De la teoría a la práctica: un modelo de renta básica europea
La idea de implementar una renta básica incondicional, un ingreso monetario para garantizar la existencia material de toda la población, no es nueva. Ya en 1796 el político y filósofo inglés Thomas Paine defendía en su obra Justicia agraria el derecho a un ingreso incondicional, garantizado por la posesión colectiva de la tierra.
En los últimos 50 años el tema ha ido adquiriendo relevancia por distintas razones: desde las crecientes desigualdades sociales –que han incrementado el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social– hasta cambios en el mercado laboral, producto de avances tecnológicos que han producido una pérdida neta de empleo junto al incremento de la productividad.
El contexto europeo y la sostenibilidad financiera
La renta básica universal no es lo mismo que el ingreso mínimo vital. Una renta básica es una asignación monetaria pública incondicional dirigida a toda la población (independientemente de sus condiciones socioeconómicas), mientras que el ingreso mínimo vital es una prestación pública condicionada a situaciones de vulnerabilidad (pobreza, discapacidad, desempleo).
Desde finales de la década de 1980 los países europeos han ido aplicando programas de rentas mínimas para paliar el problema de la pobreza.
En 1988, Francia implementó el revenu minimum d’insertion (RMI), para dar apoyo económico a las personas sin recursos. En mayo de 2020 el Gobierno español aprobó un ingreso mínimo vital (IMV) para personas en situación de pobreza severa. Otros países europeos como Alemania, Suecia, Portugal, Italia y Bélgica cuentan también con programas de rentas mínimas.
En 1989, el Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas señalaba:
“La pobreza debe ser combatida en todas sus causas y en todas sus consecuencias, ya que se trata de una injusticia que no puede aceptar una sociedad basada en principios y valores humanistas (…) Resulta evidente que nadie puede, a priori, ser considerado responsable de su pobreza”.
Las políticas asistenciales se muestran insuficientes para garantizar una vida digna a toda la población europea. De hecho, en 2023, 94,6 millones de personas (el 21,4 % del total) estaban en riesgo de pobreza o exclusión social.
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