durante el año de adaptación a la Ley de Transparencia, el silencio administrativo se redujo al 42%, una cifra que sigue siendo muy elevada.

Gracias a esta plataforma, los ciudadanos lograron conocer información como el número y el coste anual de los intérpretes de lenguas co-oficiales del Senado, el número de solicitantes de indultos, los importantes desvíos presupuestarios no tipificados del Ministerio de Defensa o el coste de la coronación de Felipe VI. En la otra cara de la moneda, el Tribunal de Cuentas denegó hacer públicos loscomplementos vitalicios de altos cargos públicos del Estado, la Comunidad de Madrid nunca respondió sobre el impacto ambiental, fiscal y normativo del proyecto del macro-casino EuroVegas, y el Congreso se negó sistemáticamente a publicar sus presupuestos detallados de2015 y 2013 hasta que no aprobó su propia normativa. Incluso el Ministerio de Presidencia, impulsor de la Ley de Transparencia, denegó cualquier tipo de respuesta sobre las aportaciones ciudadanas incorporadas al anteproyecto de esa ley.

Tu Derecho a Saber también ha sido un instrumento fundamental de incidencia desde la sociedad civil para enmendar importantes lagunas en la Ley de Transparencia. En 2013, más de 180.000 personas firmaron una petición de Tu Derecho a Saber para que el borrador de la ley, que entonces se debatía en el Congreso, incluyese a los partidos políticos, sus fundaciones, a los sindicatos, patronales y a la Casa Real dentro de las obligaciones de transparencia. La presión ciudadana fue clave para la inclusión de estas entidades como sujetos obligados de la ley, en contra de las preferencias manifestadas por el Gobierno y por el presidente del Tribunal de Cuentas.  

Objetivo: menos trabas al derecho de acceso en 2016

Pese al cierre indefinido de la web, Access Info Europe y la Fundación Civio reiteran su compromiso de seguir trabajando por la implantación de una transparencia real y eficaz en España. El blog de Tu Derecho a Saber seguirá funcionando como herramienta informativa, y ambas organizaciones continuarán empleando todos los canales de influencia posibles para lograr que las administraciones simplifiquen el proceso de pedir información y acepten el correo electrónico como un canal válido, equiparándonos en buenas prácticas a otros países de nuestro entorno.

La Coalición ProAcceso pide compromisos políticos a favor de la transparencia en el Día del Derecho a Saber

Madrid, 28 de septiembre de 2015 - Con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, la una carta abierta reclamando la adopción, de cara a las próximas elecciones generales, de un firme compromiso con el derecho de acceso a la información en España y la transparencia de lo público.

Coalición ProAcceso se ha dirigido hoy a las distintas fuerzas políticas españolas por medio de

En su carta, la Coalición ha subrayado las graves carencias que sufre la actual Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (LTAIBG) y ha reiterado - y pedido su adopción a través de reformas en la ley - los 10 principios que lleva defendiendo desde el año 2006 y cuyo fin es lograr poner la LTAIBG en línea con lo establecido por los estándares internacionales.

Entre algunos de los principios de mayor urgencia cabe destacar:

» El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; algo que pese a que no viene estipulado en la ley, sí ha sido reconocido en España por el Consejo General del Poder Judicial.

» La necesidad de aplicar el derecho de acceso a la información a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada; especialmente relevante dados los problemas detectados ante la aplicación del artículo 18 de la ley que excluye del alcance de la misma todo documento clasificable como “información de carácter auxiliar”.

» La necesidad de un sistema de registro de solicitudes rápido y sencillo; también a colación de las dificultades que han surgido repetidamente a la hora de presentar solicitudes de acceso a la información a través del portal de transparencia.

Los 10 principios de la Coalición ProAcceso pueden leerse al completo aquí.

En este sentido, viendo en las próximas elecciones un escenario propicio para que las principales fuerzas políticas incorporen en su agenda la transparencia y el derecho de acceso a la información como áreas de reforma prioritaria, la Coalición ha llamado a “velar por que se consolide el derecho a la información en España y a garantizar, tanto en materia legal como en la práctica, unas instituciones transparentes y abiertas para una ciudadanía informada.”

La carta abierta de la Coalición ProAcceso está disponible aquí.

