Así opera la reforma laboral

Los ERE de extinción se incrementaron un 76% en enero

Afectaron a 5.469 trabajadores, casi el doble que los 2.865 que se quedaron sin empleo por esta vía hace un año

• 23 de marzo de 2012

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción (despidos colectivos) repuntaron un 76,3% en enero de este año y afectaron a 5.469 trabajadores, prácticamente el doble que los 2.865 que se quedaron sin empleo por esta vía en enero de 2010, según datos del Ministerio de Empleo.

El número de ERE de extinción en enero alcanzó los 418 expedientes, un 20% de los 2.067 procesos autorizados llevados a cabo en ese mes. Esta proporción se situó en el 15,2% en enero de 2010. Los ERE de suspensión temporal de empleo alcanzaron los 1.036, un 29% más, mientras que el número de afectados por estos expedientes aumentó un 56,6%, hasta los 16.008 trabajadores. Además, un total de 5.711 personas se vieron afectadas por un ERE de reducción de jornada, una cifra tan solo un 0,6% superior a la registrada en el mismo mes del año anterior (5.674 trabajadores). El número de expedientes de reducción de jornada aumentó un 19,4%, hasta los 613 procesos.

En conjunto, el número de trabajadores afectados por ERE aprobados por las autoridades laborales aumentó un 44,9% en el primer mes del año, en tanto que los expedientes autorizados se elevaron un 33% con respecto al mismo mes de 2010. En concreto, un total de 27.188 trabajadores se vieron afectados por un ERE en enero, frente a los 18.761 del mismo periodo del ejercicio precedente, lo que en términos relativos implica un ascenso de casi el 44,9%.

Los ERE autorizados se elevaron a 2.067 expedientes desde los 1.553 registrados en enero de 2010. Del total de expedientes autorizados, 1.965 se pactaron con los representantes de los trabajadores y 102 no se pactaron, lo que afectó, respectivamente, a 25.424 y 1.764 trabajadores. Del total de expedientes autorizados, 970 se encuadran en el sector servicios, con un ascenso del 47,4% respecto al mismo periodo de 2010, mientras que 680 lo hacen en la industria (+27,5%). Por su parte, 336 expedientes pertenecieron a la construcción (+25,3%) y 81 a la agricultura (-13,8%).

El exc onsejero Fernández recurre para que no se investigue a su familia

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en la causa por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, ha recurrido la decisión de la juez de investigar el patrimonio de sus hijos, hermanos y esposas, en total una docena de personas que se verán "denigradas y estigmatizadas".

En un recurso, el abogado de Fernández asume como "inevitable" la investigación patrimonial sobre el ex consejero, pero añade que indagar en los bienes de su familia es una medida "a todas luces inmotivada, desproporcionada, innecesaria e inútil".

Se trata de una docena de personas, entre ellos los dos hijos y cuatro hermanos del ex consejero, que verán "gravemente perturbada" su "pacífica convivencia y tranquilidad personal y familiar", en una investigación "abiertamente lesiva de su derecho a la intimidad y a la privacidad".

La juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, ha pedido a la Policía investigar el patrimonio del ex consejero de Empleo, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el sindicalista Juan Lanzas, "conseguidor" en los ERE, en una investigación extensiva a sus esposas, padres e hijos, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges.

Los destinatarios de la investigación son "sujetos plenos de derechos y obligaciones, con su vida propia enteramente independiente de la del señor Fernández y sus circunstancias", sostiene el recurso.

Ser investigado en su patrimonio "supone padecer acceso a la propia privacidad e intimidad personal", dice el recurso, que apela al convenio europeos para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas.

El recurso presentado por el abogado Alfonso Martínez del Hoyo destaca que esa investigación sume a Fernández "en completa indefensión", pues "ni siquiera ha sido oído ni policial ni judicialmente, por lo cual no ha tenido ocasión de brindar su propia versión de lo acontecido y ofrecer los elementos exculpatorios a su alcance".

Fernández considera que la investigación patrimonial de su familia es una decisión "profundamente injusta", mientras que en su caso personal "lo asume con total tranquilidad, desde la seguridad de que de tal investigación solo resultará la absoluta ausencia de cualquier situación o indicio" de irregularidades, dice su defensa.

Publicado por El Mundo