La publicación de las supuestas cuentas del Partido Popular de 1990 a 2011 es un hecho insólito en este país que, para nosotros, no debería serlo. Las cuentas que un partido político -más aún si recibe subvenciones públicas, más aún incluso si es el partido del Gobierno- remite al Tribunal de Cuentas deberían ser de dominio público. Salvando las excepciones que marque la protección del derecho a la intimidad, como la inclusión de datos personales, los documentos publicados contienen información que debería ser pública, como las deudas de los partidos políticos con los bancos o las donaciones que reciben.
Sin embargo, como contamos en el blog de Tuderechoasaber.es, los pasos institucionales parecen ir en sentido contrario: una enmienda parcial del Grupo Parlamentario Popular a su propia Ley de Transparencia pretende eximir a partidos, sindicatos, patronal y cualquier ente al margen de la administración de la obligación de publicar información económica, presupuestaria o estadística. Tal como piden, únicamente darían a conocer por ley los contratos y las subvenciones suscritas con la administración.
Si documentos como los que han sido filtrados deben entregarse por obligación al Tribunal de Cuentas, ¿qué hay de malo en que sean públicos? Creemos que esta es una oportunidad estupenda para que otros partidos políticos, así como entidades de naturaleza similar (sindicatos, la CEOE y otros) se sumen y, de motu propio, hagan públicas sus cuentas completas. Nosotros lo hacemos.
La transparencia no se pregona. Se practica.
Gracias por seguir estando ahí y por tu apoyo,
El Equipo de Civio
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