jueves, 28 de marzo de 2013

Siempre Cádiz a la cabeza de lo peor


Cádiz pulveriza sus cifras en despidos y desahucios

El Poder Judicial dibuja en sus datos de 2012 un panorama desolador de la provincia Los juzgados tramitan el triple de ejecuciones, concursos o eres que hace cinco años y supera los insólitos números del anterior ejercicio
P. INGELMO CÁDIZ | ACTUALIZADO 28.03.2013 - 01:00

El informe estadístico realizado por el Consejo general del Poder Judicial sobre el impacto de la crisis en los órganos judiciales, que se ha dado a conocer esta semana, muestra una provincia de Cádiz devastada por despidos, lanzamientos, ejecuciones hipotecarias y concursos de acreedores. Con los mismos medios, los juzgados de la provincia han tenido que afrontar hasta el triple de trabajo en 2012 del que realizaban antes de que el petardazo de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, pegara el banderazo de salida a un cataclismo financiero que deja víctimas colaterales en cualquier esquina. Detrás de esa acumulación de trabajo, en la esquina que son los juzgados de la provincia con un mayor porcentaje de paro, existe una sociedad que se desmadeja. Este informe es una más de la galería de fotografías del destrozo. 

Las cifras se relacionan unas con otras. El guarismo que funciona como primera pieza del dominó, que hace caer a todas las demás en el informe del Poder Judicial, se encuentra en el apartado 'despidos'. Los juzgados de lo social de la provincia registraron durante el pasado año un total de 3.228 demandas que incluyen cambios en las condiciones de trabajo, traslados individuales, pero, sobre todo, despidos puros y duros o, para ser más exactos, extinciones de contrato por causas objetivas. Jamás en las series estadísticas del Poder Judicial se había alcanzado una cantidad similar. Esta cifra ha ido creciendo según se iba desarrollando la crisis hasta alcanzar en el último trimestre del pasado año otra cifra que se coloca en el segundo lugar de la serie: 919 demandas. Sólo en el primer trimestre de 2009 hubo un número mayor, con 1.031, pero 2009 no finalizó con los números finales de 2012. Por los juzgados de lo social desfilaron aquel año, un pésimo año, 2.571 expedientes correspondientes a extinciones laborales. Antes de los despidos a mansalva, antes de que todo se viniera abajo, en 2007, en los juzgados de Cádiz se tramitaron 1.372 expedientes. Por tanto, una diferencia en un periodo de cinco años de casi 2.000 casos más. Muy pocas provincias mantienen esa proporción. 

La prueba de cómo una economía débil es la primera que recibe el golpe de la crisis se encuentra en que el peor dato porcentual en este aspecto se produjo en el primer año del descalabro, entre 2007 y 2008, cuando el incremento del número de despidos en la provincia fue del 62% cuando en el resto del país la media se movía por debajo del 50%. 

Detrás del drama de los despidos, y directamente relacionado, se encuentra otro drama del que no se habla mucho. Es el drama de los empresarios, los pequeños empresarios, que ven cómo sus negocios se van a pique. En la estadística del Poder Judicial esto se puede observar, principalmente, en el apartado de concursos. La serie estadística arroja un crecimiento aún mayor que en el número de despidos, pasando de las 18 suspensiones de pagos (así se llamaba anteriormente) a las 170 empresas a las que la asfixia les ha llevado a los juzgados para que se acepte que no pueden pagar sus deudas. Es nada menos que un crecimiento de un 844%, el infinito. Ninguna provincia tiene un desmoronamiento parecido, aunque los datos son igualmente escalofriantes. Se ha pasado de 1.589 en 2007 a más de 10.000 en 2012. 

En un tejido empresarial tan endeble en la provincia, con una amplia mayoría de empresas con menos de 50 trabajadores, han sido un total de 624 empresas las que han presentado concurso de acreedores en la provincia en lo que llevamos de esta larga crisis. Al igual que en los despidos, se ve que el primer golpe llegó al principio de la crisis, cuando aumentaron los concursos en un 266%, cuando la media nacional era de un 202%. 

