Subvenciones del Ministerio del Interior a diversas entidades religiosas

 El Real Decreto 679/2025 de 29 de julio autoriza la entrega directa de subvenciones por parte del Ministerio del Interior a diversas entidades, incluyendo partidas para obispos, Comisión Islámica y Cáritas, atendiendo a razones de interés público, social y humanitario contempladas en su Plan Estratégico de Subvenciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 679/2025, de 29 de julio, por el que se establece con carácter excepcional la concesión directa de subvenciones a entidades de diversa naturaleza en ámbitos de actuación del Ministerio del Interior.

El decreto autoriza estas subvenciones sin convocatoria pública, alegando razones de interés público, social y humanitario en sectores como seguridad pública, protección social (incluyendo atención a huérfanos), protección civil, y aplicaciones en el ámbito penitenciario, entre otras competencias del Ministerio del Interior.

Según fuentes oficiales, las entidades beneficiarias contempladas en el decreto incluyen:

  • La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, que recibiría 608.000 € para facilitar asistencia religiosa en centros penitenciarios, apoyo espiritual a internos, y otros programas humanitarios vinculados a la libertad religiosa.
  • La Comisión Islámica de España (CIE), que recibiría 21.000 €, para actividades similares de asistencia al culto, atención social y educativa a reclusos e inmigrantes, entre otros ámbitos relevantes.
  • Cáritas, que tendría una partida de 54.000 €, destinada a programas de ayuda social, atención a colectivos vulnerables y colaboración en actuaciones de seguridad social vinculadas a su actividad asistencial.

Las cuantías forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio del Interior 2024‑2026, aprobado mediante la Orden INT/1421/2023, y siguen el procedimiento excepcional previsto en la Ley General de Subvenciones (art. 22.2 c) y art. 28) y su reglamento.

Ver Real Decreto publicado en el BOE

Contra el genocidio en Gaza


 

Previsión de crecimiento para España

 

El FMI mantiene la previsión de crecimiento para España en el 2,5 % y sube la de la eurozona

Madrid (EuroEFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene sin cambios la previsión de crecimiento para España en 2025, en el 2,5 %, mientras que ha revisado dos décimas al alza la de la zona euro, hasta el 1 %, debido al «sólido resultado» del producto interior bruto (PIB) de Irlanda en el primer trimestre.

La actualización del informe de perspectivas económicas del FMI (WEO) publicada este martes, tampoco cambia la previsión de la economía española para 2026 y la deja en el 1,8 %, la misma que en el documento anterior hecho público el pasado abril durante la reunión de primavera del organismo.

España continúa como la economía que más crece entre los grandes países de la eurozona.

En cuanto a la economía francesa, el informe calcula un avance del 0,6 % para este ejercicio y del 1 % para el próximo, sin cambios respecto al informe anterior.

Alemania crecerá este año un 0,1 %, por lo que deja atrás la previsión de estancamiento de las previsiones de abril, y un 0,9 % en 2026, mientras que para Italia se prevén avances del 0,5 y el 0,8 %, respectivamente.

La eurozona mejora gracias a Irlanda

En el conjunto de la zona del euro, el FMI ha revisado dos décimas al alza el crecimiento previsto en 2025, hasta el 1 %, debido al «sólido resultado» del PIB de Irlanda en el primer trimestre del año, y detalla que sin este país la revisión sería solo de 0,1 puntos porcentuales.

Según explica, aunque Irlanda representa menos del 5 % del PIB de la eurozona, la mejora responde al aumento «históricamente elevado» de las exportaciones farmacéuticas irlandesas a Estados Unidos, debido al adelanto de pedidos y a la apertura de nuevas instalaciones de producción.

Las revisiones al alza para 2025 en todo el mundo, señala el FMI, son «bastante generalizadas» debido principalmente «al fuerte adelanto de actividad en el comercio internacional, a una tasa arancelaria efectiva mundial más baja de lo asumido en abril y a la mejora en las condiciones financieras globales».

Para 2026, la previsión de la eurozona se mantiene sin cambios respecto a la del mes de abril, en el 1,2 %, ya que los efectos del adelanto de pedidos se desvanecen y la economía crece en línea con su potencial.

No obstante, se espera que los compromisos revisados de gasto en defensa tengan un impacto en los años posteriores, dado el aumento gradual proyectado hasta alcanzar los niveles objetivo en 2035.

Respecto a la inflación, en la zona euro se espera que las dinámicas sean más moderadas que en Estados Unidos, debido en parte «a la apreciación de la moneda y a medidas fiscales puntuales», y se sitúa en el 2 % en 2025 y en el 1,8 % en 2026.