Expertos internacionales alertan sobre las amenazas que acechan a la libertad de información en España

La primera ley de transparencia española entró en vigor en medio de la crítica generalizada por no respetar los estándares internacionales

Madrid, 12 de diciembre de 2014 – La sociedad civil española debería alzar su voz ante las distintas amenazas que acechan a la libertad de información en el país, según afirma el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) tras la misión internacional que se llevó a cabo en Madrid y Barcelona del 1 al 4 de diciembre.

Las organizaciones que participaron en el proyecto observaron cómo la ausencia de una monitorización continua de las violaciones contra la libertad de prensa ha entorpecido el libre flujo de información en el país. Un bien necesario para fortalecer la democracia en España 40 años después de su nacimiento.

Liderada por el IPI, es la primera visita internacional de esta índole en España y contó con la participación de laFederación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés), Reporteros sin Fronteras (RSF, por sus siglas en francés), El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Open Society Foundations (OSF) y Access Info Europe (AIE). La misión nació con el objetivo de calibrar el estado de la libertad de prensa, de expresión y el derecho al acceso de la información en un país gravemente afectado por la crisis financiera y los escándalos de corrupción.

En medio de tal incertidumbre política y económica, la delegación internacional observó un alarmante crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos respecto a los medios de titularidad pública en España, ampliamente percibidos como un instrumento al servicio de los poderes políticos.

Alguno de los interlocutores con los que la delegación se reunió, los Consejos de Informativos de Radio Televisión Española, advirtieron de la necesidad de establecer unos criterios profesionales a la hora de asignar puestos directivos en lugar de priorizar las afiliaciones políticas y, de esta manera, minimizar la influencia del gobierno sobre el contenido que se emite. De hecho, los miembros de los Consejos de Informativos mostraron algunos ejemplos de injerencia política que la delegación al completo consideró como un acto directo de censura.

Tan sólo 24h antes, algunos miembros de la misión internacional habían mantenido una decepcionante reunión con los representantes de la dirección de la Corporación de RTVE. A pesar de acoger a la delegación en sus oficinas, les advirtieron que no estaban dispuestos, o preparados, para tratar ningún aspecto sobre la libertad de prensa. Los mismos, aseguraron que no habían sido avisados de que la reunión incluiría preguntas sobre la libertad de información (a pesar de que la carta oficial que se les envió con anterioridad recogía claramente este punto) y que no podían “improvisar” las respuestas. Los representantes de RTVE no manifestaron en ningún momento qué temas querían tratar en su lugar.

La delegación agradeció la oportunidad de reunirse con la Secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, quién se mostró abierta a revisar la documentación donde se detallan algunas recomendaciones para promover la creación de un organismo regulador independiente del audiovisual, la implementación de la recién aprobada ley de transparencia y acceso a la información pública, la descriminalización de la leyes que regulan la injuria y la calumnia, y la falta de transparencia en la distribución de la publicidad institucional en los medios de comunicación, entre otras muchas cuestiones que la delegación pudo exponerle.

"Estamos muy satisfechos por la predisposición del gobierno central a recoger nuestras sugerencias que buscan mejorar las garantías de la libertad de prensa en España" destacó la subdirectora del Instituto Internacional de la Prensa, Barbara Trionfi. Además, aseguró que haría llegar al gobierno "los documentos que incluyen los estándares internacionales y las mejores prácticas en aspectos claves como la gestión independiente de los medios de comunicación de titularidad pública, la regulación del audiovisual y la descriminalización de la injuria y la calumnia, con el objetivo de que las autoridades contemplen su implementación".

A pesar de todo, la representante del IPI advirtió de que "una sociedad civil que sea capaz de documentar las violaciones contra la libertad de prensa y sensibilizar a la población en relación a estos casos es la clave para una defensa de los derechos de los periodistas a informar con independencia en España. Por su lado, el gobierno debe estar dispuesto a recoger las aportaciones facilitadas por importantes sectores de la sociedad civil y otros actores como elemento esencial en el proceso legislativo". En este sentido, la subdirectora del Instituto Internacional de la Prensa dio la bienvenida a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) en su presentación. Unanueva coalición que reúne a abogados, fiscales, representantes de algunos medios de comunicación, académicos y defensores de los consumidores.

