El ministerio comandado por Yolanda Díaz ha impulsado varias medidas que espera concretarlas en los próximos meses (pese a las reservas del PSOE): registro laboral, riesgos laborales y estatutos del Becario y del Artista
Este 1 de mayo, como cada año, España celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que conmemora el movimiento obrero mundial y que en 2026 llega con varias reformas del ámbito laboral en curso. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al frente, ha impulsado medidas que espera concretar en los próximos meses para reforzar la protección y seguridad de los trabajadores y mejorar sus condiciones; aunque su futuro es incierto tanto por las discrepancias entre PSOE y Sumar como por la falta de mayoría parlamentaria.
Riesgos laborales
El último Consejo de Ministros, el del martes 28 de abril, aprobó el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una actualización de calado que busca adaptar el marco normativo a los cambios profundos que ha experimentado el mundo del trabajo en las últimas décadas.
La digitalización, la irrupción de nuevas formas de organización laboral, el impacto del cambio climático o la creciente atención a la salud mental obligan a revisar una legislación que, aunque sólida en su base, se había quedado desfasada.
El texto, que deberá pasar nuevamente en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, no se limita a una actualización técnica, sino que introduce un cambio de enfoque: amplía el concepto de riesgo laboral más allá de lo físico para incorporar de forma explícita los factores psicosociales, cognitivos o emocionales. En otras palabras, reconoce que el trabajo no solo puede enfermar el cuerpo, sino también la mente.
Así las cosas, si prosperase la iniciativa, no solo se tendrán en cuenta los riesgos físicos tradicionales, sino también aquellos de carácter mental, conductual o social. El anteproyecto incorpora de forma expresa los riesgos psicosociales —como el estrés, la ansiedad o la sobrecarga laboral—, así como los derivados del cambio climático o los factores ergonómicos.
Esta ampliación obliga a las empresas a revisar sus evaluaciones de riesgos, que deberán contemplar todas estas dimensiones y sus interacciones. Además, se refuerza la idea de que la prevención no puede ser genérica: cada puesto de trabajo deberá contar con un análisis específico, adaptado a sus condiciones concretas.
En esta línea, se establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones mediante visitas presenciales a los centros de trabajo, con el objetivo de evitar diagnósticos meramente formales o alejados de la realidad cotidiana de los empleados.
La reforma pone un acento especial en la vigilancia de la salud, que pasa a tener una doble vertiente: individual y colectiva; y endurece las obligaciones empresariales en materia de prevención. Las compañías deberán informar no solo de los riesgos generales, sino también de los específicos de cada puesto, así como de las medidas de protección correspondientes.
También se introduce la obligación de contar con protocolos frente a situaciones de acoso o violencia, incluidos los de carácter sexual o por razón de sexo. En paralelo, se exige a las empresas adoptar medidas ante catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos, un elemento novedoso vinculado al impacto creciente del cambio climático en la actividad laboral.
La formación en prevención también cambia: deberá ser práctica y, como norma general, presencial, salvo causas justificadas. El objetivo es garantizar que los trabajadores no solo conozcan los riesgos, sino que sepan cómo actuar ante ellos.
Registro laboral
En el horizonte del Ministerio de Trabajo está la reforma del registro laboral, que prevé articular mediante un desarrollo reglamentario. Y aunque no tendrá que someterse a la tramitación parlamentaria, choca tanto con el PSOE como con el Consejo de Estado.
Tanto el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo como el de Transformación Digital y Función Pública, de Óscar López, ambos socialistas, han manifestado reservas a la propuesta de Díaz. La discusión entre socios es habitual en una coalición, pero en este caso, los magenta lo consideran una deslealtad y una vulneración del propio acuerdo de coalición.
Trabajo continuará con su hoja de ruta y asegura que no modificará sus dos puntos clave: que el registro sea digital para garantizar que sea un método objetivo y no manipulable para controlar la jornada, y que este sea accesible por la Inspección de Trabajo para su verificación.
Ante esta situación, el ministerio de Díaz opta por no aventurar un potencial calendario de aprobación en Consejo de Ministros.
Estatuto del becario
La otra asignatura pendiente en la que Trabajo concentrará esfuerzos en los próximos meses sí que deberá superar el examen del Congreso. Se trata del Estatuto del Becario, cuyo proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros el 3 de marzo y ya se encuentra en el Congreso descansando al calor del famoso “Ampliación de enmiendas”. Las esperanzas de que prospere son pocas, empezando por el propio PSOE, que no termina de ver con buenos ojos el contenido.
La propuesta del departamento de Díaz cuenta con el beneplácito de los principales sindicatos, UGT y CCOO, pero no con el apoyo de la patronal.
El texto propone un recorte significativo en la duración de las prácticas extracurriculares, que quedarían limitadas a un máximo de 480 horas por estudiante, lo que supone una reducción del 50% respecto a la situación actual. Además, estas no podrían exceder el 15% de la carga total de créditos ECTS.
En el caso de las prácticas curriculares, el planteamiento varía según el nivel formativo. Para los grados universitarios, se fija como tope el equivalente al 25% de los créditos ECTS, mientras que en los másteres ese límite se amplía hasta un máximo del 33%.
La norma también introduce cambios en las condiciones económicas. Se contempla la obligación de que las empresas compensen determinados gastos asociados a la actividad formativa, como el transporte al lugar de trabajo, si bien esta medida no sería aplicable a los becarios que ya perciban una nómina.
Por otro lado, se establece un límite a la presencia de becarios en las plantillas: no podrán superar el 20% del total de trabajadores. No obstante, se abre una excepción para las empresas de menor tamaño, que podrán acoger hasta dos personas en formación práctica con independencia de su número de empleados.
Estatuto del artista
El pasado martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró que el nuevo Estatuto del Artista verá la luz en las próximas semanas.
La iniciativa busca actualizar el marco laboral del sector cultural para adaptarlo a la realidad actual, marcada por la digitalización, la inteligencia artificial y nuevas formas de producción. Entre sus principales medidas, regula el uso de la IA generativa, permitiéndola solo en el marco del contrato artístico y siempre que no sustituya al trabajador. Cualquier uso de la imagen, voz o trabajo del artista fuera de ese marco requerirá consentimiento expreso y compensación económica.
En suma, la agenda laboral del Gobierno dibuja una hoja de ruta ambiciosa, con reformas que buscan adaptar el mercado de trabajo a nuevos desafíos como la digitalización, la salud mental o la precariedad formativa. Sin embargo, el denominador común es la incertidumbre: normas en tramitación, apoyos parlamentarios frágiles y tensiones dentro del propio Ejecutivo.