La iglesia en España

 La

Golpe de ‘laicidad’ a la Iglesia: un estudio revela el desplome católico de España

La práctica religiosa se desploma, las vocaciones se hunden y los sacramentos caen en picado, mientras la Iglesia mantiene su red educativa y asistencial

 Iglesia católica en España atraviesa una de sus peores crisis de identidad y presencia social desde la Transición. Así lo revela el último informe del Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS, titulado Demografía de la Iglesia Católica, a las puertas de su tercer milenio, que documenta con cifras el declive sostenido de la práctica religiosa, las vocaciones y los sacramentos. Aunque el informe también reconoce la poderosa labor social de la Iglesia, el diagnóstico general es contundente: la religiosidad en España se desploma y la laicidad avanza sin freno.

El estudio parte de una premisa que ya parece incuestionable: España es mayoritariamente católica en términos culturales, pero cada vez más laica en lo práctico. Según los últimos datos del CIS citados en el informe, sólo un 18,7% de la población se declara católica practicante. Y aunque más de la mitad se identifica como católica, apenas una minoría acude a misa o participa activamente en la vida parroquial.

El contraste con décadas anteriores es demoledor. En 2023, asistieron a misa regularmente unos 8,2 millones de personas, una cifra muy inferior a la de hace medio siglo, cuando más del 70% de los adultos acudía a los oficios dominicales. También se ha reducido drásticamente la participación en los sacramentos: los bautizos y primeras comuniones han caído por debajo del 50%, frente al 99% que se registraba en 1971. Las bodas religiosas están prácticamente en desuso: por cada matrimonio eclesiástico, se celebran más de cuatro civiles.

Crisis de vocaciones

Uno de los datos más alarmantes para la jerarquía eclesiástica es la situación del clero. En 2023, había 15.285 sacerdotes activos, un 40% menos que en 1971, pese a que la población se ha duplicado. La edad media del clero supera los 65 años, frente a los 35 años en 1960, y las nuevas incorporaciones son mínimas: solo 143 seminaristas ingresaron en el curso 2023-24 y 79 fueron ordenados sacerdotes, muy lejos de los 300 anuales necesarios para garantizar el relevo generacional. La comparación histórica es rotunda: en 1965 había más de 8.000 seminaristas mayores, hoy no llegan al millar.

La vida consagrada también sufre un desgaste constante. El número de religiosos y religiosas ha caído un 11% en los últimos ocho años, con 32.531 miembros registrados en 2023. También ha bajado el número de misioneros españoles, un 24% menos que en 2015, y la mayoría de ellos son mujeres y personas de edad avanzada.

Una obra social que sobrevive al declive religioso

Pese a este retroceso en la dimensión religiosa, el informe resalta la imponente labor social de la Iglesia Católica. Con más de 2.500 centros educativos de ideario católico y 1,5 millones de alumnos, 17 universidades que acogen a 148.000 estudiantes y miles de centros asistenciales para mayores, enfermos, inmigrantes o personas en situación de exclusión, la Iglesia mantiene una potente red social que compensa, en parte, su debilitada presencia espiritual.

A nivel global, la Iglesia católica cuenta con más de 227.000 centros educativos5.400 hospitales15.000 residencias para mayores o personas con discapacidad y 8.700 orfanatos. Un músculo que, sin embargo, crece en África y América, mientras Europa se apaga. La Iglesia envejece, pierde fieles y vocaciones, y su peso institucional se reduce año tras año en el viejo continente.

Las brechas del sistema que permiten casos como el de Montoro

 

Las brechas del sistema que permiten casos como el de Montoro

Sin una Ley de transparencia de los lobbies valiente, que establezca controles independientes, un régimen sancionador robusto y la transparencia de todo el proceso de creación de las normas, es imposible evitar que el BOE acabe siendo dictado por —y para el beneficio de— grandes intereses corporativos.

“Captura del Estado” es una expresión común en el ámbito de la lucha anticorrupción y el activismo. Describe situaciones en las que los intereses privados determinan de forma sistemática las decisiones de gobierno, actuando en detrimento del interés general. La expresión es perfecta para describir los presuntos hechos que narra el sumario en el que se imputa al exministro Cristóbal Montoro y otras 27 personas, muchas de ellas altos cargos, y que estamos conociendo estos días.

Según narra el sumario, los acusados presuntamente redactaron normas y diseñaron ayudas a medida para empresas de sectores como el gasístico, las energías renovables o el juego. El vehículo para esta influencia era, presuntamente, Equipo Económico, la consultora fundada por el exministro y por la que han pasado, a menudo en un claro ejemplo de puertas giratorias, varios de sus antiguos subordinados, como ya contamos en Civio en 2013. Es fundamental subrayar que este entramado se descubre de forma casi fortuita, en el marco de otra investigación. Un síntoma inequívoco de que las medidas de control sobre puertas giratorias y los lobbies son porosas o, directamente, inexistentes.

