Acuerdo pesquero con Marrueco

La UE firma un nuevo protocolo de pesca con Marruecos

El acuerdo, que tendrá un coste para la UE de 40 millones de euros, permitirá el aumento de las cuotas de pesca para la flota europea. La sostenibilidad de los recursos, la rentabilidad y el respeto a la legalidad internacional son los pilares del nuevo Protocolo, de aplicación una vez ratificado por las instituciones colegisladoras.

El acuerdo, que tendrá un coste para la UE de 40 millones de euros, permitirá el aumento de las cuotas de pesca para la flota europea. La sostenibilidad de los recursos, la rentabilidad y el respeto a la legalidad internacional son los pilares del nuevo Protocolo, de aplicación una vez ratificado por las instituciones colegisladoras.
La comisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca, María Damanaki, firmó ayer en nombre de la Unión un Protocolo de cuatro años al Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con el ministro de Agricultura y Pesca Marítima de Marruecos, Aziz Ajanuch. Aunque el acuerdo no será de aplicación inmediata, ya que debe ser ratificado por los parlamentos europeo y marroquí, tanto la comisaria Damanaki como el ministro Ajanuch han manifestado su intención de trabajar para que el proceso sea rápido, en particular en lo que se refiere a la tramitación entre Consejo y Parlamento Europeo.
El texto acordado está basado en tres principios: sostenibilidad de los recursos, rentabilidad y respeto a la legalidad internacional, alineándose así con la política pesquera común reformada. Se hace especial hincapié en los dictámenes científicos (será el Instituto Nacional de Investigación Pesquera el que determinará los excedentes), la rentabilidad económica, la buena gobernanza y el respeto al Derecho internacional. A pesar de que el Acuerdo no menciona específicamente al Sahara Occidental, sí recoge criterios para que beneficie a la población local que han sido incluidos para respetar las resoluciones de la Eurocámara relativas al respeto de los Derechos 
Humanos de la población saharaui.
La contrapartida económica para Marruecos se ha fijado en 40 millones de euros, superando los 36,1 millones del período anterior. La Unión asumirá 30 millones de euros anuales, de los cuales 16 millones de euros se pagarán como compensación a Marruecos por el acceso a los recursos y 14 millones de euros se destinarán a apoyar al sector pesquero en el país. Los 10 millones de euros restantes constituyen la contribución de los armadores, aunque esta cifra es variable en función del número final de licencias que se utilicen. A pesar de que no se ha conseguido reducir el monto del acuerdo, deseo expresado por Damanaki durante las negociaciones, a cambio se han mejorado las condiciones para la flota comunitaria, que tendrá derecho a mayores cuotas de pesca. De esta forma, se permite un mayor esfuerzo de pesca sólo en las categorías 1 y 2, cerqueros y palangre de fondo, utilizados casi exclusivamente por barcos de la costa gaditana. Los buques europeos han obtenido 126 licencias, de las que 98 serán para españoles (44 para pescadores andaluces) y beneficiarán aproximadamente a 700 tripulantes.

(Copiado de Newsletter de la Delegación de la JdA en Bruselas. 25 de julio de 2013. Número 52)

La derecha gobernante no quier el tranvía

Las tres 'ciudades del tranvía' se niegan a pagar su déficit

Los alcaldes de San Fernando y Chiclana advierten de que no asumirán ningún coste de la explotación de este transporte, "que es un proyecto de la Junta"

AMAYA LANCETA SAN FERNANDO | ACTUALIZADO 24.07.2013 - 06:36

Aspecto de la calle Real en las inmediaciones de la Iglesia Mayor, con la plataforma tranviaria en el centro de la calle y en primer plano una de las paradas previstas.

Loaiza (centro), junto a Marín (i.) y Ruiz-Sillero, en la sede del PP de Cádiz.

