DECLARACIÓN DE EUROPA LAICA
Europa Laica rechaza el ataque ideológico a derechos sociales y cívicos, por parte del Gobierno, mientras que deja libre de los recortes y las prebendas a la Iglesia Católica y a las grandes fortunas.
Europa Laica rechaza el deliberado ataque ideológico que se está produciendo en España y en el conjunto de Europa, contra los derechos civiles y sociales conquistados, con enorme esfuerzo y durante décadas por la ciudadanía, esgrimiendo como coartada una denominada crisis, montada por una brutal codicia mercantil y política, que ha tenido diversidad de cómplices.
Europa Laica llama la atención de la ciudadanía ante la decisión del Gobierno de cargar los recortes sobre los sectores más castigados y débiles de la población, como consecuencia de una situación provocada deliberadamente, con la finalidad de eliminar derechos cívicos y sociales, mientras que las grandes corporaciones y las finanzas han aumentado sus beneficios en 2011, algunas de forma escandalosa. Todo ello en un intento de aprovechar la actual situación, para desmantelar el sector público y arrasar las conquistas sociales de las clases trabajadoras, así como los derechos sociales eindividuales de la ciudadanía, que tanta lucha y esfuerzo han supuesto a lo largo de la historia.
Europa Laica rechaza que el gobierno haya apostado por garantizar -sin ninguna merma- los cuantiosos recursos que recibe la iglesia católica: Más de 11.000 millones de euros a lo largo de este año, entre subvenciones directas, beneficios fiscales y desgravaciones. Cantidades que paliarían, una parte importante, de los brutales recortes en Educación, Sanidad y Servicios sociales públicos, rebajas salariales o las subidas de impuestos directos, a sabiendas que todo ello afectará, fundamentalmente, a los más débiles.
Sin embargo, la iglesia católica sigue viviendo en un paraíso fiscal. La propia asignación tributaria en el IRPF que se acaba de realizar, ya sería suficiente para resolver el actual problema de la minería u otros similares. Las múltiples exenciones de las que disfruta la iglesia en IBI, ICO,... serían suficientes para eliminar muchos de los recortes sociales que se están produciendo.
Es inadmisible que el confesionalidad del gobierno y de algunos sectores políticos liberen del más mínimo esfuerzo a la iglesia católica, propietaria -mediante la usurpación- de un enorme patrimonio rústico y urbano, de importantes recursos financieros, de empresas encubiertas… al igual que eximen a otras grandes fortunas financieras y patrimoniales, imponiéndolo a la mayoría social, como si de un cataclismo natural se tratara y no de actuaciones de responsables económicos y políticos que siguen viviendo y actuando con total impunidad, o incluso aprovechando la crisis para aumentar sus patrimonios.
Europa Laica lleva en este momento recogidas más de 70.000 firmas reclamando un cambio radical en la financiación de las religiones, con el fin de exigir una modificación de la Ley de Haciendas Locales y de la Ley de Mecenazgo, para que tanto la iglesia y sus numerosas organizaciones, las demás confesiones religiosas, así como otras entidades, fundaciones u organizaciones que se valen de esta norma para verse exentas de impuestos (sociedades, patrimonio, IBI,...) los paguen y contribuyan a aumentar los ingresos del Estado, en vez de subir impuestos directos y recortar servicios públicos, que sólo conduce a más crisis y más paro.
Resulta inadmisible que el gobierno no haya planteado este tipo de medidas, así como el fraude fiscal, la lucha contra la corrupción o la imposición progresiva como elementos para superar la crisis, en vez de unos recortes o unas subidas de impuestos que traerán más recesión y pérdida de derechos.
Tan inadmisible como mantener unos catequistas designados por los obispos, adoctrinando en lasescuelas y haciendo proselitismo a propuesta de los obispos, mientras que quedan sin trabajo miles de docentes interinos y se ataca al conjunto del funcionariado.
Europa Laica ante esta situación llama a la ciudadanía a movilizarse contra este brutal "golpe de Estado", para defender las conquistas y para mantener un sector público potente, que garantice la igualdad y la solidaridad, base fundamental de una sociedad libre y justa, por la que apuesta el laicismo y la emancipación laica, al luchar por las condiciones jurídicas, sociales, políticas, económicas y detodo tipo, que permitan garantizar la libertad de conciencia y la dignidad como seres humanos y sujetos de los derechos, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El informe, realizado por de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), constata que existen grandes diferencias internas entre las comunidades autónomas, ya que hay 3 territorios, Andalucía, Extremadura y Canarias cuya tasa supera el 30 por ciento.