Una vigilancia real de puertas giratorias y conflictos de interés

La Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo, ya establece un sistema de control de puertas giratorias. Por norma general, los altos cargos no pueden tomar decisiones que les beneficien, ni a ellos ni a empresas en las que hayan trabajado en los últimos dos años o con las que tengan intereses. Y, en los dos años siguientes al cese, no pueden ser contratados por entidades sobre las que hayan tomado decisiones directas. A menudo, el debate se centra en ampliar ese “periodo de enfriamiento”. Sin embargo, el problema no es tanto la duración como la aplicación real de la ley. Esta se elude sistemáticamente a través de mecanismos como fichajes por filiales del grupo empresarial o por consultoras que actúen de intermediarias. Tanto el control como las consecuencias de incumplir esta ley son, siendo generosos, bastante laxos.

Aquí reside uno de los agujeros clave del sistema: la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), organismo encargado de esta supervisión, carece de la independencia orgánica y los recursos necesarios para ejercer su labor con eficacia. Si a esto sumamos que la OCI es la única instancia con acceso a toda la documentación, como las declaraciones completas de bienes y actividades de los altos cargos, obtenemos el escenario perfecto para que la corrupción se cuele discretamente: no hay suficientes ojos vigilando.

Por ello, insistimos en la necesidad de publicar las declaraciones completas de bienes, derechos, obligaciones y actividades de todos los altos cargos en todos los niveles de la administración, no los resúmenes que se publican actualmente. Además, deberían ser públicas no solo las autorizaciones de compatibilidad, sino también las denegaciones y sus motivaciones, junto a un informe anual de actividad de la OCI para el control de estos posibles conflictos. Para eso justo sirve la transparencia, para que más ojos miren. Aumentar las sanciones por incumplimiento es el otro pilar indispensable. Todo esto no lo decimos solo en Civio. Son las Recomendaciones VII, VIII Y IX de la 5ª ronda de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) a España. Y que, seis años después, el Gobierno sigue sin cumplir.

Una ley de grupos de interés urgente, integral y sin excepciones

Lo decimos desde hace más de un década: la transparencia real no consiste en saber cuánto cobra un ministro, sino en conocer cómo funciona lo público. Incluso si no queremos fijarnos en lo importante -la democracia- y simplificamos el impacto de los casos de corrupción en cuánto nos cuesta. Y siempre poníamos el mismo ejemplo: tiene mucho más impacto económico una reforma energética que el sueldo de todos los trabajadores públicos juntos. Ese ejemplo no era casual, pero es iluminador lo preciso que se ha demostrado con los años.

La Ley de transparencia e integridad de los lobbies es una promesa incumplida legislatura tras legislatura. En Civio hemos participado en sucesivas consultas públicas intentando aportar nuestra experiencia (en 2014en 2021 y en 2022). El proyecto de ley que actualmente se debate en el Congreso, si no se enmienda de forma sustancial, corre el riesgo de convertirse en una medida de escaparate con escasa efectividad, como hemos avisado a todos los grupos políticos.

En Civio vamos a insistir todas las veces que haga falta: una ley eficaz debe regular una práctica legítima y necesaria —la participación de la sociedad civil y el sector privado en la creación de políticas—, pero que, amparada por la opacidad, deriva en captura del estado. ¿Qué requisitos debe cumplir un registro público de lobbies?

  • Sin excepciones: Debe registrarse toda persona u organización que intente influir en la aprobación de normas y políticas públicas, sin las excepciones profesionales que contempla el proyecto de ley actual.

  • Todas las interacciones: No solo reuniones presenciales. Correos electrónicos, llamadas o videoconferencias con el objetivo de influir deben quedar registrados

  • Quién quiere influir, sin intermediarios. Si el lobby se ejerce a través de una consultora o despacho, como en el caso de Equipo Económico, se debe identificar para qué cliente o empresa final se actúa en cada contacto.

  • Sobre qué se quiere influir, sin alusiones genéricas. El motivo de la reunión debe ser claro y explícito, detallando sobre qué iniciativa normativa o política pública concreta se pretende influir, sin admitir alusiones genéricas a sectores.

  • Los documentos, públicos. Cualquier documento aportado en esas reuniones o contactos —informes, propuestas de enmiendas, borradores de articulado— debe ser público y accesible para toda la ciudadanía.