Sin embargo, ha bajado el número de expedientes, lo que tiene lecturas muy diferentes, sobre reclamaciones de deudas. Aquí se incluye, igualmente, responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias. Todo esto que sucede en el ámbito laboral ha visto decrecer su presencia en los juzgados de la provincia -de 4.350 en 2008 a 3.265 en 2012- por la sencilla razón de que se ha reducido la actividad laboral y porque la precariedad laboral reduce las denuncias. 

Y el otro gran elemento, que tiene una consecuencia directa de todo lo demás, también arroja números espeluznantes. Las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos -donde se incluirían desahucios de alquileres-. La provincia siempre ha tenido un número elevado de ejecuciones hipotecarias. Así, ya en 2007 estaban por encima de la media con las 600 ejecuciones hipotecarias al año. En 2012 esa cifra se disparó hasta superar las dos mil ejecuciones (2.093). En toda la secuencia, entre 2007 y 2012, los juzgados de primera instancia han tramitado un total de 10.394 ejecuciones, entendiéndose como tales aquellos procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor. No todos acaban en desahucios, pero sí son un índice de hasta qué punto se ha ido incrementando la morosidad con las entidades bancarias. La provincia, por ejemplo, se ha movido en los índices de diferencial entre 2001 y 2012 por debajo de la media nacional, que se incrementó en un 17%, cuando en Cádiz 'sólo' lo hizo en un 6%. Pero esto es debido a que el pasado año no fue el peor para este tipo de reclamaciones bancarias en la provincia. Cuando el término no era tan popular, entre 2007 y 2009, las ejecuciones pasaron de 668 a 2.180. En cuanto a los lanzamientos positivos, es decir, aquellos en los que se cumple la orden del juzgado por la cual un inmueble de cualquier naturaleza regresa al propietario, en 2012 se produjeron 335, algo menos que en 2011 y, naturalmente, mucho más que en 2008, cuando se contabilizaron 170. 

Estos macrodatos tienen una repercusión directa en el servicio que la justicia presta al ciudadano. Nuria Orellana, juez decano de Cádiz y única titular del juzgado de lo mercantil de la provincia, conoce los datos proporcionados por el Poder Judicial, que son números, aunque lo que pasa ante sus manos -todos esos concursos de acreedores- son historias con rostro. "No podemos ser ajenos a los dramas que estamos viviendo, por lo que intentamos sacar el máximo rendimiento a los pocos medios con los que contamos para dar la mayor celeridad a los trámites porque sabemos que a efectos personales es importante". 

¿Lo pueden hacer? Con muchas dificultades. Que una provincia como la de Cádiz cuente con un solo juzgado de lo mercantil, cuando tramita, por poner un ejemplo, quince veces más casos al año que Ávila, que tiene la misma dotación, habla mucho de los desequilibrios territoriales a la hora de ofrecer eficacia de la administración de justicia. "Los concursos tienen muchas fases, son procedimientos largos y suelen tener incidentes posteriores. Ante la acumulación de trabajo, es inevitable el retraso". 

La memoria del Poder Judicial ha dado la razón a las reclamaciones que se hacen desde Cádiz y se asume que la provincia debería contar no con dos, sino hasta con tres juzgados de lo mercantil. Pero ni van a estar "ni se les espera. Hemos conseguido algún refuerzo, pero absolutamente insuficiente". Los recortes presupuestarios hacen imposible una dotación necesaria ante una acumulación provocada por la misma causa que genera esos recortes. 

