Una nueva publicación del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) pone en evidencia a través del análisis de datos estadísticos, el impacto negativo de la crisis sobre los derechos económicos y sociales de los sectores más vulnerables de la población, y la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno español para contrarrestar dicho impacto, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Con motivo de la comparecencia de España ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de las Naciones Unidas en el mes de Mayo de 2012, CESR ha publicado una ficha informativa que ofrece una lectura de las estadísticas relacionadas con el disfrute de los derechos económicos y sociales en España desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente tras la crisis económica que comenzó a afectar al país en 2007.
El documento subraya el impacto negativo tanto de la crisis económica como de las respuestas del gobierno a la misma, en el disfrute del derecho al trabajo y a unas condiciones laborales decentes en España, donde una cuarta parte de la población activa está desemplea. Esta situación ha puesto en peligro la capacidad de una gran parte de la población para acceder a un nivel de vida adecuado y a una vivienda asequible. El deterioro de una amplia gama de indicadores sociales y económicos, incluyendo el marcado aumento de los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos, junto con los drásticos recortes en el gasto social, apuntan a un retroceso en los derechos arriba mencionados, con gravísimas consecuencias en la vida de las personas ubicadas en los sectores más vulnerables de la población.
Asimismo se analizan las medidas presupuestarias y fiscales adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis. Pese a que el gasto social per cápita en España ya era relativamente bajo, los recortes realizados al amparo de las medidas de austeridad se han centrado en sectores sociales como la educación, vivienda y seguridad social, y también en la cooperación internacional al desarrollo. El análisis y las estadísticas de esta publicación muestran que el Estado podría realizar esfuerzos más equitativos para generar recursos potenciales como alternativa a las medidas de austeridad, de conformidad con su obligación de destinar el máximo de los recursos de que disponga, para la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación ni regresividad deliberada. Constituye un motivo de especial preocupación el deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez y de las personas jóvenes, y los efectos a largo plazo que pudieran derivarse para ellos.
La ficha informativa fue distribuida entre los miembros del Comité DESC durante la comparecencia de España ante este órgano, la cual ha constituido una oportunidad importante para que el Estado rindiese cuentas sobre el nivel de esfuerzos que está haciendo para evitar los retrocesos en estos derechos, y para que explique si ha considerado medidas alternativas a la austeridad fiscal que respeten y protejan los derechos de los colectivos más afectados por la crisis. Tal como se refleja en las recomendaciones del Comité, el estado ha fallado en el cumplimiento de estas obligaciones. Este Comité, constituido por 18 expertos independientes de diferentes nacionalidades, está encargado de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados partes con sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(PIDESC), ratificado por el Estado español en 1977. La sociedad civil en España se ha movilizado activamente para hacer incidencia y participar en este proceso, al ser éste un mecanismo relevante en el sistema de protección universal de los derechos humanos en el plano internacional.
En sus recomendaciones finales al Estado, las cuales el Gobierno español tendrá que cumplir antes de su próxima aparición dentro de 5 años, el Comité DESC, pidió al Estado “revisar” las medidas de austeridad por perjudicar de forma “desproporcionada” a los colectivos más vulnerables y marginados. En una carta abierta a todos los Estados miembros delPIDESC, el presidente del Comité DESC, Sr. Ariranga Pillay, subrayó que los Estados deben proteger los derechos humanos en épocas de crisis económica y asegurar que las estrategias para afrontar la crisis, inclusive las medidas de austeridad, sean siempre temporales, proporcionales, no discriminatorias, y que identifiquen y protegen el contenido mínimo esencial de los derechos económicos y sociales en todo momento.
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