  • La huella legislativa, completa. El registro de reuniones debe vincularse a la publicación de la huella normativa de cada ley: desde la memoria de análisis de impacto, los borradores, los informes externos, la identidad de los expertos consultados y el contenido de sus aportaciones, hasta el texto final. El Gobierno se había comprometido a hacer esto en el Plan de Gobierno Abierto de 2020-2024. No solo se ha incumplido, es peor: se ha excluido esta medida del siguiente plan.

Todo esto, al igual que ocurre con los conflictos de interés, es inútil sin un régimen sancionador exigente y un organismo supervisor independiente que garantice el cumplimiento. El proyecto de ley actual falla en ambos aspectos, al otorgar de nuevo la supervisión a la Oficina de Conflictos de Intereses. Una vez más, tenemos una administración que se controla a sí misma. Y esto contraviene las recomendaciones explícitas del GRECO y la OCDE, que insisten en la necesidad de un control independiente del poder ejecutivo.

Estas no son reclamaciones surgidas al calor del caso Montoro. Llevamos más de una década exigiendo estas reformas de transparencia y anticorrupción. Hasta ahora, la respuesta de sucesivos gobiernos ha sido el silencio o la dilación. Ignorar o retrasar las medidas hasta el infinito con debates que nunca llegan a algo tangible. El coste de esta inacción es evidente. Una reforma tímida o, peor aún, el inmovilismo, solo garantiza que dentro de unos años volvamos a descubrir un caso similar. Es hora de romper el ciclo y cerrar las brechas del sistema.

Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción

 

El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, según Civio: medidas recicladas y carencias estructurales

La hoja de ruta anunciada por Sánchez despliega tácticas recurrentes que generan titulares pero no alteran el fondo. La lucha contra la corrupción en España sigue necesitando las mismas reformas estructurales que reclamábamos antes de su anuncio.

Cuando el Gobierno anuncia un nuevo plan estrella contra la corrupción, en Civio sentimos una inevitable mezcla de esperanza y escepticismo. Llevamos más de una década fiscalizando al poder y participando en los procesos de Gobierno Abierto, y la hemeroteca de promesas incumplidas es, por desgracia, muy densa. Aunque se anuncian nuevas agencias y medidas con nombres ambiciosos, el plan vuelve a ignorar, diluir o postergar reformas concretas, validadas y urgentes en los ámbitos en los que trabajamos. Reformas que la sociedad civil y organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) llevan años demandando.

Por eso, ante la presentación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, la pregunta clave a responder es: ¿estamos ante una estrategia seria de reforma o ante una pieza de comunicación política?

Una ‘superagencia’ anticorrupción centralizada

La medida estrella del plan, su principal titular, es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Sobre el papel, su objetivo es muy ambicioso: poner orden en un ecosistema institucional que el propio Gobierno califica de “alta fragmentación y dispersión de competencias”. La idea es aglutinar en un único organismo las funciones de prevención y control que hoy se reparten entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) y la recién creada Autoridad de Protección del Informante, entre otros. Esta nueva agencia, se nos dice, tendrá facultades para “iniciar investigaciones” y “supervisar el cumplimiento de normativas clave”.

Partiendo de que ya existía el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), pensamos que la prioridad no es crear nuevas y complejas estructuras, sino el fortalecimiento de las ya existentes, dotándolas de los atributos que realmente importan: independencia, recursos y poder real. A todas, del CTBG a la OIReScon. El problema no es que haya varias oficinas, sino que las que hay son débiles y permeables al poder político.

Hay que reconocérselo al Gobierno: la mejor noticia de este plan es precisamente la atribución al CTBG de la “competencia para imponer multas coercitivas”. Llevamos años reclamando que se blindase al CTBG, que disponga de un presupuesto propio y autónomo y que tenga capacidad sancionadora efectiva para que sus resoluciones dejen de ser papel mojado. Lo mismo para la OIReScon, un organismo de supervisión de la contratación que está adscrito al Ministerio de Hacienda y cuenta con muy pocos recursos, lo que compromete su capacidad de fiscalización.

El plan del Gobierno es aún vago en los detalles cruciales que definirían la independencia de esta “superagencia”: el método de nombramiento de su cúpula directiva, los mecanismos de control parlamentario o la garantía de autonomía presupuestaria. Así que ojo al riesgo de centralización sin independencia, porque corremos el peligro de crear un gigante burocrático mucho más fácil de capturar por el poder político.

Ley de Administración Abierta: cómo diluir una reforma urgente

En el ámbito de la transparencia, el plan anuncia como gran hito el impulso a una Ley de Administración Abierta. Este proyecto, se supone, consolidará los avances en gobernanza, incorporará las conclusiones del Foro de Gobierno Abierto y promoverá medidas como la publicación de contratos, convenios, presupuestos y subvenciones en el Portal de Transparencia. Sí, cosa que ya se hace.

