El informe de Europa Laica revela cómo la jerarquía católica utiliza publicidad engañosa y mantiene privilegios económicos intolerables
El pasado 21 de marzo, Europa Laica hizo pública una denuncia contundente contra la Conferencia Episcopal Española por el injustificable tratamiento económico privilegiado que recibe la Iglesia católica del Estado español. Desde 2007, según revela el informe elaborado por Eugenio Piñero Almendros, la jerarquía eclesiástica ha absorbido cerca de 4.500 millones de euros procedentes exclusivamente de la casilla destinada a la Iglesia en la declaración del IRPF, dinero público extraído directamente del bolsillo de toda la ciudadanía, independientemente de sus creencias.
Solo en 2023, esta cantidad ascendió a 382,4 millones de euros. La falacia que se mantiene año tras año es que estos fondos provienen únicamente de quienes marcan voluntariamente la casilla correspondiente en su declaración. Sin embargo, Europa Laica subraya que esta afirmación es una burda manipulación. En realidad, la casilla solo determina el importe que se entregará a la Iglesia, pero dicho dinero se sustrae directamente del erario público, afectando por igual a contribuyentes que optan por no marcar ninguna casilla.
Además, Europa Laica destapa en su informe la publicidad engañosa financiada con 5,3 millones de euros del propio dinero tributario para convencer a la población de que la recaudación se destina a obras sociales. Sin embargo, en la Memoria Anual presentada por la Iglesia no existe ni una sola referencia a gastos destinados a actividades sociales. Más bien todo lo contrario: el 80% del dinero público que recibe la institución se emplea exclusivamente en pagar salarios, seguros sociales de sacerdotes y obispos, además de gastos generales de funcionamiento.
La realidad resulta aún más escandalosa al descubrir que, en 2023, las diócesis españolas registraron un superávit de 73,7 millones de euros, una cantidad que, en lugar de ser devuelta al Estado, termina en la «hucha particular» de la Iglesia. Mientras la mayoría de la ciudadanía se enfrenta a dificultades económicas crecientes, una institución religiosa amasa dinero público como si se tratara de un privilegio natural y eterno.
LA ESTAFA DE LAS CASILLAS DEL IRPF
Europa Laica también denuncia la existencia misma de las casillas del IRPF dedicadas a la Iglesia católica y a los denominados «fines sociales». Ambas funcionan como auténticas herramientas de desviación de fondos públicos, muchas veces acabando en manos de organizaciones religiosas. El mecanismo permite que millones de euros de impuestos sean detraídos del conjunto de la ciudadanía, incluyendo quienes no comparten estas creencias, financiando así privilegios injustificados e incompatibles con un Estado que se declara formalmente aconfesional.
Desde Europa Laica se invita, por ello, a no marcar ninguna de estas casillas hasta que sean eliminadas definitivamente. El colectivo reclama que todos los impuestos, sin excepción, sirvan realmente para cubrir las necesidades sociales colectivas y no para mantener estructuras religiosas privilegiadas.
UN ESTADO ACONFESIONAL EN TEORÍA, CONFESIONAL EN LA PRÁCTICA
La situación expuesta por Europa Laica revela un Estado que se declara aconfesional en la teoría pero que, en la práctica, sostiene privilegios anacrónicos e injustificables para la Iglesia católica. Este trato económico preferente se agrava al recordar que la jerarquía eclesiástica se comprometió hace más de cuarenta años a renunciar a estos privilegios económicos. Desde entonces, ha incumplido sistemáticamente su promesa, aprovechando además exenciones fiscales obscenas, como el no pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), sucesiones y patrimonio, mientras cualquier ciudadano común sí está obligado a asumir estas responsabilidades tributarias.
Actualmente, solo el 18,3% de la población española se considera católica practicante, según datos recientes, lo que evidencia una secularización imparable de la sociedad española. Pese a esto, los gobiernos sucesivos han mantenido una política servil con respecto a la Iglesia, permitiendo que miles de millones de euros públicos sigan sosteniendo una institución religiosa que actúa como una corporación empresarial, obteniendo beneficios económicos que no declara y cuyos réditos financieros permanecen ocultos ante Hacienda.
Europa Laica plantea una exigencia clara: eliminar de inmediato cualquier financiación pública hacia la Iglesia católica. No basta con discursos sobre la modernización del Estado; es imprescindible actuar y cortar de raíz esta insostenible situación de privilegios económicos otorgados a una organización religiosa particular. La sociedad española debe exigir una separación total, real y efectiva entre la Iglesia y el Estado, poniendo fin a décadas de abusos institucionalizados.
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