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• Chiclana insiste en el coste cero0 votos

La respuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda a la pregunta del PP sobre a cuánto ascendía el coste estimado del funcionamiento del tranvía entre Cádiz, San Fernando y Chiclana desató ayer las críticas de las responsables locales de estos municipios al comprobar que la Junta de Andalucía no tiene el cálculo definitivo de la tarifa técnica del tranvía ni de la organización definitiva para el servicio. "¡No saben todavía cuánto va a costar!", lamentaba el alcalde de San Fernando, José Loaiza, acompañado del regidor de Chiclana, Ernesto Marín, y la parlamentaria andaluza Teresa Ruiz-Sillero. La indignación de estos dirigentes, más el de Cádiz, también implicado en este proyecto de transporte del Gobierno andaluz, se centra especialmente en el coste que la gestión y explotación supondrá no sólo para la Junta, sino también para los propios ayuntamientos. "En ninguna de las conversaciones de la Junta con el Ayuntamiento de Chiclana, con el Ayuntamiento de San Fernando o con el de Cádiz, ni en ninguna de las reuniones ni de las firmas de convenio de obra y de infraestructura, se ha dicho que la explotación no fuera a ser sufragada por la Junta. Sí se ha dicho de palabra que esto no iba a costar dinero a los ayuntamientos, porque lo hemos preguntado", manifestó Loaiza. 

Que la explotación del tranvía puede suponer un coste a los consistorios de las localidades que conectará en el futuro este medio de transporte se desprende, sostienen los populares, de la contestación dada por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, a una pregunta realizada por la parlamentaria Ruiz-Sillero. "Por primera vez se quitan la careta y dan a entender quién va a sufragar esto", ironizaba el mandatario isleño. Concretamente, Cádiz, San Fernando y Chiclana tendrían que hacer frente a un porcentaje del déficit tarifario que conllevaría el funcionamiento del tranvía, puesto que el precio del billete de usuario no cubriría la tarifa técnica. "La tarifa técnica es el coste del servicio, los gastos de explotación, que se sufraga con el coste del billete. El resto es lo que se considera déficit tarifario, que ahora dicen que será con cargo a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos, a través del Consorcio Metropolitano de Transporte", explicó el dirigente del PP. Eso quiere decir en definitiva, advirtió, que "los vecinos de San Fernando, Chiclana y Cádiz tendrían que pagar el déficit". 

Como ejemplos, pusieron sobre la mesa los casos de Jaén y de Vélez-Málaga, donde el tranvía que ya no está funcionando alcanzó el año pasado un déficit de 2 millones de euros. "Eso era con dos unidades para cuatro kilómetros y todavía tenía que disponer de una tercera unidad, lo que hubiera disparado el déficit a 3,5 o 4 millones. El alcalde tomó la decisión de parar el servicio y ha alquilado las unidades a Sidney", comentó Loaiza. En Jaén la diferencia entre el gasto amortizado con el importe pagado por los usuarios y el coste real del funcionamiento del tranvía ha llegado a los 6 millones de euros. 

Ante esas cifras, los alcaldes implicados, que ayer dejaron claro que se niegan a sufragar cualquiera que sea el porcentaje que establezca la Junta al respecto, llevarán este asunto a la próxima reunión del Consorcio, para que este órgano se pronuncie sobre el tema y no asuma ninguna responsabilidad "con un proyecto que es de la Junta de Andalucía", abundaron. 

Los tres alcaldes, de Cádiz, La Isla y Chiclana, citarán, además, a la consejera de Fomento y Vivienda en la Bahía para que "explique claramente lo que le preguntó la diputada y no sido capaz de contestar". Se refería el PP al coste estimado del funcionamiento del tranvía, a la finaciación prevista para estos gastos de explotación, a la cuantía del billete que tendrán que pagar los usuarios o al tipo de estructura del servicio -que la Junta no tiene todavía definido, según el PP-. Las críticas de los representantes de las tres localidades del recorrido tranviario también se dirigen a la ausencia de estudios que avalen el proyecto, tanto de viabilidad como económico, que piden al Gobierno regional que realicen antes de que se ponga en marcha el tranvía. "Si el déficit en Vélez-Málaga es de dos millones siendo dos unidades, ¿cuánto puede ser aquí, que al menos tienen que estar funcionando seis o siete a la vez, más los que estén en reparación. Esos números debemos saberlos", defendieron.

