“El agua, para el riego”, proclamaba la propaganda franquista mientras inauguraba embalses por toda España. Sin embargo, la realidad que revelan los datos cuenta una historia muy diferente: mientras el régimen presumía de impulsar el regadío agrario, las empresas eléctricas controlaban silenciosamente la mayor parte del agua embalsada en el país.
España, con más de 1 200 embalses y presas, no sólo lidera Europa en infraestructuras hidráulicas, sino que ocupa el quinto lugar mundial.
Esta impresionante red de embalses se ha construido preferentemente bajo un discurso de modernización agraria, pero nuestra investigación revela que, paradójicamente, entre el 50 % y el 70 % de la capacidad de almacenamiento de agua en los embalses españoles ha estado históricamente bajo el control efectivo de las compañías eléctricas y no de los regantes.
La gran paradoja del agua española
En España, la gestión y control de las presas y embalses dependen de su titularidad y del uso al que estén destinados. Las infraestructuras hidroeléctricas han sido operadas por empresas eléctricas bajo concesiones administrativas.
Las concesiones permiten a estas compañías gestionar el agua embalsada para la generación de energía, lo que incluye decidir cuándo liberar el agua para producir electricidad. No obstante, estas decisiones deben alinearse con las normativas vigentes y las necesidades de otros usos del agua, como el abastecimiento urbano, el riego agrícola y la conservación ambiental.
Los números son contundentes. Durante el franquismo, mientras los discursos oficiales ensalzaban el papel del regadío como motor de desarrollo, la capacidad relativa de almacenamiento destinada exclusivamente a riego se redujo a la mitad: del 13 % en 1950 al 6 % en 1970. En el mismo período, el agua reservada para generación eléctrica aumentó del 29,5 % al 37 %. El resto se clasificaba bajo la ambigua etiqueta de “usos mixtos”, una categoría que, al examinarla en detalle, revela otra sorpresa.
En 1986, los 20 mayores embalses de España igualaban en capacidad a los otros 917 existentes. De estas 20 megapresas, 13 estaban clasificadas para “usos mixtos”. Sin embargo, en la concesión, todas ellas priorizaban la generación hidroeléctrica, y en cinco casos era su único uso autorizado. La realidad es clara: el agua embalsada en España ha atendido más a los intereses eléctricos que a los agrarios.
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