La Fiscalía investiga a seis colegios religiosos

 

La Fiscalía investiga a seis colegios religiosos por un presunto fraude en el uso de dinero público para pagar a profesores

• Dos denuncias y un informe de la Consejería de Educación tratan de aclarar cómo se ha usado el “pago delegado”, el sistema por el que la Junta abona a los centros el dinero para los salarios de los profesores

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  Desde el pasado mes de mayo, la Fiscalía Provincial de Córdoba investiga dos denuncias presentadas contra la fundación de enseñanza Santos Mártires de Córdoba, propiedad de la Diócesis de Córdoba, por un presunto delito de corrupción económica y otro de fraude. Las denuncias se refieren al uso de fondos de “pago delegado” de la Junta de Andalucía, el sistema del que se nutren las nóminas de los profesores de la concertada.

  Según ha podido confirmar este periódico de numerosas fuentes, la denuncia se interpuso ante la Fiscalía de Andalucía y la propia Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Además, las dos denuncias se dirigieron también a la Oficina Andaluza Antifraude. Tanto la Fiscalía de Andalucía como la Oficina Antifraude han trasladado las denuncias a la Fiscalía Provincial de Córdoba, que es la que ha centralizado el caso. La Consejería de Educación, por su parte, ha elaborado un informe que ha entregado ya a la Fiscalía.

  El caso se centra en seis de los 11 colegios concertados religiosos que tiene la fundación de los Santos Mártires en la provincia de Córdoba: Trinidad, Jesús Nazareno, San Rafael Obispo, Sansueña, Reales Escuelas Pías de la Inmaculada y San Acisclo. Los técnicos de la Consejería de Educación se dirigieron en julio a estos centros concertados. El objetivo era analizar el uso concreto que se hacía de los fondos públicos, según las fuentes consultadas.

  La investigación trata de arrojar luz sobre el uso de estos fondos públicos. El pago delegado es el sistema por el que la Consejería de Educación abona las nóminas de los trabajadores a cada centro concertado. Estos profesores no son empleados públicos, sino trabajadores de cada colegio. Pero su salario sí que lo abona la administración. Por eso, la Consejería abona cada mes a nombre del colegio el dinero necesario para el abono de los salarios de sus profesores. El centro, a cambio, tiene que justificar adecuadamente los salarios, las horas extraordinarias, las altas, bajas y vacaciones, entre otras circunstancias.

  Las dos denuncias aluden a un presunto mal uso de ese dinero. Una se referiría a un presunto descontrol en el abono a un grupo de profesores, que según la denuncia habrían estado cobrando por clases que no se impartían. Otra de ellas, al uso de este dinero para abonar otros salarios o gastos que no tendrían que ver exactamente con el de los docentes.

• En la sede de la Fiscalía Provincial de Córdoba ya han declarado varios trabajadores y directores de estos centros. Mientras, el servicio de Inspección de la Junta de Andalucía entregó un primer informe a la Fiscalía, aunque sigue trabajando en el caso, según las fuentes consultadas.