Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) criticó este martes que España no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción originalmente prevista para 2024, aunque reconoció que el país ha hecho algunos avances en la lucha contra la corrupción de alto nivel al reducir la duración de estas investigaciones.
Aumentar los esfuerzos para «abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y la fase de instrucción» para «aumentar la eficiencia en la gestión de los casos de corrupción de alto nivel» es una de las principales recomendaciones de la Comisión Europea a España en el informe del Estado de derecho de 2025, publicado este martes.
En plena crisis en el PSOE por la implicación y el envío a prisión del ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, por su supuesta implicación en el caso Koldo, la Comisión Europea señala que «aún no ha empezado el trabajo» en una estrategia nacional anticorrupción que la ley para proteger a denunciantes de corrupción requería para septiembre de 2024.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante preparará un primer borrador tras el reciente nombramiento de su presidente, precisa el informe.
Bruselas, que en la elaboración de este informe contacta con partes interesadas en el ámbito judicial, señala también que entre los comentarios que ha recibido se le advierte de que la ausencia de esta estrategia unificada «corre el riesgo de llevar a la fragmentación y a una vigilancia insuficiente de las medidas anticorrupción».
Por otro lado, la estrategia nacional contra el fraude sí está «en una fase avanzada» pero no se ha previsto aún un calendario para su finalización.
En el ámbito de la corrupción, Bruselas reconoce «algo de progreso» a la hora de abordar una recomendación que le venía haciendo España en años anteriores, la relativa a la duración de las investigaciones y de la fase de instrucción de casos de corrupción, donde percibe mejoras tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la asignación de más recursos a estos esfuerzos.
«La contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave de alto riesgo de corrupción», constata el informe.
El Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía
Por otra parte, la Comisión Europea constató que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía y recordó, al mismo tiempo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene que pronunciarse sobre la norma tras unas vistas que se celebrarán el próximo martes en Luxemburgo.
«El Tribunal Constitucional ha declarado que la ley de amnistía es compatible con la Constitución y se han sometido cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», destacó el Ejecutivo comunitario en el informe anual sobre Estado de Derecho en la Unión Europea.
La CE recordó que en el marco de esos procesos ante la justicia europea ha analizado la norma en base al derecho comunitario, en un informe en el que señaló que la ley «parece constituir una autoamnistía», si bien aseguró que «no parece existir un vínculo de conexión suficiente» entre el procés y los intereses financieros de la UE.
En el documento que publicó hoy sobre la situación del Estado de Derecho en España, de 27 páginas, la CE dedicó un párrafo a la ley de amnistía, en el que destacó que la norma «ha sido objeto de gran controversia», tal como apuntó también la Comisión de Venecia, y que se ha aplicado ya a más de 300 personas.
El pasado 26 de junio, el Tribunal Constitucional avaló la norma por considerar que responde a una situación excepcional y a una finalidad legítima de interés público, en una sentencia que publicó con seis votos a favor de la mayoría progresista, frente a cuatro en contra del sector conservador.Anteriormente, en las observaciones escritas que envió al TJUE el 9 de diciembre de 2024, la Comisión consideró que «no parece que la ley orgánica de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión», sino que «de entrada (…) parece constituir una autoamnistía».
En primer lugar, porque «los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el parlamento español» y en segundo lugar «porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».
Bruselas respondió así ante las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta que presentó ante el TJUE el Tribunal de Cuentas, que debe decidir si aplicar la amnistía, entre otros, a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont y al ex vicepresidente Oriol Junqueras.
En concreto, el Tribunal de Cuentas pregunta si la ley de amnistía respeta los principios de seguridad jurídica y de igualdad de trato que recoge el derecho comunitario.
«Conviene observar que la pertinencia de estas dos cuestiones depende de si la ley orgánica de amnistía puede afectar a los intereses financieros de la Unión. (…) Si no hubiera afectación de dichos intereses, se debería concluir que no ha lugar a responder a estas preguntas», apuntó Bruselas en las observaciones al TJUE.
Sobre esta última cuestión, la Comisión aseguró que «no parece existir un vínculo de conexión suficiente entre las actitudes ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro y los intereses financieros de la Unión.
El Tribunal de Cuentas planteó la posibilidad de que los intereses financieros de la UE se vieran comprometidos por el hecho de que ante la hipotética independencia de Cataluña, la Renta Nacional Bruta -que sirve para calcular lo que cada país debe aportar al presupuestario comunitario- sería inferior en el caso de España.
Sin embargo, la Comisión afirmó que los intereses financieros de la UE no se verían comprometidos porque, en ese caso, habría una «disminución proporcional» de la contribución de un Estado al presupuesto comunitario, que, por otra parte, ya no se aplicaría al territorio independizado.
No obstante, dejó en manos de la justicia española «determinar si las particularidades del asunto principal podrían justificar la existencia de un vínculo de conexión suficiente entre las actividades ilegales y los intereses financieros de la Unión, en particular en el supuesto de que fondos de la Unión hubieran sido desviados para financiar el referéndum ilegal».
Reforzar la figura del fiscal general y el caso de García Ortiz
Por otra parte, el Ejecutivo comunitario recomendó a España seguir trabajando para reforzar la figura del fiscal general y se hizo eco de la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos, así como de las protestas de jueces y fiscales.
Las recomendaciones del informe anual sobre el Estado de Derecho que Bruselas también piden «continuar los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía».
Por otra parte, el documento recuerda que el fiscal general del Estado «se encuentra en proceso judicial» dado que un juez de instrucción del Tribunal Supremo «solicitó su procesamiento» después de ser acusado de «presunta filtración de información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal» y que García Ortiz ha presentado un recurso de apelación.
