Tu pierdes 140 € al año

Los daños infringidos por los acuerdos de empresas para limitar la competencia le cuestan a cada ciudadano unos 140 euros anuales, según ha informado la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), organismo dependiente de laConsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que ha presentado junto a colectivos de consumidores la guía básica denominada 'Reclamaciones por daños y perjuicios en materia de derecho de la competencia', la primera de sus características que se edita en España.

El documento ha sido presentado por la directora gerente de la ADCA, María Victoria Román; el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE, Juan Moreno; la responsable del gabinete jurídico de la federación de consumidores AL-ANDALUS, Pilar Lora; y el jurista Jordi Castilla, miembro del gabinete jurídico de FACUA, y se trata de una acción enmarcada en el convenio suscrito por estas entidades a principios de 2011 para establecer cauces de colaboración que favorezcan el correcto funcionamiento del mercado y la defensa de los intereses de los consumidores.

Con esta iniciativa, en concreto, se pretende que estas organizaciones, y también los ciudadanos particulares, sepan detectar prácticas anticompetitivas, conozcan sus derechos y sepan cuáles son los cauces para defenderlos y reclamarlos, llegado el caso. La guía andaluza no es sólo pionera en el conjunto del Estado, sino también en el contexto europeo, ya que sólo el 'Office of Fair Trading' británico ha editado un documento de características similares.

En un contexto de crisis, las economías domésticas pueden resentirse considerablemente por el desconocimiento de derechos básicos como los que inciden en esta materia. Pacto de precios, abuso de posiciones de dominio por parte de empresas u otros hechos limitan no sólo la oferta de productos y servicios, sino también los recursos del ciudadano y, como consecuencia, su nivel adquisitivo. De hecho, se estima que sólo los daños infringidos por los cárteles –acuerdos de empresas para limitar la competencia- le cuestan a cada ciudadano unos 140 euros anuales. En el conjunto de Europa, el perjuicio puede alcanzar los 69.000 millones de euros, suponiendo un impacto de hasta el 0,55% del PIB de la UE. Sin embargo, de acuerdo con los informe de la UE, sólo se detectan entre un 10 y un 20% de los cárteles.

Según estimaciones de la propia Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, en España el abuso de posición de dominio –otra de las prácticas descritas en la guía- representa aproximadamente el 10% de las conductas sancionadas en los últimos tres años por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

El documento presentado por la ADCA y las asociaciones de consumidores consta de diez apartados donde, además de la justificación de abordar un trabajo de esta naturaleza, se analizan aspectos como las consecuencias directas de infringir la normativa en materia de competencia, cómo y cuándo formular reclamaciones por daños y perjuicios, cuál es el plazo de prescripción o qué pruebas deben aportarse, así como un cuerpo de síntesis-conclusiones y un capítulo dedicado a la naturaleza y funciones de la propia ADCA.

A este respecto, la ADCA ha empezado recientemente a efectuar actuaciones en el seno de la Junta de Andalucía para favorecer la articulación de procedimientos de reclamación de daños en aquellos casos en los que la Administración autonómica haya sido directamente perjudicada, y en consecuencia también la ciudadanía.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/080180/ciudadano/pierde/ano/euros/desconocer/derechos/Junta/Andalucia/consumo

Manifestacion de los trabajadores de los Servicios Sociales en Cádiz

 ¿QUÉ PASARÍA SI LOS SERVICIOS SOCIALES DE TU PUEBLO DESAPARECIESEN?
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TUS DERECHOS SOCIALES ESTÁN EN PELIGRO. 

Las cuentas del Congreso, al detalle

La información pública debería ser accesible para todos, no para unos pocos. A menudo, esos datos que se niegan a los ciudadanos acaban en manos de la prensa, en un claro ejemplo de cómo las administraciones no tratan a todos los ciudadanos por igual. El anteproyecto de presupuesto del Congreso de los Diputados para 2013 (que también incluye la ejecución del gasto de 2011 y las cuentas de 2012) es un caso paradigmático de esta mala praxis. En noviembre de 2012, David Cabo (director de la Fundación Civio) reclamó a la institución esas cuentas a través de Tu Derecho a Saber. Después de insistir en repetidas ocasiones, le han negado la información.