Los juzgados de lo social y los de primera instancia se encuentran en parecida situación, según la juez decano, con una sobrecarga de trabajo derivada de la crisis que demora la resolución de los conflictos. "En provincias como Cádiz la crisis se puede visualizar especialmente en los datos de los juzgados. Pero llevamos tanto tiempo demandando más medios que ya nos hemos acostumbrado a trabajar en estas condiciones".siem

martes, 12 de marzo de 2013

El PP de Chiclana exige dinero a un empresario


Un empresario pide perdón por dar dinero al PP a cambio de soluciones para su empresa
Desvela en una rueda de prensa que tras darle al PP pagarés por casi 50.000 euros en la campaña municipal de 2007, volvió a ser "llamado por las mismas personas" al acercarse la campaña de 2011
El empresario chiclanero Joaquín Garat ha pedido este martes “disculpas a la sociedad” tras haberse visto “obligado a atender a los requerimientos económicos” del PP de Chiclana de la Frontera (Cádiz) en dos ocasiones, “supuestamente para financiar su campaña electoral”, reconociendo que esperaba recibir a cambio soluciones para su empresa ‘Jacaranda del Sur’, actualmente en concurso voluntario de acreedores.
Los hechos se remontan a 2007
En rueda de prensa, el empresario ha explicado que los hechos se remontan al año 2007, si bien ha decidido hacerlo público ahora debido a la “preocupación” que le ha generado toda la información relacionada con el caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP. Así, debido a su avanzada edad -supera los 80 años- dice quedarse “mucho más tranquilo” si colabora “con lo que la ciudadanía demanda y la democracia se merece: juego limpio y no corruptelas de personajes políticos que sacan pecho en nombre de la higiene democrática y la honestidad, pero que no la practican”.
Se vio “obligado a entregarlo al PP de Chiclana”
Indica que por ese motivo presentó por registro de entrada del Ayuntamiento el pasado 26 de febrero un escrito dirigido al alcalde, Ernesto Marín (en la imagen), para que “reconociese públicamente” las circunstancias sobre el dinero que, según insiste, se vio “obligado a entregar al PP de Chiclana en dos ocasiones, y a petición del señor Marín y su compañera de partido María Luisa Guerra”.
Participación “en esta finaciación del PP”
En vistas de que no ha habido “reconocimiento público alguno”, ha comparecido en rueda de prensa para “pedir disculpas a toda la sociedad” por su participación “en esta financiación del PP”, o en su defecto, de las personas a las que entregó, según indica, “los pagarés y efectivos”, si bien no pudo abonarle “todo lo comprometido” debido a la “precaria situación económica” de su empresa.
Para financiar la campaña
Asegura que las “conversaciones” con el PP tuvieron lugar antes de la campaña electoral de 2007, cuando supuestamente le reclamaron dinero para financiarla. Finalmente, habría emitido “cuatro pagarés al portador” el 6 de junio de 2007, siendo “cobrados en efectivo dos”, uno con vencimiento el 9 de septiembre de 2007 por importe de 12.100 euros y otro el 19 de diciembre de ese mismo año por importe de 11.500 euros. Los dos restantes, con vencimiento el 21 de marzo y el 28 de junio de 2008 por valor de 23.900 euros, “no fueron cobrados, pues no pude abonarlos por falta de tesorería”.
Desconoce el destino final de las cantidades
Garat dice desconocer el destino que finalmente se dio a las cantidades que afirma que fueron cobradas entonces. Añade que volvió a ser “llamado por las mismas personas” al acercarse la campaña de las municipales de 2011, aunque en esa ocasión ni entregó cantidad alguna ni firmó pagarés, pues la situación económica en la que se encontraba se “lo hacía absolutamente imposible”.
“Obligado” a pagar