Pese a la buena noticia de que el CTBG pueda tener al fin capacidad sancionadora, vemos esta concesión con escepticismo. Lo que reclamaba la sociedad civil no era una nueva ley de nombre rimbombante, sino la reforma de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG). Este era un compromiso prioritario del IV Plan de Gobierno Abierto, cuyo desarrollo fue abortado por el Ejecutivo sin siquiera llegar a publicar el anteproyecto que recogía el intenso trabajo de académicos, funcionarios y la propia sociedad civil. Desde Civio, hemos presentado propuestas detalladas y concretas para dicha reforma: desde declarar el acceso a la información como un derecho fundamental a eliminar las ambiguas y abusivas excepciones al acceso (como los “intereses económicos y comerciales”), o, por supuesto, reforzar los poderes del CTBG.

Pensamos que subsumir esta reforma pendiente en una etérea “Ley de Administración Abierta” es, en la práctica, una maniobra de dilución. El propio Gobierno ha admitido ante el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) que no tiene información sobre el alcance, contenido o plazos de tramitación de esta nueva ley, que, además, había desaparecido del Plan Anual Normativo de 2025. La excusa recurrente de la falta de mayoría parlamentaria para justificar incumplimientos pasados se vuelve aquí otra contradicción. Si no se pudo avanzar con reformas puntuales y necesarias de la Ley de Transparencia, ¿cómo se pretende sacar adelante una ley omnicomprensiva, de futuro incierto y alcance desconocido, en el actual contexto parlamentario?

Pasar de la inacción crónica a la vanguardia tecnológica en contratos públicos

El Gobierno propone una transformación de la Plataforma de Contratación del Sector Público para convertirla en una “herramienta de nueva generación”, que utilizará big data e inteligencia artificial para “detectar patrones irregulares y prevenir la corrupción”. Esta modernización, que desde Civio venimos reclamando desde 2015, se complementaría con la promoción de “pactos de integridad”, donde la sociedad civil o el propio CTBG actuarían como monitores independientes en contratos de alto riesgo, y con “auditorías ciudadanas” para fiscalizar los procesos.

Sin embargo, la medida más contundente anunciada es la de mejorar el mecanismo de blacklisting o “lista negra” de empresas corruptoras. Se propone crear un “registro único nacional y público de empresas inhabilitadas” y reformar el Código Penal para que la inhabilitación para contratar con la administración sea una consecuencia automática de una condena por delitos como cohecho, tráfico de influencias o malversación. Esto es un ejemplo paradigmático de anunciar como novedad algo que ya existe en la ley pero que se incumple de forma sistemática. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), en su artículo 71, ya establece un catálogo claro de prohibiciones para contratar con la administración que incluye, precisamente, haber sido condenado con sentencia firme por delitos de corrupción. Además, el Registro de Licitadores ya debe incluir esa información. Lo que está pasando, en muchos casos, es que esas prohibiciones se aplican poco (por falta de comunicación entre administraciones, demora de sentencias firmes, cambios de responsables condenados,…) y son demasiado fáciles de esquivar. El problema, por tanto, no es la ausencia de un marco legal, sino la absoluta falta de voluntad política para aplicarlo.

Y las herramientas de IA y los pactos de integridad pueden ser instrumentos valiosos, pero su eficacia depende del marco en el que operan. La propuesta de Civio para crear un “organismo independiente para vigilar la contratación”, que fue la tercera más votada en los talleres de cocreación del V Plan de Gobierno Abierto, fue completamente ignorada por el Ejecutivo. El organismo actual, la OIReScon, no cumple los mínimos estándares de independencia: está adscrita al Ministerio de Hacienda, no tiene presupuesto propio y sus miembros son designados por el Gobierno. El Gobierno ofrece herramientas sofisticadas y mecanismos de participación ciudadana como un sustituto de algo que se niega a conceder: una supervisión independiente y con recursos.

Lobbies, altos cargos y asesores

El plan aborda áreas de alto riesgo como la actividad de los lobbies y los conflictos de interés de los altos cargos, pero lo hace con timidez y con contradicciones.

Se propone la “aprobación urgente” del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, y se anuncia que se propondrá vía enmienda “ampliar la obligación de dar publicidad a los encuentros con lobistas por parte de todos los altos cargos del Gobierno y de sus asesores”. Como ya hemos alertado, tal y como está concebido, el proyecto carece de los tres pilares fundamentales para ser eficaz: un organismo supervisor autónomo e independiente que vigile su cumplimiento, mecanismos que aseguren una trazabilidad detallada y real de la influencia, y un régimen sancionador lo suficientemente firme como para ser disuasorio.

