Denuncias sobre "la grave situación de la educación" en la provincia de Cádiz
"No podemos permitir que la inclusión educativa, que es un derecho, se convierta en un nuevo negocio educativo", dice CCOO
CCOO Enseñanza Cádiz ha lanzado una dura crítica contra la Junta de Andalucía, reclamando la inversión urgente de recursos públicos y propios para atender de manera adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales, especialmente a los menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El sindicato considera inaceptable que este apoyo siga dependiendo de iniciativas privadas, voluntariado o del esfuerzo económico de las familias.
"La práctica de depender de los 'profesores sombra' —profesionales externos, a menudo presentados como 'voluntarios' o cuyos costes son asumidos directamente por las familias— se ha generalizado", ha manifestado Santiago Acha, Secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz.
La organización sindical respalda firmemente la reciente decisión de la Federación Andaluza de Autismo (FAA) de rechazar el nuevo convenio propuesto por la Consejería de Desarrollo Educativo. Consideran que este acuerdo perpetúa un modelo que ya ha dejado de ser una solución puntual y ha pasado a convertirse en una carga estructural injusta para muchas familias.
Además, CCOO denuncia la opacidad informativa de la Consejería, que no ha ofrecido datos globales sobre estos convenios ni transparencia sobre la planificación de la atención a la diversidad. Frente a esto, el sindicato insiste en que la Junta ya cuenta con personal cualificado, como el Personal Técnico de Integración Social (PTIS), educadores/as, y especialistas en Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT), que forman parte de su propia plantilla.
Por todo ello, CCOO reclama a la Junta que elabore un plan propio, robusto y transparente que garantice la equidad en el sistema educativo andaluz. Subrayan que la educación es un derecho universal y gratuito, cuya garantía no puede depender de iniciativas externas.
"No podemos permitir que la inclusión educativa, que es un derecho, se convierta en un nuevo negocio educativo", ha advertido Acha. La situación, asegura, ha llegado a un límite “inaceptable”, por lo que exigen a la administración que cumpla con sus obligaciones constitucionales y morales.
Finalmente, CCOO ha anunciado que tomará todas las medidas necesarias para seguir presionando a la Junta y muestra su apoyo total a la comunidad educativa del CEIP Bahía de Barbate, así como a toda la localidad, en su lucha por la igualdad de oportunidades. "Esta grave situación supone un nuevo ataque hacia la educación pública andaluza y hacia uno de sus colectivos más vulnerables, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".
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