A pesar de mi

Cortometraje "A pesar de mí" from Cortometraje "A pesar de mí" on Vimeo.

Descripción

"A pesar de mí" es el primer cortometraje de la fotógrafa y realizadora Palmira Escobar.
Una historia lésbica, un grito a la visibilidad, pinceladas de crítica social pero sobre todo es una metáfora de vida y sentimientos en la que cualquier persona puede proyectarse.

SINOPSIS

Existen silencios que gritan, que sienten, que callan, que reivindican...
“A pesar de mí” es un intenso cortometraje de temática lésbica que a través de los conflictos de sus personajes nos sumerge en nuestras propias contradicciones y deseos, nos obliga a preguntar y a esperar con paciencia la respuesta, a olvidar para recordar quiénes somos.
El peso de un secreto, la autoafirmación femenina, una trama oculta.
Una historia que se debate e indaga entre lo real y lo ficticio, en los entresijos de la superficialidad, en lo vulnerable de lo externo.

FICHA ARTÍSTICA

Adriana Segurado
Ana Bercianos
Cristina Arias
Chus Díaz

FICHA TÉCNICA

Isabel Lombardía/ Operadora de cámara
Juanjo Abad Lopez / Sonido
Palmira Escobar/ Realización, producción y montaje

B.S.O. "Los seis días" / Juanjo Abad

ENLACES:

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Menos comisiones por las tarjetas de crédito

La UE propone reducir las comisiones en los pagos con tarjetas de crédito

El proyecto de reglamento deberá ser presentado simultáneamente a la revisión de la directiva sobre servicios de pago. La propuesta, que tiene como objetivo reducir el coste soportado por los consumidores y pequeñas empresas, carece del apoyo de la industria de tarjetas bancarias.

La Comisión Europea tiene previsto proponer el próximo 24 de julio limitar los gastos interbancarios en las tarjetas de crédito y débito. El texto redactado, que pretende reducir el coste repercutido a los comerciantes y consumidores finales, tendrá que ser sometido a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo.

Desde hace tiempo, los pequeños comerciantes y consumidores opinan que las comisiones interbancarias multilaterales, es decir, los pagos realizados entre bancos por el empleo de la tarjeta bancaria y finalmente repercutidos en el consumidor, son relativamente excesivas. Además, los clientes de la tarjeta deben hacer frente al coste anual de mantenimiento de la misma. Por el contrario, la medida ha contado con un amplio rechazo por parte de las principales compañías que salen beneficiadas de este tipo de actuaciones como MasterCard, Visa y Globalement.

Tales entidades han denunciado la propuesta de la Comisión como una forma de atentar contra la libre competencia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Europeo ha acabado dando la razón a la Comisión. MasterCard, Globalement, Visa y las autoridades de competencia han acordado limitar las comisiones bancarias al 0,2% y al 0,3% del volumen de la transacción para las tarjetas de débito y crédito respectivamente. En su propuesta de reglamento, la Comisión buscará seguir reduciendo estos porcentajes y extenderlo a todas las compañías que carguen comisiones en los pagos con tarjetas bancarias.

(Tomado de Newsletter de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 19 de julio de 2013 | Núm. 48)

Decálogo para la regeneración democrática

1.- Arbitrar mecanismos que vigilen los compromisos electorales.