Pero, además, proponer la publicación de las reuniones de los asesores con los lobbies es un ejercicio de cinismo difícil de superar. ¿Cómo se puede prometer transparencia sobre las actividades de unas personas cuya propia identidad el Gobierno se niega a revelar? Es imposible auditar la agenda de un asesor si no se sabe quién es el asesor. Esta contradicción prácticamente invalida por completo la credibilidad de este apartado del plan.

El mismo enfoque superficial se aplica al control de los conflictos de interés. La propuesta de realizar “exámenes aleatorios” del patrimonio de los altos cargos es un sustituto débil y deficiente de la verdadera transparencia. La rendición de cuentas no puede ser una lotería. El control ciudadano efectivo no se basa en controles internos y esporádicos, sino en la vigilancia externa y permanente. Y esta solo es posible si se publican las declaraciones de bienes y actividades de forma íntegra (incluido de qué empresas tienen acciones, o en qué bancos deudas) y en datos abiertos, no los extractos descontextualizados y sin valor informativo que se publican actualmente.

Conclusión: seguimos ignorando reformas imprescindibles

Por estos motivos, el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción no nos parece una estrategia de cambio, sino un ejercicio de política performativa.

En vez de abordar las causas estructurales de la corrupción, despliega tácticas recurrentes que generan titulares sin alterar el statu quoSe reciclan como novedosas medidas que ya fueron prometidas en planes anteriores y que nunca llegaron a implementarse. Se proponen nuevas leyes para solucionar problemas que no derivan de una ausencia de normas, sino del incumplimiento sistemático de las ya existentes. Y se se sustituyen reformas concretas, viables y demandadas por la sociedad civil por proyectos de “leyes ómnibus” grandilocuentes, cuya complejidad y ambición las condenan de antemano. El ejemplo paradigmático es el sacrificio de la reforma específica de la LTBG en el altar de una incierta Ley de Administración Abierta.

Desde Civio no nos dejaremos distraer por estas maniobras. Este plan no altera las prioridades. La lucha contra la corrupción en España sigue necesitando las mismas reformas estructurales que reclamábamos antes de su anuncio. Seguiremos exigiendo, con datos y argumentos, los cambios que sí tendrían un impacto transformador. No cabe otra.

Cacerolada contra el genocidio

 


150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado

 

El 26 de julio se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, poeta, dramaturgo y narrador español de la Generación del 98. Su evolución poética estuvo marcada por su entorno intelectual, las lecturas filosóficas de autores como Bergson y Unamuno, y una profunda reflexión sobre la España de su tiempo.

Nacido en Sevilla en 1875, Machado vivió allí hasta los ocho años, una etapa que dejó huella en su poesía. Tras mudarse a Madrid, se formó en contacto con representantes del panorama intelectual progresista. La complicada situación familiar tras la muerte de su padre y de su abuelo lo acercó al ambiente bohemio y cultural madrileño, donde entabló amistad con autores como Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío. 

En 1902 publicó Soledades, ampliado en 1907 con Soledades, Galerías, otros poemasuna obra influida por el simbolismo francés y la lírica andaluza. Su temática gira en torno a la infancia, el paso del tiempo, la muerte y la existencia. En 1912 publicó una de sus obras cumbre, Campos de Castilla, poemario que refleja la esencia de España y Castilla, y su dolor por la pérdida de su esposa, Leonor.

Entre 1912 y 1919 fue profesor en Baeza y posteriormente en Segovia. Regresó a Madrid en 1932, época en la que escribió teatro junto a su hermano Manuel. La Guerra Civil lo llevó a abandonar Madrid y a participar activamente en publicaciones republicanas hasta 1939, año en que falleció en Colliure, Francia.

En la actualidad, Antonio Machado es reconocido como el principal poeta de la Generación del 98 y un nombre fundamental en la cultura literaria en lengua castellana.

El 26 de julio se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, poeta, dramaturgo y narrador español de la Generación del 98. Su evolución poética estuvo marcada por su entorno intelectual, las lecturas filosóficas de autores como Bergson y Unamuno, y una profunda reflexión sobre la España de su tiempo.

Nacido en Sevilla en 1875, Machado vivió allí hasta los ocho años, una etapa que dejó huella en su poesía. Tras mudarse a Madrid, se formó en contacto con representantes del panorama intelectual progresista. La complicada situación familiar tras la muerte de su padre y de su abuelo lo acercó al ambiente bohemio y cultural madrileño, donde entabló amistad con autores como Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío. 

En 1902 publicó Soledades, ampliado en 1907 con Soledades, Galerías, otros poemasuna obra influida por el simbolismo francés y la lírica andaluza. Su temática gira en torno a la infancia, el paso del tiempo, la muerte y la existencia. En 1912 publicó una de sus obras cumbre, Campos de Castilla, poemario que refleja la esencia de España y Castilla, y su dolor por la pérdida de su esposa, Leonor.

