Inmuebles procedentes del rescate bancario se incorporarán a la nueva empresa estatal de vivienda. Además, el Ejecutivo ha impulsado la Ley de Consumo Sostenible, que fomenta la reparabilidad de los productos, veta la publicidad de combustibles fósiles y regula la reventa de entradas.Inmuebles procedentes del rescate bancario se incorporarán a la nueva empresa estatal de vivienda. Además, el Ejecutivo ha impulsado la Ley de Consumo Sostenible, que fomenta la reparabilidad de los productos, veta la publicidad de combustibles fósiles y regula la reventa de entradas.
El Consejo de Ministros ha adoptado nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda, la "principal preocupación" del Ejecutivo, según ha señalado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
El objetivo -ha añadido- es ampliar el parque público de vivienda asequible y permanente ante una crisis que sufre todo el entorno europeo, pero que en España se agrava por la ausencia de un parque de esas características. Rodríguez ha apuntado que en los últimos años el porcentaje del parque público de vivienda ha pasado del 2,5% al 3,4%, aún lejos del 9% que es la media europea. Para aumentar y blindar ese parque, el Gobierno ha creado instrumentos como la Ley de Vivienda y la Empresa Pública de Vivienda y Suelo, que va a garantizar que todos los recursos del Estado que puedan convertirse en un hogar tengan esa finalidad y no otra.
Más viviendas y suelo para alquiler asequible
La ministra ha agregado que, mientras se desarrollan las promociones que resuelvan "esta emergencia habitacional", son necesarias medidas extraordinarias para disponer en el menor tiempo posible de esas viviendas. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros ha aprobado transmitir los activos de la SAREB, la sociedad que se creó en 2012 para gestionar los activos problemáticos de entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria, a la entidad pública empresarial SEPES, en vías de convertirse en la Empresa Estatal de Vivienda y Suelo de la Administración General del Estado.
De esta manera, se incorporan viviendas para alquiler asequible al parque público y se reparan "las secuelas derivadas de la anterior crisis financiera, del uso de estas viviendas procedentes de los desahucios de las familias para pagar el rescate financiero", en palabras de la titular de Vivienda. Se trata de uno de los anuncios realizados por el presidente del Gobierno a comienzos de este año: ofrecer a la ciudadanía esas viviendas en forma de alquiler asequible, es decir, que se sitúen por debajo del precio del mercado y, en ningún caso, superen el 30% de los ingresos de las familias. "En definitiva, se trata de destinar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos a rescatar a las familias", ha afirmado Rodríguez.Vivienda y Agenda Urbana ha evaluado todos los suelos e inmuebles propiedad de la SAREB para determinar cuáles podían ponerse a disposición de los ciudadanos lo antes posible. En total, son unas 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos donde podrían construirse otras 55.000. El valor estimado de la operación es de 5.900 millones de euros.
Los criterios empleados han sido, en primer lugar, geográficos: aquellos lugares donde más se precisa vivienda en alquiler y a precios asequibles; también se han priorizado las zonas declaradas tensionadas y las afectadas por la DANA. Se ha tenido en cuenta, igualmente, la dimensión de las viviendas y las condiciones técnicas y de habitabilidad en que se encuentran los inmuebles.
La titular de Vivienda ha recordado que la tarea de construir un parque de viviendas asequibles comenzó con terrenos de titularidad del Ministerio de Defensa, para lo que se estableció una consignación presupuestaria importante. Un segundo acuerdo del Consejo de Ministros de hoy ha consistido, precisamente, en habilitar a la empresa pública para que pueda usar esos recursos, que suman 593 millones de euros.
También en el ámbito de la vivienda, Isabel Rodríguez ha subrayado que hoy comienza a aplicarse el registro único de alquileres de corta duración, necesario para la comercialización de los alojamientos turísticos o los contratos temporales o de habitaciones. El fin es ofrecer garantías a la ciudadanía y, sobre todo, impedir el fraude y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales que están impidiendo el acceso de tantas familias a la vivienda, ha dicho Rodríguez, que ha reiterado la necesidad de que todas las administraciones se impliquen en las políticas públicas de vivienda.
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