El Gobierno lleva a Ayuso al Constitucional por la ley de la Memoria democráctica

 El Gobierno lleva la ley de Ayuso contra la Memoria Democrática al Constitucional

El Consejo de Ministros ha aprobado la presentación del recurso de inconstitucionalidad

El Gobierno de coalición llevará al Tribunal Constitucional la ley con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende evitar que se recuerde y honre, con la colocación de una placa, la memoria de los miles de torturados y represaliados por el franquismo en la Real Casa de Correos, actual sede del Ejecutivo madrileño y antaño hogar de la Dirección General de Seguridad (DGS). Así lo ha acordado el Consejo de Ministros y lo ha trasladado la ministra portavoz, Pilar Alegría, que ha confirmado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.  

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pilotado por Ángel Víctor Torres, ha intentado acercar posturas con el Gobierno madrileño en más de una ocasión, pero desde la Puerta del Sol han declinado la negociación. Por el contrario, han preferido lanzar un vídeo con Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz-Gallardón, expresidentes de la Comunidad, para defender su Ley de medidas para la mejora de la gestión en el ámbito local y autonómico y evitar el homenaje a los torturados de la dictadura, que califican como “resucitar el guerracivilismo”.

“Se ha aprobado la impugnación ante el TC de la modificación legislativa de la Comunidad de Madrid para no declarar la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática", ha explicado la también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. "Esta medida se lleva adelante después de que la Comunidad de Madrid declinara la invitación al diálogo para resolver las discrepancias con respecto a este asunto”, ha justificado Alegría.

Ayuso se arroga el poder única de decisión

El edificio cuenta ya con tres placas conmemorativas en la fachada (héroes del 2 de mayo, atentado del 11M y víctimas de la Covid-19), la última de ellas colocada bajo el mandato de Ayuso, que pretende atribuirse el poder único sobre el edificio y no permitir ninguna actuación sin su consentimiento. “La instalación con carácter permanente de cualquier placa o distintivo en la Real Casa de Correos requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”, recoge el nuevo articulado de la ley, aprobado por la mayoría del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.

La justificación dada por la Comunidad es que “tienen la obligación de proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual de la Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”. Sin embargo, más allá de la consideración de “sectario e innecesario” que la propia presidenta ha dedicado al recuerdo de los represaliados, no se ha concedido una explicación sobre por qué la memoria de las víctimas del franquismo va contra alguno de esos puntos.

No obstante, Ayuso se apoya en el punto dos del artículo 88, que con el nuevo redactado establece que “no se podrá autorizar la instalación de ninguna placa o distintivo que pueda perjudicar o resultar incompatible con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que pueda generar confusión sobre la Real Casa Correos como Sede de la Presidencia”.