Entre 1912 y 1919 fue profesor en Baeza y posteriormente en Segovia. Regresó a Madrid en 1932, época en la que escribió teatro junto a su hermano Manuel. La Guerra Civil lo llevó a abandonar Madrid y a participar activamente en publicaciones republicanas hasta 1939, año en que falleció en Colliure, Francia.

En la actualidad, Antonio Machado es reconocido como el principal poeta de la Generación del 98 y un nombre fundamental en la cultura literaria en lengua castellana.

Puedes consultar su obra en el catálogo de la Biblioteca.





"Golpe" del PP contra el Gobierno

 

Intento de "golpe" del PP contra el Gobierno

Por tierra, mar y aire, el PP y todo su entramado fáctico se ha lanzado a una ofensiva contra el Gobierno y el presidente.

Por tierra, mar y aire, el PP y todo su entramado fáctico se ha lanzado a una ofensiva contra el Gobierno Progresista y especialmente contra el Presidente del Gobierno con una saña nunca vista.

La cosa viene de lejos, con la constitución del primer gobierno de coalición desde las filas populares se calificó al Gobierno como “ilegítimo”, es decir falto de legitimidad democrática. Todo ello sin ninguna base, simplemente porque articuló una mayoría en base a alianzas con otras fuerzas políticas de diversa índole. Y así logró efectuar una importante legislatura que lo reafirmó como el “gobierno más progresista” desde la Transición Democrática.

Posteriormente en las nuevas elecciones, y con una muy frágil alianza con otras fuerzas parlamentarias de diverso signo, el Gobierno del PSOE y SUMAR, ha continuado su gobernanza con mayor dificultad debido a la necesidad de votos de fuerzas “muy especiales” como Junts y Podemos, las cuales no se rigen por los criterios normales de otras fuerzas políticas. Existe en esta legislatura un conjunto de fuerzas políticas que de forma generalizada se incluyen en el apoyo al Gobierno como son ERC, PNV, EH-Bildu y BNG fundamentalmente a las que cabe añadir con mayores dificultades a las dos anteriormente citadas y a Coalición Canaria.

Por tierra, mar y aire, el PP y todo su entramado fáctico se ha lanzado a una ofensiva contra el Gobierno y el presidente

Es evidente que hay una razón fundamental, el rechazo a una posible alternativa del PP y VOX, junto a UPN, es decir a un gobierno de la derecha y la ultraderecha, una alianza que de forma sobrada ha demostrado el PP que no le hace ascos. Con ellos han gobernado en CCAA, hasta una supuesta ruptura que continúa en mayorías parlamentarias en diversas comunidades y en múltiples ayuntamientos.

Lo más importante de la estrategia y táctica políticas de las fuerzas reaccionarias no se basa en plantear alternativas a las propuestas de gobierno, sino en oponerse en base a descalificaciones del gobierno acusándole en base a mentiras y tergiversaciones de una situación irreal donde todo va mal por culpa de la acción del gobierno. Todo ello a pesar de que sus planteamientos se confrontan con una realidad totalmente contraria, donde todos los indicadores de la situación económica, social y laboral son favorables a la actuación del gobierno. Pero la oposición del PP y VOX se sitúa en una realidad virtual paralela. Además, todos sus planteamientos se efectúan a partir de una política de descalificaciones personales e insultos que no tienen ninguna base real.

Ello se debe a que la acción de este gobierno puede que por primera vez en la historia democrática ha “pisado callos” a los poderes fácticos. Y ello ha comportado que toda una serie de sectores y poderes fácticos, desde las patronales y los grupos empresariales, muy críticos con las medidas progresistas en materia laboral, hasta los numerosos grupos de comunicación conservadores y la Magistratura, se hayan aliado con la oposición política en una campaña de “acoso y derribo”, ampliando y generando falsas noticias y falsos debates que se utilizan como arietes contra el gobierno.

Es evidente que últimamente la “trama” de Cerdán y Ábalos y la corrupción que comporta ha sido un duro golpe contra el Gobierno y su Presidente, pese a una rápida reacción. Pese a ello mucho antes ya se han planteado numerosas actuaciones que son como mínimo de dudosa legitimidad.