Por un lado, recalca que se vio “obligado” a realizar los referidos pagos y, por otro, reconoce que esperaba recibir “ayuda” en relación con los problemas que atravesaba su empresa. De hecho, ha manifestado que mantuvo conversaciones con las personas referidas “en su condición de munícipes” para abordar, principalmente, la cuestión de “la concesión municipal del campo de prácticas de Practee Golf y de problemas de riego en el campo de golf La Loma de Sacnti Petri”, que eran propiedad de su empresa y, debido a su situación financiera, lo son ahora de una entidad bancaria. Asegura el empresario octogenario que se encuentra “arrepentido” por ello.
Llamado por la Fiscalía
Cabe señalar que este asunto fue llevado el pasado agosto a la Fiscalía por parte del PSOE, resultando el caso archivado. Al respecto, Garat afirma que “calló” ante la Fiscalía algunas de las cosas que ahora cuenta porque tenía “miedo a represalias del partido –por el PP-”. Finalmente, ha aseverado que lo dicho “es una verdad” y llegará a “demostrarlo donde haya que demostrarlo”.
Denuncia anterior
En la denuncia realizada por el PSOE de Chiclana se ponía en conocimiento de la Fiscalía Provincial una presunta financiación ilegal en junio de 2007, coincidiendo con las elecciones municipales. Entregaron como pruebas «una copia de la chequera del titular de la cuenta (Joaquín Garat) con presuntas anotaciones del vencimiento y cantidades, así como pagarés que se entrega a una concejala del PP, todo ello firmado por dicho empresario local», según dieron a conocer el 19 de enero.
Reacciones en el PP 
El Partido Popular de Chiclana ha anunciado que ha planteado una denuncia por un posible delito de amenazas contra el empresario Joaquín Garat, quien presentó el pasado 26 de febrero un escrito en el registro de entrada del Consistorio chiclanero “amenazando” al alcalde, el ‘popular’ Ernesto Marín, con “manifestar públicamente que le entregó dinero, a través de pagarés, para sufragar campañas electorales si en el plazo de una semana no lo reconocía” el regidor.
Denuncia por amenazas
En un comunicado, el PP ha argumentado que, ante la “gravedad” de ese extremo, el mismo 26 de febrero se redactó una denuncia contra el empresario por un posible delito de amenazas, la cual se presentó en el Juzgado de Instrucción de Chiclana al día siguiente. Agrega el PP que los hechos relatados este martes en rueda de prensa por Garat “ya fueron denunciados ante la Fiscalía el pasado mes de agosto por el PSOE de Chiclana” en lo que consideran una “campaña orquestada”, decretando la Fiscalía el archivo de las actuaciones.
Los socialistas piden explicaciones al PP provincial
Por su parte la secretaria de Organización del PSOE gaditano, Isabel Armario, también ha entrado en la fuerte polémica abierta y ha exigido a los responsables provinciales del Partido Popular de Cádiz sobre las revelaciones contenidas en esta “grave denuncia de financiación ilegal”. Según la dirigente socialista el Partido Popular deberá explicar “si es verdad que Joaquín Garat volvió a ser llamado por las mismas personas, como ha declarado, al acercarse la campaña de las municipales de 2011, lo que implicaría que esas prácticas del PP eran habituales no sólo a nivel nacional sino que también lo eran a nivel local”.
Texto de la carta
En la carta enviada por Garat al alcalde de Chiclana y que ha conocido ELPLURAL.COM éste manifiesta que ante lo que se publica en la prensa en los últimos días sobre Bárcenas y la trama Gurtel, “como empresario me siento comprometido con mi país y no queriendo ser partícipe de semejante fraude a la democracia española, le insto, por el buen nombre de nuestro país, de Chiclana, del PP y nosotros mismos, que haga manifestación pública de reconocimiento, con la gallardía que le corresponde, de las cantidades económicas que me pidió y que le entregué en las dos últimas campañas electorales y le sirvieron para ocupar la alcaldía de nuestra ciudad”.
“Espero que sea consciente de la gravedad de los hechos que hemos incurrido usted como político y yo como empresario, que me vi en la obligación de atender a sus requerimientos”.
La carta finaliza afirmando que “si en el plazo de una semana no lo manifiesta, me creeré con el derecho de hacerlo yo por la transparencia que en estos momentos precisa la vida pública de nuestra Chiclana y España y tendrán copia el resto de grupos municipales”.