En paralelo, el desglose de gasto de la cámara sólo se ha hecho público a través de dos filtraciones a la prensa: la primera, en octubre de 2012, en eldiario.es, que desveló el coste de viajes, multas para coches oficiales y taxis, entre otras partidas. Para acompañar la información, el periódico digital publicó cuatro páginas de las 87 que contiene el documento oficial.

La segunda filtración llegó esta misma semana. La redacción de ‘El Objetivo’ de Ana Pastor (La Sexta), en el que Civio colabora, consiguió el documento completo. En el programa, que se emitió el pasado domingo, David Cabo quiso plasmar la opacidad de la cámara española comparándola con otros parlamentos como el brasileño. Y recalcó la necesidad de que esta información sea pública y accesible -en la página web del Congreso- para todos los ciudadanos.

Mientras seguimos esperando esa respuesta oficial que no llega y aunque hubiéramos preferido que fuera el Congreso quien lo hiciera en su página web, publicamos las cuentas desglosadas del Congreso de los Diputados. Porque es información que debería ser pública. Porque tenemos derecho a saber cómo se gasta nuestro dinero.

   Anteproyecto del Presupuesto 2013 del Congreso by tuderechoasaber

Europa se une en la lucha contra el desempleo juvenil

El marco de acción para el empleo de los jóvenes que los agentes sociales publicaron el pasado 11 de junio señala como prioridades el conocimiento, la transición entre la educación y el trabajo, el empleo y la empresa. Temas que serán fundamentales en el próximo Consejo Europeo que se celebrará los próximos 28 y 29 de junio.

Los agentes sociales enumeran en su marco de acción una serie de medidas a implantar tanto por los Estados miembros como por la Europa de los 27 a corto y largo plazo. Según explican, los jóvenes tendrían que poseer los conocimientos de base, competencias transversales, así como competencias técnicas y específicas necesarias para su propio desarrollo personal y su empleabilidad. Así mismo, los agentes sociales alientan a los empleadores a mejorar en cantidad y calidad las prácticas profesionales que ofertan, al mismo tiempo que faciliten los trámites administrativos requeridos por las empresas. Por último, los actores sociales han expresado la necesidad de participar en la gestión y evaluación de la educación y la formación profesional, participar en la gobernanza de los sistemas de aprendizaje y velar por que los acuerdos de prácticas definan con exactitud las condiciones y los objetivos de las mismas. En este sentido la Confederación Europea de Empresarios, el Centro Europeo de Empresas de Participación Pública y de Empresas de Interés Económico General, la Unión Europea del Artesanado y de las Pymes y el Business Europe se ha pronunciado a favor de la creación de condiciones favorables para reforzar las oportunidades de empleo para los jóvenes y facilitar su transición entre la educación y el trabajo. Por su parte, los principales grupos políticos del Parlamento Europeo han manifestado, en una declaración conjunta presentada el 12 de junio, estar de acuerdo con la celebración de una reunión ministerial dedicada al empleo de los jóvenes. No obstante, lamentan no haber sido invitados a dicho encuentro teniendo en cuenta el papel que desempeña el PE en la materia, incluida las implicaciones presupuestarias de las acciones que se emprendan en el ámbito del empleo juvenil.

Evasión fiscal en España

La evasión fiscal en España maneja cifras escalofriantes. Nada menos que 107.350 millones de algo más de 81.000 millones de euros, al cambio actual-, según un reciente estudio de TaxJustice Network, más del doble del ajuste reclamado por las agencias de calificación de riegos a España para este ejercicio o el triple exactamente del recorte del presupuesto finalmente aprobado. Pero, sobre todo, una cifra que deja unos efectos colaterales de indudable repercusión social.

dólares -

Por ejemplo, tal y como cita el informe de esta institución, que sitúa a España como décima nación con mayores ratios de fugas impositivas, la recaudación de estos ingresos tributarios permitiría al Gobierno español cubrir el 84,7% de la factura sanitaria del país, que asciende hasta los 126.666 millones de euros (el 9% del PIB nacional), en un momento en el que el equipo económico del Ejecutivo acaba de instaurar el copago, en función de las rentas, para acceder a los servicios médicos.