Desde la Magistratura, mayoritariamente en manos conservadoras se han visto actuaciones judiciales difícilmente justificables

Desde la Magistratura, mayoritariamente en manos conservadoras se han visto actuaciones judiciales difícilmente justificables. El acoso a la familia de Pedro Sánchez con toda una serie de casos, comenzando por el de su esposa, que parecen no conducir a ninguna parte, han servido de base para un constante acoso que pese a todo no ha conseguido acabar con la resiliencia de Pedro Sánchez. El caso contra el Fiscal General del Estado derivado del delito confeso del novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid es delirante. Se procesa al Fiscal, con numerosas acusaciones, muchas de ellas rebatidas que no se concretan en nada, sólo en mantener el caso abierto. Mientras el caso original del delito del novio de Ayuso va a un ritmo mucho más lento. También se abrió un procedimiento contra el Ministro de Presidencia, caso ya cerrado de forma favorable al Ministro.

Todos esos casos han sido planteados por supuestas asociaciones “ultras” como Hazte Oír, Manos Limpias y otras similares, y que la magistratura de forma rápida les ha dado curso sin dudarlo ni un momento pese a que algunos se basen en meros artículos de prensa ultra.

La oposición de derechas y ultraderechas, una mayoría de la Magistratura, el conjunto de una gran parte de la prensa y medios de radio y televisión conservadores, las patronales y los grupos empresariales. Todos ellos junto a grupos ultras con pseudoperiodistas, y el uso radical en los medios y redes digitales. Y no podríamos descartar algún sector policial, derivados de la antigua “policía patriótica” creada por el Gobierno del Rajoy, forman, todos ellos, un conjunto de “Organización Ultra” cuyo objetivo es crear un estado de opinión favorable a la caída del gobierno por todos los medios posibles. Hasta ahora por suerte se trata únicamente de un intento no conseguido de “Golpe Blando” que trata de acabar con el gobierno a partir del ataque sistemático a Sánchez.

La derecha española, el PP, nunca ha sido, por mucho que lo digan, plenamente democrática

Es realmente preocupante para el estado de nuestra democracia esta situación. Que no es nueva. La derecha española, el PP, nunca ha sido, por mucho que lo digan, plenamente democrática. Son los discípulos de la Alianza Popular de Fraga, la que nunca aplaudió la actual Constitución. Es el PP de Aznar, el que nos embarcó en guerras como las de Irak, que hizo una política de liquidación de las empresas públicas sustanciales. Alguna de las cuales como Telefónica dejo en manos de su amigo Villalonga. Y lo más grave, mintió sobre los responsables del atentado terrorista de Madrid, el de el 11 de marzo de 2004, responsabilizando a ETA pese a saber que era mentira y ocultando su conocimiento de que era un atentado islamista, posiblemente como respuesta a su participación en la guerra de Irak.

Y es el partido de la corrupción con Mariano Rajoy, que fue condenado en los juzgados. Con casos de corrupción por doquier en Madrid, Valencia, etc. Y el de los sobresueldos en negro, entre ellos a un tal “M.Rajoy”. Un partido podrido de corrupción en todas sus administraciones, en Madrid o la Comunidad Valenciana. Y un partido que cuando su Presidente Casado acusa de corrupción a la Presidenta de Madrid, rápidamente se reúne su dirección y cesan al acusador y nombran nuevo Presidente a Feijoó con la aquiescencia de la Presidenta de Madrid que era la acusada de corrupción.

Ese partido y todos sus “adjuntos mediáticos y fácticos” son el “látigo” contra la supuesta corrupción “sanchista”. Ellos los que no son supuestos, sino que han sido declarados corruptos desde Rato a Zaplana, y el propio partido.

Y eso apoyado por poderes fácticos como la Magistratura, ya de por sí muy conservadora pero ahora estimulada al sentirse ofendida por la Amnistía concedida a los condenados del “procès” catalán.

Nada pues nos puede sorprender de un PP que es un partido alérgico a la democracia, siempre corrupto y mentiroso

Hemos visto cómo la mayoría de los jueces y fiscales conservadores ante una ley que pretende democratizar el acceso a las instituciones de la Magistratura, esos señores y señoras jueces y fiscales hacen huelga a pesar de que la tienen prohibida por su cargo. Y no pasa nada, ni sanción, ni siquiera descuento por la huelga como les pasa al resto de los mortales.

Nada nos puede sorprender del PP, lo llevan en sus genes antidemocráticos. A título de anécdota para finalizar sólo recordar que Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia con José María Aznar, y posteriormente consejera del Tribunal de Cuentas, es hija de Jaime Mariscal de Gante, el cual fue Comisario de la Brigada Político-Social franquista en Zaragoza y después fue Juez del TOP (Tribunal de Orden Público franquista) donde instruyó causas contra activistas y sindicalistas antifranquistas.

Nada pues nos puede sorprender de un PP que es un partido alérgico a la democracia, siempre corrupto y mentiroso y con “sus sueños húmedos” aún vinculados a sus reminiscencias de un régimen anterior que añoran.                                            

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