Concentración en Loreto. Cádiz


DESPUÉS DE TRES (3) AÑOS DE TERMINADA LA OBRA Y DE UN GASTO DE DIEZ (10) MILLONES DE EUROS DE FONDOS PÚBLICOS MUNICIPALES GADITANOS, EL CENTRO INTEGRAL DEL MAYOR PUNTALES-LORETO, SIGUE CERRADO A CAL Y CANTO A LOS MAS NECESITADOS DE LA CIUDAD, Y SIN SABER CUANDO EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ EL BENEPLÁCITO DE ABRIRLO.
PARA RECLAMAR SU INMEDIATA APERTURA Y UNA GESTIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD, ACUDE A LA CONCENTRACIÓN QUE DIFERENTES COLECTIVOS GADITANOS CONVOCAN FRENTE A DICHO CENTRO, EL PRÓXIMO DIA 16 DE MARZO A LAS 12 DE LA MAÑANA, ENTRE LA UNIÓN DE LAS AVENIDAS LACAVE Y MARCONI, DE CÁDIZ.
¡¡¡¡LOS MAYORES DE CÁDIZ TE LO AGRADECERÁN!!!!

DESPUÉS DE TRES (3) AÑOS DE TERMINADA LA OBRA Y DE UN GASTO DE DIEZ (10) MILLONES DE EUROS DE FONDOS PUBLICOS MUNICIPALES GADITANOS, EL CENTRO INTEGRAL DEL MAYOR PUNTALES-LORETO, SIGUE CERRADO A CAL Y CANTO A LOS MAS NECESITADOS DE LA CIUDAD, Y SIN SABER CUANDO EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ EL BENEPLÁCITO DE ABRIRLO.
PARA RECLAMAR SU INMEDIATA APERTURA Y UNA GESTIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD, ACUDE A LA CONCENTRACIÓN QUE DIFERENTES COLECTIVOS GADITANOS CONVOCAN FRENTE A DICHO CENTRO, EL PRÓXIMO DIA 16 DE MARZO A LAS 12 DE LA MAÑANA, ENTRE LA UNIÓN DE LAS AVENIDAS LACAVE Y MARCONI, DE CÁDIZ.
¡¡¡¡LOS MAYORES DE CÁDIZ TE LO AGRADECERÁN!!!!