También cubriría el coste del saneamiento del sector financiero; bien de un hipotético rescate bancario como el que tendría preparado el FMI para España, de la posible creación de un banco malo que incorporara los activos tóxicos inmobiliarios del sector -alternativa a la opción por la que parece decantarse el titular de Economía,Luis de Guindos, de dar configuración legal a sociedades de este tipo para bancos en senda de saneamiento contable-, o de una inmobiliaria única gestionada y avalada por el Estado, tal y como reclaman las cajas de ahorros. Medidas todas ellas en las que ciertos estudios del mercado apunta a un cheque del entorno de los 100.000 millones de dólares. 

Los expertos de TaxJustice Network reconocen en este diagnóstico global la declarada intención de vincular esta lacra universal -lo que denominan tendencias perniciosas del sistema internacional de tributación, que amenazan la capacidad de los Estados de imponer impuestos a los grandes beneficiarios de la globalización- a parámetros de marcado cariz social como la Sanidad para sensibilizar a las sociedades civiles. Además de incluir en sus cálculos el volumen delmercado negro que opera en cada uno de los 145 países que analiza, a partir de los datos oficiales del Banco Mundial, por entender que gran parte de estas evasiones tienen que ver con las prácticas que se realizan bajo la clandestinidad económica y empresarial. En el caso de España, este agujero tiene un calibre de 316.600 millones de dólares, el 22,5% del PIB.

Amnistía fiscal y plan antifraude

Sin duda, a la luz de estos datos, resulta todavía más imperiosa la necesidad de poner en marcha planes antifraude o recetas como la amnistía fiscal, con los que el Gobierno pretende captar 25.000 millones de euros, el 2,5% del PIB y apenas el 10% del ajuste presupuestario para este año. Pero estas iniciativas, aunque logren sus objetivos de recaudación o, incluso, consigan impedir subidas de impuestos como el IVA en una economía como la española (con una presión tributaria del 33,9% del PIB, algo más de siete puntos por debajo de los gastos del Estado), nunca podrán evitar, en solitario, huidas de inversiones por la supresión de los dividendos del Impuesto de Sociedades, por ejemplo, o la completa afloración del dinero oculto.

De ahí que desde TaxJustice se reclamen acciones concertadas globales atrevidas y más eficaces. En especial, desde el G-20 y contra los paraísos fiscales, que llegaron a atesorar antes del inicio de la crisis (en 2007) más de 7 billones de dólares, el 13% del PIB global. Asimismo, denuncia que los acuerdos de intercambio de información fiscal y financiera que se han sellado en los últimos años dentro de la órbita de la OCDE no parecen haber servido para disuadir ni a los centenares de millones de nuevos ricos de mercados emergentes que han acudido a estos territorios de baja fiscalidad, ni siquiera a los grandes conglomerados empresariales de las potencias industrializadas.

No en vano, la última radiografía anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa acaba de revelar que las firmas que cotizan en el IBEX han duplicado su presencia en paraísos fiscales, estrategia de optimización de impuestos que practican, para más inri, 30 de los 35 integrantes del selectivo español, en un país que deja de ingresar cifras más que notables por este tributo de sus grandes empresas. Pero también en materia de lucha contra el fraude de impuestos.

