El anteproyecto de Ley de Administración Abierta .

 

Aumenta los requisitos de transparencia en el funcionamiento y actividad de las instituciones públicas. Amplía las obligaciones de publicidad activa sobre agendas institucionales y viajes oficiales de los responsables de las Administraciones y su sector público institucional, hasta el nivel de subdirectores generales. Establece, por primera vez en el ámbito de la Admón. General del Estado (AGE), un régimen sancionador por el incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Refuerza el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que se dota de la potestad de imponer multas coercitivas de 600 a 1.000 euros. Fomenta la participación ciudadana a través de instrumentos novedosos como las auditorías ciudadanas y los pactos de integridad para prevenir y luchar contra la corrupción en el ámbito de la contratación pública. Define por primera vez el conflicto de intereses para todo el personal público de todas las administraciones y establece medidas aplicables al personal eventual.