NOTA DE PRENSA: CONCENTRACIÓN PARA EXIGIR LA APERTURA INMEDIATA DEL CENTRO INTEGRAL DEL MAYOR DE LORETO-PUNTALES.
Desde  la Asamblea Popular de San Mateo del 15M, reivindicamos la inminente apertura del Centro integral del Mayor de Loreto-Puntales, que supuso en su día un coste de 10 millones de euros del bolsillo de los/las gaditanos/as y que, a día de hoy, se encuentra en el más absoluto  desuso. Es por ello que hemos decidido en nuestra Asamblea convocar a una CONCENTRACIÓN el próximo sábado día 16 de marzo a las 12, 00 en el mismo Centro, sito en Avda. Lacave-esquina Avda. Marconi, frente al solar donde irá el futuro hospital de Cádiz.
Llevamos ya mucho tiempo reivindicando con diversas movilizaciones (hasta 5 veces) la apertura de este Centro. Pero las administraciones públicas implicadas: Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía no se ponen de acuerdo para poner en funcionamiento este Centro de tanta importancia para la calidad de vida de nuestros mayores y sus familias.
Más bien,  parece que lo utilizan como arma arrojadiza entre ellas con fines claramente partidistas y electorales. Asimismo ,  ya denunciábamos en anteriores movilizaciones el perjuicio que supone para la ciudad, en general y para tres colectivos muy afectados por la crisis en particular:
1.- Las personas mayores. Nos referimos a un Centro que albergaría 150 plazas, 120 para residentes y 30 de atención diurna. Solicitamos que la adjudicación de las plazas responda a criterios sociales y asistenciales, obviando otro tipo de intereses y criterios. Cabe recordar que en nuestra ciudad hay-según datos de 2010-  una población de 23.122 mayores de 65 años; y que los que superan los 80 ascienden a 5.601. Asimismo, en el año 2011 se presentaron en nuestra ciudad 6.144 solicitudes de ayuda acogiéndose a la ya defenestrada Ley de Dependencia.
2.-El colectivo de desempleados/as. Reivindicamos que el Ayuntamiento asuma la gestión directa del Centro y no una empresa privada, el grupo SAR, para crear empleo de calidad. Pedimos igualmente saber las condiciones de las cláusulas del contrato con esta empresa privada del que no conocemos absolutamente nada. El ayuntamiento, que presume de transparencia, debe dar cuenta a los ciudadanos de este contrato.
3.- El colectivo de mujeres. Todos/as sabemos que las tareas de cuidado en la familia recaen normalmente sobre las mujeres. La falta de este tipo de prestaciones perjudica a este colectivo, ya de por sí sobrecargado.
Por todo ello REINVINDICAMOS
¡¡¡¡La apertura del centro Integral del Mayor!!!!
¡¡¡¡La gestión pública de dicho Centro!!!!
¡¡¡¡La gestión de las plazas atendiendo a criterios sociales!!!!
ASAMBLEA POPULAR DEL 15M DE SAN MATEO                        
Cádiz, 9 de marzo de 2013

lunes, 11 de marzo de 2013

Ley andaluza de Transparencia

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una plataforma para que los ciudadanos puedan expresar sus propuestas y sugerencias para incorporar en el texto de la futura Ley de Transparencia y como medio de éstos para interactuar con el Gobierno. Según la Consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, a través de esta herramienta "se diseñará una norma para los ciudadanos, hecha por los ciudadanos".
Esta herramienta de participación forma parte de la primera fase del proyecto en el que la Junta recogerá las aportaciones de los ciudadanos. En una segunda fase se procederá a la redacción del anteproyecto y, finalmente, tendrá lugar el trámite parlamentario necesario para su elaboración.
El nuevo texto normativo prevé, entre otras actuaciones, la implantación en las administraciones andaluzas de planes de evaluación participativa de las políticas públicas; el refuerzo de las estructuras institucionales para garantizar la ejecución de políticas activas destinadas a asegurar la perspectiva de género o la incorporación al ordenamiento jurídico autonómico de los principios recogidos en el convenio internacional 'Aarhus'.
Estado del proyecto
Hasta el momento, según explicó Valderas, se han celebrado 36 encuentros (18 de carácter temático -provinciales, comarcales y locales- y 18 territoriales), en los que han participado 1.466 personas. Asimismo, se han mantenido cuarenta reuniones con entidades sociales de ámbito andaluz, con centros directivos de la Junta de Andalucía, y se han recibido informes de asociaciones y colectivos, cuestionarios y otras aportaciones individuales, a través de oficinas provinciales, correos electrónicos y página web de la futura norma, que serán tenidas en cuenta para la elaboración del anteproyecto.
Cumpliendo con el calendario previsto, el próximo 20 de marzo finaliza esta primera fase de recogida de aportaciones; en la segunda fase, desde esa fecha y hasta finales de abril, se elaborará el primer borrador, que será difundido a través de los recursos mediáticos a la ciudadanía, y a partir de mayo, el borrador se presentará en el Congreso Andaluz de Voluntariado y Participación "Caminando hacía una democracia participativa". A partir de este Encuentro se iniciará el correspondiente expediente administrativo para la tramitación y aprobación por el Parlamento de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana.
Jornadas de transparencia Pública 
En esta línea han tenido lugar unas Jornadas de Transparencia Pública, celebradas en Sevilla, durante este miércoles y jueves, que se trasladarán a otras provincias. En ellas, expertos, representantes de diversas administraciones y de medios de comunicación han debatido sobre todas aquellas ideas relacionadas con la transparencia en la gestión de las administraciones.

