PLATAFORMA POR UNA CHICLANA JUSTA

También el otro principal periódico gaditano, LA VOZ DIGITAL, se hace eco de la constitución de la PLATAFORMA POR UNA CHICLANA JUSTA y aporta otros datos con los que se completa la información.

Una ciudad dividida en dos
Propietarios de casas legales crean una plataforma para «exigir» que no les perjudique la regularización de las viviendas
01.11.2009 - JESÚS M. ARAGÓNCHICLANA

Aunque muchos los tacharán de insolidarios, lo cierto es que a ellos les da lo mismo, y es más, consideran que «los ilegales son quienes han creado el enfrentamiento en esta ciudad».
Un grupo de vecinos y propietarios de viviendas legales y en su mayoría urbanas ha creado una plataforma, a la que denominan Plataforma por una Chiclana Justa, desde la que anuncian que lucharán «para que paguen la regularización quienes no pagaron en su día los gastos de su vivienda».
El planteamiento que realizan es muy sencillo. «Si nosotros pagamos en su momento -y seguimos pagando todos los meses los impuestos-, porqué tenemos ahora que pagar lo que que otros eludieron en su día». En la mañana de ayer los tres portavoces de esta original plataforma, José Alba, Jesús Enrique Rivas y José Izquierdo, defendieron sus posicionamientos y razonaron «el debate que hay en la calle». Ellos explican que se alegran de que «aquellas personas que construyeron sus viviendas fuera de la ordenación urbanística tengan la oportunidad de regularizarlas». A pesar de diferenciar en las 15.000 casas del diseminado sin licencia «a aquellas parejas jóvenes y personas mayores que no tienen para pagar el proceso y que la autoconstruyeron para vivir en ella, de quienes han especulado». La plataforma se muestra tajante y recuerda que «los ciudadanos legales no estamos por la labor de pagar ni un duro para beneficio de esas personas alegales, como les gusta llamarse», explicaron.
Lo cierto es que la aparición de esta nueva plataforma divide profundamente a la ciudad entre quienes tiene una vivienda ilegal -y demandan un proceso económico y asequible para tener servicios y papeles-, y quien considera que «tienen que pagar después de años sin cumplir con sus obligaciones».
Este debate está siendo además muy politizado en los últimos meses, pero la Plataforma por una Chiclana Justa considera que «nosotros no respondemos a ningún planteamiento político, y es más, ya anunciamos que estaremos en contra del Ayuntamiento si deciden pagar todo a los ilegales».
Ese es el verdadero quid de la cuestión; el dinero y el coste que tendrá el proceso. Los propietarios de viviendas para regularizar han presentado de forma masiva alegaciones (hasta 6.084) a las Ordenanzas que deberán regir el proceso, y que dictaminarán el coste y los plazos para pagar. La Plataforma, recién creada, considera que «comprar una casa ilegal les resultó más barato que hacerlo de forma legal», por lo que «el proceso ahora debe ser justo, pero no sufragado por las administraciones que pagamos todos», explican.
Dos posturas
Ellos se oponen «al planteamiento de algunos partidos de la oposición de que el Ayuntamiento y la Junta son los corresponsables y deben abonar la mitad o un tercio del proceso», como piden, entre otros, PP o IU. Se da la circunstancia de que a mediados de noviembre está prevista la movilización de una treintena de asociaciones de vecinos formadas por propietarios de viviendas irregulares, fundamentalmente del entorno de Rana Verde y El Marquesado, que también han formado otra plataforma y que preparan una manifestación.
Ambas son dos posturas de un mismo problema, que divide desde hace años a una localidad acostumbrada a no ver participación vecinal. Y es que Chiclana tiene apenas 80.000 habitantes, 15.000 casas sin licencia, 18 millones de metros cuadrados por legalizar, y un elevado porcentaje de propietarios de ilegales que tienen en ella sólo una segunda residencia. El debate está servido.