TaxJustice deja datos globales escalofriantes. Su estudio, que abarca el 98,2% del PIB mundial y el 92,4% de la población del planeta, estima que la evasión impositiva total excede de los 3,1 billones de dólares, el 5,1% de la economía internacional. Mientras, los gastos en Sanidad de todas las naciones que analiza totalizan 5,7 billones de dólares; es decir, que la ausencia de este tipo de evasiones de riqueza serviría para sufragar nada menos que el 54,9% de la factura sanitaria mundial. Una cota baja, alertan los analistas de TaxJustice, porque Estados Unidos, la mayor potencia global,  carece de un sistema de sanidad universal y su porción de economía sumergida es del 10,8%. En Europa, por contra, con un 20,5% de mercado negro y casi 2 billones de gasto sanitario, se cubriría el 86,8% de los servicios de atención médica. Motivo por el que Richard Murphy, uno de los consultores y economistas que ha elaborado este informe, concluye en el mismo que “la economía sumergida, que representa el 18% del PIB mundial, representa un claro crimen contra la población del planeta y las distintas sociedades civiles de cada país”.  

Un billón de euros pierde la UE por evasión de impuestos

En la Cumbre, realizada para debatir sobre política energética y tributaria, Gran Bretaña, Francia y Alemania aprovecharon la oportunidad para lamentar el impacto que tiene la evasión de impuestos corporativos, tras la aparición de varios casos que involucran a empresas estadounidenses.

El más reciente de los casos se produjo cuando un informe del Senado de Estados Unidos descubrió que el gigante de la informática Apple pagó apenas un 2 % de impuestos en base a 74 mil millones de dólares de ganancias desde el extranjero, en gran parte gracias a la explotación de una laguna en el código tributario de Irlanda.

Los mandatarios exigieron controles más estrictos, intercambio de información entre países y una revisión de la legislación para evitar puertas traseras que permitan la evasión legal.

Las autoridades estiman que los gobiernos de la UE pierden alrededor de un billón de euros (1,3 billones de dólares) al año —equivalentes al PIB de España— por esta causa.

El tema es particularmente sensible en la región, que pasa por una de las peores crisis desde la posguerra y donde se llevan a cabo tajantes reducciones del gasto público y despidos masivos de trabajadores.

El Consejo de Europa critica la eliminación de Educación Para la Ciudadanía sin motivos probados

El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha criticado este viernes que el Gobierno haya decidido eliminar la asignatura de Educación Para la Ciudadanía sin elaborar si quiera un informe objetivo que certifique su mal funcionamiento. "Antes de arreglar algo conviene realizar análisis científicos para saber si está roto", ha señalado en rueda de prensa.

Muiznieks, que se encuentra de visita oficial en España para analizar la situación de los derechos humanos en tiempos de crisis económica, ha explicado que en una reunión con la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, expresó su "preocupación por la falta de claridad sobre qué va a pasar con esta asignatura" y preguntó directamente por qué se eliminaba.

"Nos dijo que estaba muy politizada en las diferentes comunidades autónomas. Le pedí pruebas científicas de esto y no quedé muy satisfecho con su respuesta (...) Sinceramente, no he visto ningún análisis que indicase que estaba alineada completamente con los derechos humanos o que estaba politizada", ha señalado.

Asimismo, el comisario ha señalado que la propia secretaria de Estado Gomendio le explicó el objetivo de impartir el contenido de Educación Para la Ciudadanía de forma transversal en el resto de materias, aunque no pudo enseñarle los temarios porque estando la ley en tramitación parlamentaria los curriculos aún no han sido diseñados.

"Nos han explicado que se va a repartir su contenido entre todas las asignaturas. Esto hay que explicarlo mejor", ha señalado el comisario, para incidir en que es "esencial que los niños y jóvenes tengan esta educación en derechos humanos y puedan ejercer su ciudadanía teniendo claros los valores de convivencia" y, eliminando la asignatura "existe el riesgo de que estos contenidos queden diluidos".

Estas apreciaciones quedarán recogidas en un informe que el Consejo de Europa elaborará durante los próximos meses y difundirá a finales de septiembre, en el que figurarán las conclusiones de esta visita oficial así como una serie de recomendaciones a España al respecto.