domingo, 10 de marzo de 2013

Manifestación en Cádiz de la Cumbre Social

 En Cádiz son más de doscientas mil razones las que nos asisten para salir a la calle y protestar. Y así lo hemos hecho en esta mañana lluviosa aunque no hayamos sido doscientos mil.




Cumbre social Cadiz

EL 10 DE MARZO LA CUMBRE SOCIAL CONVOCA UNA MANIFESTACIÓN.
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La cumbre social ha convocado para el día 10 de marzo una manifestación a nivel nacional "contra el paro y por una democracia social y participativa."

Desde el COTS de Cádiz queremos manifestar nuestro apoyo máximo al movimiento de Marea naranja y animar a la reivindicación por los derechos de las personas y el rechazo a la vuelta de la beneficencia.
Informaros que las convocatoríaS en la provincia de Cádiz son las siguientes:

CADIZ:Manifestación. 12:00 horas. Salida: Plaza Asdrubal. Finaliza: Subdelegación del Gobierno (C/ Barcelona)
 ALGECIRAS: Concentración. 12:00 horas. Plaza San Juan de Lima

jueves, 7 de marzo de 2013

Corrupción, fraude, problema para los españoles


La corrupción y el fraude, segundo problema nacional tras el 'caso Bárcenas'

El último barómetro del CIS, que se realizó entre los días 4 y 12 de febrero, en pleno apogeo de las noticias sobre la investigación al extesorero del PP Luis Bárcenas y el supuesto pago de sobresueldos irregulares en el partido deMariano Rajoy.
 | 06 Marzo 2013 - 13:46 h.
La corrupción y el fraude son ya elsegundo problema nacional por detrás del paro, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de febrero, la primera encuesta de este tipo realizada tras el estallido del 'Caso Bárcenas'.
En esta encuesta, hecha pública este miércoles, la corrupción el fraude aparecen citados como un problema en el 40 por ciento de los cuestionarios, frente al 17,7 por ciento que había cosechado en el estudio de enero, previo al estallido del 'Caso Bárcenas'.
De hecho, la corrupción y el fraude han desbancado como segunda preocupación nacional a los problemas económicos e incluso a la clase política en general, que venía ocupando el tercer lugar de esta tabla desde febrero de 2010.

lunes, 4 de marzo de 2013

Queréllate contra Bárcenas


EN APOYO A LA QUERELLA INTERPUESTA POR IZQUIERDA UNIDA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, ASOCIACION JUSTICIA Y SOCIEDAD, ASOCIACIÓN LIBRE DE ABOGADOS Y FEDERACION LOS VERDES, CONTRA LUIS BÁRCENAS Y OTROS