Durante su visita, la delegación internacional también observó un escepticismo generalizado sobre la nueva Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que entró parcialmente en vigor ayer, 10 de diciembre. Diversas organizaciones civiles y representantes de los medios de comunicación recriminan al gobierno que dicha ley esté lejos de los estándares europeos e internacionales.

La Secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, salió en defensa de la misma y aseguró que es la primera vez en España que una legislación recoge el acceso a la información pública y que el texto incorpora buena parte de las enmiendas de los partidos en el Parlamento: "Tenemos la firme voluntad de que [esta ley] funcione, de ponerla en práctica y ver en qué podemos mejorarla. Esta ley cambiará la cultura del gobierno y de la sociedad [española]".

Por otro lado, Martínez Castro negó que exista una tendencia entre los dirigentes del gobierno, entre ellos, el propio presidente, Mariano Rajoy, a convocar ruedas de prensa sin preguntas. Sin embargo, prácticamente todos los medios de comunicación con los que se reunió la delegación internacional aseguraron que dicha tendencia existe y sirve como indicativo de la falta de transparencia del actual gobierno de España.

En su visita, los miembros de las principales organizaciones internacionales en defensa de la libertad de prensa observaron cómo existe la percepción generalizada de que la crisis económica que afecta a los medios de comunicación y la precariedad de las condiciones laborales representan la mayor amenaza al derecho a la libertad de información en el país.

"Mientras que los medios de comunicación tradicionales mantienen su hegemonía en el mercado al tiempo que llevan a cabo su transformación digital, la actual crisis económica y, en ocasiones, su falta de credibilidad han propiciado la proliferación de nuevas formas de hacer periodismo que han encontrado un caldo de cultivo en amplios sectores de la sociedad. Esto es una prueba de que el periodismo en España se está reinventando con el objetivo de cumplir con su papel en una sociedad democrática" concluyó Barbara Trionfi.

En las próximas semanas se publicará un informe detallado con las conclusiones a las que ha llegado la delegación internacional en su visita a España. De hecho, esta misión nació poco después de que nueve organismos civiles internacionales, entre los cuales se encuentra el IPI, enviaran una carta al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresando su preocupación sobre la situación de la libertad de expresión en España.

Para más información, contactar con:

Helen Darbishire | Access Info Europe
helen@access-info.org +34 607 685 319

Victoria Anderica | Access Info Europe
victoria@access-info.org +34 913 656 558

(Tomado de https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es&shva=1#inbox/14a3ecd83c390811)

El gobierno informa

En el mes de marzo, a través de la plataforma tuderechoasaber.es envié al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la siguiente pregunta:

Estimado Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,

El Comité de Expertos elegido por el Ministro de Hacienda ha elaborado por su encargo y ha entregado el informe solicitado para la reforma fiscal.
Desearía saber cuánto han cobrado cada uno de los componentes de ese Comité por su trabajo.

Un saludo,

Al cabo de un mes, el pasado 15 de abril, recibí la contestación:

En relación con la información solicitada, le comunico que el Acuerdo por el que se constituye una Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español, aprobado en el Consejo de Ministros de fecha 5 de julio de 2013, dispone en su apartado quinto que el funcionamiento de la citada Comisión no supondrá incremento del gasto público y, por tanto, no contempla retribución alguna para sus miembros.

Secretaría Vocales Asesores,

Gabinete del Ministro de Hacienda y

Administraciones Públicas.

Habrá que creérselo pero ... no resulta un poco extraño que ese informe de los expertos no haya generado ningún gasto.

La UE hace un llamamiento a España para que fortalezca su Ley de Transparencia

Madrid, Martes 4 de febrero de 2014 – Access Info Europe da hoy la bienvenida al primer informe sobre la corrupción en Españadesarrollado por la Unión Europea. Este informe recomienda implementar medidas para fortalecer la Ley de Transparencia española adoptada en diciembre de 2013, y alinearla así con las medidas por las que la sociedad civil ha estado haciendo campaña.

Access Info Europe insta hoy al gobierno español a que reaccione inmediatamente a dichas recomendaciones que incluyen, entre otras, garantizar la independencia del futuro organismo de revisión, aplicar sanciones a los incumplimientos, y reducir el rango de excepciones al principio de acceso a la información.