El informe cita también las protestas de jueces y fiscales que «reflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial», según el Ejecutivo comunitario.
La sexta edición del informe sobre el Estado de Derecho detecta avances en España en seis ámbitos, empezando por el refuerzo del estatuto del fiscal general, pero también en la renovación del CGPJ, así como en las medidas para la adopción de una legislación sobre grupos de presión, en las medidas para investigar y juzgar casos de corrupción y en el refuerzo de las normas sobre conflictos de intereses.
No ve, sin embargo, avances adicionales en el fortalecimiento del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales.
A continuación, emite seis nuevas recomendaciones, empezando por la necesidad de seguir con los esfuerzos para reforzar el estatuto del fiscal general.
Otra recomendación es la de «avanzar en el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los jueces miembros del Consejo del Poder Judicial, teniendo en cuenta las normas europeas».
También recomienda continuar el proceso de adopción de legislación sobre grupos de presión, incluyendo la creación de un registro público obligatorio de lobistas.
Y llama a «intensificar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los procesos judiciales, para aumentar la eficiencia en la gestión de los casos de corrupción de alto nivel, incluyendo la finalización de la reforma del Código de Procedimiento Penal».
Otra de las recomendaciones a España es «impulsar el proceso legislativo para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altas funciones ejecutivas, incluyendo un mayor fortalecimiento de la independencia y la potestad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses».
Por último, se invita a España a «avanzar en el refuerzo del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a documentos oficiales».
Sistema judicial
El informe recoge datos de un reciente Eurobarómetro que explica que el nivel de independencia judicial que se percibe en España sigue siendo bajo entre la población general y ahora es medio entre las empresas.
Reconoce «avances importantes» en la recomendación de concretar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y «ciertos pasos» para avanzar en el proceso de adecuación del procedimiento de nombramiento de sus jueces.
Concluye que, en general, se ha logrado un «progreso significativo» en las recomendaciones del informe de 2024, mientras apunta a la necesidad de «más pasos necesarios para finalizar el proceso para adaptar el procedimiento de designación de los jueces miembros».
Sobre el fiscal general, percibe algunos avances adicionales en la recomendación de fortalecer su estatuto, «aunque algunas partes interesadas expresan opiniones críticas sobre la reforma».
Esas partes han «expresado su preocupación por la reforma prevista, considerando que supone un riesgo para la independencia de la justicia al reforzar las facultades del fiscal general y reducir las garantías profesionales de los fiscales», dice.
Además, se refiere a las actuales protestas de jueces y fiscales, «lo que refleja la tensión generada por las reformas propuestas al poder judicial».
Cada vez hay más ruedas de prensa sin preguntas o se excluyen a medios
Las instituciones públicas y los partidos políticos en España celebran cada vez más ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas o donde se excluye a ciertos medios de comunicación, según el informe sobre el Estado de Derecho publicado por la Comisión Europea.
Ese documento pasa revista a cuatro ámbitos en cada país de la Unión Europea: el sistema de justicia, el marco de la lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales para asegurar la separación de poderes y la rendición de cuentas.
En el apartado sobre los medios de comunicación, el informe constata que «las instituciones públicas y los partidos políticos celebran cada vez con más frecuencia ruedas de prensa en las que se emiten comunicados sin posibilidad de hacer preguntas o en las que se excluye a ciertos medios de comunicación».
El documento recuerda, por otra parte, que pese a que su edición 2024 recomendaba a España avanzar en el refuerzo del acceso a la información con la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, en general «no ha habido más avances (…) a la espera de que se adopte nueva legislación».
Añade que el Gobierno español se ha comprometido a aprobar el proyecto de ley sobre información clasificada, así como una nueva ley de administración abierta para ampliar las obligaciones de transparencia.
Sobre la renovación de RTVE, señala que el nuevo sistema que según el Ejecutivo representa mejor la pluralidad política e ideológica, ha sido criticado en el Congreso por «partes interesadas» que han advertido de que reducir el requisito de mayoría podría debilitar la independencia del ente público y corre el riesgo de hacer que los nombramientos de la Junta sean vulnerables a la política.
Y dice que algunos actores interesados «siguen expresando su preocupación por la falta de independencia y el uso de los medios de comunicación públicos regionales con fines políticos».
Dice asimismo que la transparencia en la propiedad de medios distintos de los servicios audiovisuales, las plataformas de intercambio de vídeos y los ‘influencers’ «sigue siendo motivo de preocupación», a la espera de la aprobación de nueva legislación.
Por otra parte, indica que pese a las medidas previstas en distintas propuestas legislativas, los periodistas siguen enfrentándose a crecientes desafíos en cuanto a las condiciones laborales y la seguridad.
Desde la publicación del Informe sobre el Estado de Derecho de 2024, se han registrado seis nuevas alertas para España en la Plataforma del Consejo de Europa para la Promoción de la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, relacionadas con ataques a la seguridad e integridad física, acoso e intimidación de periodistas y otros actos que tienen efectos intimidatorios sobre la libertad de prensa.
González Pons: El informe del Estado de derecho es el «más duro» sobre corrupción
El dirigente del Partido Popular y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, afirmó este martes que el informe sobre el Estado de derecho publicado por la Comisión Europea sobre España es el «más duro» que recuerda y que, a su juicio, señala a un Gobierno que está «hasta el cuello» en causas de corrupción y afecta a la reputación del país.
«Es el informe más duro contra España sobre el Estado de Derecho, desde que yo tengo memoria», recalcó a la prensa González Pons en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
El dirigente popular se refirió con esos términos a la sexta edición del informe anual sobre el Estado de Derecho, que pasa revista a la situación en cada país de la Unión Europea y que criticó que España no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción.
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