El pasado día 28 de febrero de 2013, Izquierda UnidaEcologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, la asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes presentaron una querella ante la Audiencia Nacional contra distintos miembros del Partido Popular y ocho empresarios de la construcción, entre otros, por la posible comisión de graves delitos que se habrían cometido durante años, delitos relacionados con las presuntas entregas de dinero por empresas constructoras al Partido Popular, a varios ministros y varios dirigentes, todos del anterior partido, con el fin de obtener contratos millonarios por parte del Estado para la realización de distintas obras públicas.  
A juicio de los querellantes, esta actuación, de confirmarse, dejaría al descubierto una íntima relación de intereses entre diversas empresas constructoras y el Partido Popular, fuerza política que, durante numerosos años ha tutelado la Administración Central del Estado y buena parte de las administraciones territoriales de este país. Esta coalición de intereses podría haber tenido una importancia capital en el devenir pasado, presente y futuro del desarrollo económico de nuestro país, en el impulso descontrolado de un modelo de crecimiento y creación de empleo basado casi en exclusiva en las grandes obras y en la construcción, modelo que fácilmente puede considerarse que ha respondido más a los intereses de los adjudicatarios de obras y planeamientos urbanísticos que a los verdaderos intereses de la ciudadanía.
Todo ello debe ponerse en relación con el fatal desenlace que dicho modelo de desarrollo ha tenido en la economía nacional, ya que el hundimiento de la economía ligada al ladrillo y a la obra en general ha llevado a este país al estallido de la burbuja financiera, el endeudamiento imparable del Estado, los rescates mil millonarios al sector financiero privado, y en consecuencia de lo anterior, a unos niveles de paro insoportables, con más del 26% de la población en situación de desempleo, miles de familias desahuciadas de sus viviendas, a un despedazamiento de los servicios públicos básicos ofrecidos a los ciudadanos y a la mutilación de los derechos sociales.
Lo anterior ha venido derivado de las exigencias de las instituciones gubernamentales españolas y europeas, y de los mercados financieros, para que la economía nacional asuma la deuda que el modelo de desarrollo ligado a la construcción y la creación de infraestructuras de dudoso interés general ha generado, modelo en el que las deudas privadas finales son asumidas por la economía nacional, mientras que los beneficios fueron recogidos en exclusiva por las grandes empresas constructoras y los directivos que las dirigían.
Así, debe apuntarse que España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, muchas de ellas de peaje que han precisado del rescate con dinero público para evitar su quiebra, con más kilómetros de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio, siendo el país que más fondos ha dedicado a grandes obras en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), en contraste con los escasos fondos dedicados a atención social. Y eso a pesar de las continuas denuncias que desde los movimientos ciudadanos y ecologistas se han venido realizando durante años, evidenciando la inversión insostenible en infraestructuras multimillonarias, que ha quedado cristalizada en estaciones ferroviarias fantasma, aeropuertos vacíos, edificios públicos inutilizados….
Mientras se justificaban esas grandes obras en aras del desarrollo económico general, muchas organizaciones y particulares venían apuntando al posible lucro ilícito de unos pocos, sospechas que tras la revelación de los documentos manuscritos contables atribuidos al ahora querellado Luis Bárcenas han pasado a ser clarividentes demostraciones de la arbitrariedad –probablemente criminal– que desde el poder público se ha venido aplicando a la hora de impulsar un modelo de desarrollo del que parece que al final solo se han beneficiado los directamente interesados en la ejecución de las obras y planeamientos y aquellos que han cobrado de los anteriores.
El mismo día 28 de febrero, tras la presentación de la querella mencionada ante la Audiencia Nacional, el Partido Popular –que sigue sin querellarse contra Luis Bárcenas– hizo público un comunicado en el que amenazaba a las organizaciones políticas y sociales querellantes con interponerles una querella por los delitos de calumnias e injurias.
Los abajo firmantes, personas físicas, colectivos sociales, asociaciones, organizaciones políticas y sindicales, mostramos nuestra voluntad de ADHERIRNOS A LA QUERELLA PRESENTADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA DIRIGENTES DEL PARTIDO POPULAR Y EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, haciendo nuestro íntegramente todo lo dicho en ella y manifestando que somos igualmente responsables del contenido íntegro de la querella.
Firma la querella en http://querellabarcenas.org/ 

viernes, 1 de marzo de 2013


10M: Contra el paro y por la regeneración de la democracia

Bajo el lema '10M: Contra el paro y por la regeneración de la democracia', la Cumbre Social, plataforma que aglutina a casi 150 organizaciones, ha convocado nuevas movilizaciones por todo el país para el domingo 10 de marzo, con el firme propósito de expresar su rechazo a las actuales políticas económicas y expresar el hartazgo de una parte de la población hacia el funcionamiento de las instituciones democráticas.

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