El informe de la UE también destaca la profunda cultura de corrupción en España, señalando que el 65 % de la población cree estar directamente afectada por la corrupción, la cifra más alta de Europa, muy por encima del 25 % de media.

“Un régimen de acceso a la información sólido es esencial para luchar contra la corrupción. Con este informe se vuelve a poner de relieve que España está seriamente retrasada en sistemas de transparencia y lamentablemente seguirá de esta manera mientras no se tomen medidas urgentes para fortalecer el marco legal de acceso a la información”, comentó Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe.

Access Info Europe lamenta que la UE no haya hecho también un llamamiento a España instando a reconocer el derecho fundamental de acceso a la información, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con el artículo 42 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea y el artículo 15 del Tratado de Unión Europea, que también reconocen la fundamentalidad de este derecho.

Necesidad de una regulación del lobby

El informe de la UE también apunta al periodo de dos años establecido para que la ley entre en vigor en todos los niveles administrativos. Access Info Europe ha mostrado su preocupación al respecto, ya que pese a que existe una inminente necesidad de abordar la corrupción y el secretismo, la ley no entrará en vigor a nivel nacional hasta el 10 de diciembre de 2014, y diciembre de 2015 a nivel regional y local.

El informe anticorrupción de la UE subraya también otras áreas en las que España tendrá que afrontar el reto de mejorar su integridad pública y transparencia: las actividades de los lobbies, la financiación de partidos políticos y las contratas públicas. Access Info Europe lanzó en enero de 2014 una campaña para la regulación de los lobbies en España, actualmente desregulados, en la que se pide la aprobación de normas específicas que fortalezcan la transparencia en torno al ejercicio de los lobistas.

Para más información, por favor contacte con:

Vicky Anderica | Access Info Europe
victoria@access-info.org +34 913 65 65 58

Las cuentas del Congreso, al detalle

La información pública debería ser accesible para todos, no para unos pocos. A menudo, esos datos que se niegan a los ciudadanos acaban en manos de la prensa, en un claro ejemplo de cómo las administraciones no tratan a todos los ciudadanos por igual. El anteproyecto de presupuesto del Congreso de los Diputados para 2013 (que también incluye la ejecución del gasto de 2011 y las cuentas de 2012) es un caso paradigmático de esta mala praxis. En noviembre de 2012, David Cabo (director de la Fundación Civio) reclamó a la institución esas cuentas a través de Tu Derecho a Saber. Después de insistir en repetidas ocasiones, le han negado la información.

En paralelo, el desglose de gasto de la cámara sólo se ha hecho público a través de dos filtraciones a la prensa: la primera, en octubre de 2012, en eldiario.es, que desveló el coste de viajes, multas para coches oficiales y taxis, entre otras partidas. Para acompañar la información, el periódico digital publicó cuatro páginas de las 87 que contiene el documento oficial.

La segunda filtración llegó esta misma semana. La redacción de ‘El Objetivo’ de Ana Pastor (La Sexta), en el que Civio colabora, consiguió el documento completo. En el programa, que se emitió el pasado domingo, David Cabo quiso plasmar la opacidad de la cámara española comparándola con otros parlamentos como el brasileño. Y recalcó la necesidad de que esta información sea pública y accesible -en la página web del Congreso- para todos los ciudadanos.

Mientras seguimos esperando esa respuesta oficial que no llega y aunque hubiéramos preferido que fuera el Congreso quien lo hiciera en su página web, publicamos las cuentas desglosadas del Congreso de los Diputados. Porque es información que debería ser pública. Porque tenemos derecho a saber cómo se gasta nuestro dinero.

   Anteproyecto del Presupuesto 2013 del Congreso by tuderechoasaber

Tu derecho a saber

Es un experimento y, como tal, sirve para comprobar algo. La web tuderechoasaber.es, que existe gracias a 6.000 euros recogidos en crowdfunding, lleva desde marzo de 2012 canalizando cientos de preguntas de ciudadanos dirigidas a la administración: una herramienta para ver cómo de ágil es la administración española a la hora de contestar preguntas de los contribuyentes. Algo que, sin Ley de Transparencia, el Estado no tiene la obligación de hacer. Y esta es la radiografía parcial de lo que recibe un ciudadano cuando pregunta a sus instituciones.