Para que no pueda pasar que los compromisos con la ciudadanía se conviertan en papel mojado el día siguiente a las elecciones y las excusas y apelaciones a la “ ineludible necesidad” sean revisadas y aceptadas, o no, por los electores. Este punto pasa necesariamente por profundizar en nuestra democracia representativa para convertirla en:

2.- Democracia participativa, consultiva y deliberativa. 

A modo ejemplificativo, que no exhaustivo, podemos citar un mayor desarrollo de las Iniciativas Legislativas Populares, creación de un Comité de seguimiento electoral o la figura del referéndum revocatorio que diera paso a la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de que la ciudadanía entendiera que el incumplimiento es merecedor de tal sanción.

3.- Estatuto del cargo público.

Con eliminación de privilegios, regulación transparente y razonable de sueldos y dietas, reforzamiento de las medidas de incompatibilidad del cargo público con el ejercicio de actividades económicas en el sector privado y control de “puertas giratorias” en ambos sentidos considerando la imprescindible regulación de los conflictos de intereses que surgen de las actividades privadas desarrolladas antes de acceder a un determinado cargo. 

4.-Investigación a fondo de los escándalos financieros y depuración de las responsabilidades.

De Bancos y Cajas de Ahorro, de evasión de capitales, de delitos fiscales, de compra-venta de voluntades, así como de la financiación irregular de los partidos políticos, con adecuada atención a los corruptos y también a los corruptores.

5.- Reformar las leyes de funcionamiento y financiación de los partidos.

Asegurando que el funcionamiento sea plenamente democrático, con transparencia en la elección de aquellos llamados a ser nuestros representantes, con rendición de cuentas no solo financieras sino también de comportamientos y funciones de los cargos públicos con democracia en los procedimientos de toma de decisiones.

En el ámbito de la financiación impidiendo las donaciones, que deben prohibirse, así como reducir el plazo de rendición de su contabilidad que deberá ser publica y realizarse íntegramente ante un Tribunal de Cuentas también reformado para que quede plenamente garantizada su función de control.

6.-Transparencia y buen gobierno.

Forzar la ejemplaridad en el comportamiento de los responsables políticos pasa ineludiblemente porque estos den cuenta de sus actos y de en que gastan el dinero de todos, de forma fácil. Todo debe ser accesible a la información pública, lo que no puede contarse no debe hacerse.

7.- Selección en base a los principios de mérito y capacidad.

Miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado, el Director General de RTVE y los Organismos Reguladores, los miembros españoles del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, de tal manera que se valore el curriculum de los candidatos y su adecuación para el puesto y no sea como hasta ahora un premio a los más leales.

8.- Creación de un Observatorio contra la corrupción.

Que coordine las estrategias de prevención en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y cuantos órganos tengan capacidad de realizar medidas de inspección y control en relación con las informaciones de corrupción.

9.- Garantizar la restitución al erario público.

De las cantidades ilegítimamente percibidas o desviadas como consecuencia de la corrupción, así como para hacer frente a cualquier tipo de responsabilidad por daños a la Administración o al dominio público.

Por último

10.-Fiscalización efectiva y seguimiento detallado.

Del cumplimiento de los anteriores puntos tanto por las instancias judiciales como por los organismos y observatorios democráticos e independientes, instaurando cambios para reforzar su independencia 

Deben incluirse además medidas de protección de las personas que denuncien casos de corrupción. 

Todo lo anterior es importante, pero no debemos olvidar el esfuerzo que debe hacer la ciudadanía por interesarse e intervenir en la cosa pública, de lo contrario, de seguir desentendiéndonos como si no fuese con nosotros,  nada servirá para nada.

Foro Ético

Esta propuesta ha sido  firmada y asumida por Bases 20.20

Todas las cuentas, de todos los partidos, deberían ser públicas

La publicación de las supuestas cuentas del Partido Popular de 1990 a 2011 es un hecho insólito en este país que, para nosotros, no debería serlo. Las cuentas que un partido político -más aún si recibe subvenciones públicas, más aún incluso si es el partido del Gobierno- remite al Tribunal de Cuentas deberían ser de dominio público. Salvando las excepciones que marque la protección del derecho a la intimidad, como la inclusión de datos personales, los documentos publicados contienen información que debería ser pública, como las deudas de los partidos políticos con los bancos o las donaciones que reciben.