Silencio, silencio.

El silencio administrativo fue la única respuesta para 306 de las 567 peticiones que tuderechoasaber.es ha validado como dignas de ser contestadas. Supone un 54% de silencio, solo silencio. En los ayuntamientos el problema se agrava y "el porcentaje de no-respuestas asciende al 70%", según el informe que ha publicado por la web que gestionan Access Info y Civio.

Hasta en materia relacionada con medio ambiente, sobre la que hay una ley específica de acceso a la información pública, el porcentaje del silencio oficial supera el 58%.

¿Y el siencio no es acaso una larga espera? No, la administración no entiende de metáforas poéticas: cuando el Estado no responde a una solicitud en tres meses, se entiende oficialmente que su respuesta es un no.

Más información en http://www.eldiario.es/sociedad/funciona-Espana-transparencia-tuderechoasaber_0_119688679.html

Día Internacional del Derecho a Saber

Access Info Europe y la Coalición Pro Acceso organizan un coloquio para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber, 28 de septiembre, con la presencia de cuatro representantes de partidos políticos que presentarán  y debatirán sobre las propuestas de transparencia para la próxima legislatura.

Los dos partidos políticos mayoritarios, el PSOE y el PP han redactado propuestas de leyes de transparencia y acceso a la información. Sin embargo ninguna de las propuestas cumple con los 10 principios creados por la plataforma de la sociedad civil, la Coalición Pro Acceso.

Quedando solo dos meses para las elecciones, Access Info y otros miembros de la Coalición Pro Acceso piden a todos los partidos políticos que se comprometan a adoptar una ley de acceso a la información en el caso de que ganen las elecciones. Dicha ley fue prometida por primera vez a la sociedad Española en el programa electoral del PSOE de 2004; sin embargo, 7 años más tarde, España sigue siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin esta ley.

 “Ambos partidos prometen más transparencia pero de momento sus propuestas de ley siguen siendo insuficientes para conseguir la transparencia necesaria” comenta Victoria Anderica. “El reconocimiento del principio de publicidad de toda la información pública debe ser explícito y la creación de un órgano independiente garante del derecho de acceso a la información es esencial para una buena implementación del derecho y ambas propuestas de ley deberían reflejarlo.”

La Coalición Pro Acceso pide a todos los partidos políticos que apoyen los 10 principios y los incluyan en sus propuestas. Para ver los principios pincha aquí.

Ley de transparencia y del derecho a saber

Access Info lanza una consulta pública sobre el anteproyecto de ley de transparencia filtrado
Madrid, 22 de septiembre 2010 –
Access Info Europe lanza hoy una consulta pública sobre el anteproyecto de ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública, después de recibir una copia filtrada del borrador que la organización pro-transparencia ha publicado en su sitio web.
Desde que a mediados de Agosto apareció en la prensa la noticia de que el anteproyecto de ley había sido finalizado, Access Info junto a otras 40 ONG miembros de la Coalición Pro-Acceso han reclamado su publicación para una consulta pública sobre la ley. Hoy por hoy aún no se ha recibido respuesta a la carta enviada al Gobierno el 20 de Agosto requiriendo una copia del borrador y reclamando una consulta pública sobre el anteproyecto.
Habiendo recibido una copia filtrada del borrador el 21 de Septiembre de 2010, Access Info ha lanzado una consulta pública. Las respuestas a ésta serán enviadas al Gobierno.
Se invita a la ciudadanía a aportar sus opiniones sobre el borrador, sobre todo en aquellas áreas donde el anteproyecto de ley no cumple con los estándares europeos, como por ejemplo:
· La definición de información excluye gran cantidad de información.
· El limitado alcance – sólo la administración y ni el poder legislativo ni el judicial.
· Plazos muy largos - 30 días inicialmente para responder a una solicitud, tiempo adicional para proporcionar la información y además la posibilidad de extender el plazo otros 30 días.
La consulta pública estará abierta hasta el 20 de Octubre y todas las respuestas serán enviadas al Gobierno.
La ley y la consulta se encuentran en www.access-info.org/es