Sin embargo, como contamos en el blog de Tuderechoasaber.es, los pasos institucionales parecen ir en sentido contrario: una enmienda parcial del Grupo Parlamentario Popular a su propia Ley de Transparencia pretende eximir a partidos, sindicatos, patronal y cualquier ente al margen de la administración de la obligación de publicar información económica, presupuestaria o estadística. Tal como piden, únicamente darían a conocer por ley los contratos y las subvenciones suscritas con la administración. 

Si documentos como los que han sido filtrados deben entregarse por obligación al Tribunal de Cuentas, ¿qué hay de malo en que sean públicos? Creemos que esta es una oportunidad estupenda para que otros partidos políticos, así como entidades de naturaleza similar (sindicatos, la CEOE y otros) se sumen y, de motu propio, hagan públicas sus cuentas completas. Nosotros lo hacemos.

La transparencia no se pregona. Se practica.

Gracias por seguir estando ahí y por tu apoyo, 

El Equipo de Civio

La transparencia de los ocho ayuntamientos de las capitales andaluzas es más formal que real. Si bien es cierto que todos ellos cuentan con reglamentos que permiten a los partidos de la oposición inquirir al equipo de gobierno, sobre cualquier aspecto de su gestión, también lo es que ninguno contempla sanciones para quien no cumpla con su deber de contestar en tiempo y forma a las preguntas de la oposición. La consecuencia es evidente, sólo contestan cuando les conviene.

Así, ante la creciente demanda social de una mayor transparencia en las instituciones, el sistema político municipal vive enrocado en sus propias trampas, creadas para obstaculizar precisamente el desarrollo de mecanismos que teóricamente deberían servir al interés de los ciudadanos a través de sus representantes.

(.....)

El "estratégico" acuse de recibo en Cádiz

Los partidos de la oposición (PSOE  e IU) dan un suspenso al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, dirigido por Teófila Martínez (PP), en cuanto a transparencia y colaboración en los Plenos municipales. Según explica Sebastián Terrada, portavoz del grupo municipal de IU, el Ayuntamiento bloquea de forma sistemática las peticiones de información y solicitudes de expedientes sobre asuntos municipales y empresas públicas.

El plazo legal establecido para responder a estas solicitudes es de cinco días, informa Jorge Garret. Sin embargo, la "estrategia" de la Alcaldía consiste en ofrecer un "acuse de recibo" de esas peticiones, dentro de esos cinco días hábiles que establece el reglamento, e indicar que se ha cursado la petición de información al organismo o departamento correspondiente. "Así cumplen con el formalismo para evitar reclamaciones, aunque la información que hemos solicitado no nos llega hasta meses después, en algunos, casos, incluso años, sobre todo en cuestiones urbanísticas. Es lo que el PP hace de forma habitual para que no tengamos información de asuntos de actualidad. Lo dilatan en el tiempo. Llegamos a proponer que el plazo se estableciera en 15 días reales, pero rechazaron nuestra propuesta", asevera Terrada.

Según el portavoz de IU, al margen de estas reclamaciones de información, los ruegos y preguntas formulados por la oposición en los Plenos municipales siempre son respondidos "de forma vaga, con un sí, un no, o un no contesta", cuestión que dificulta la labor de los grupos políticos en el Ayuntamiento. "En transparencia el Gobierno de Teófila Martínez tienen un suspenso rotundo", critica Terrada. Este medio no ha podido obtener la versión del equipo de Gobierno sobre el nivel de cumplimiento de su reglamento y facilidades de acceso a la información municipal.

(La información completa en eldiario.es/andalucia )