viernes, 14 de junio de 2013

Tu pierdes 140 € al año

Los daños infringidos por los acuerdos de empresas para limitar la competencia le cuestan a cada ciudadano unos 140 euros anuales, según ha informado la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), organismo dependiente de laConsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que ha presentado junto a colectivos de consumidores la guía básica denominada 'Reclamaciones por daños y perjuicios en materia de derecho de la competencia', la primera de sus características que se edita en España.
El documento ha sido presentado por la directora gerente de la ADCA, María Victoria Román; el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE, Juan Moreno; la responsable del gabinete jurídico de la federación de consumidores AL-ANDALUS, Pilar Lora; y el jurista Jordi Castilla, miembro del gabinete jurídico de FACUA, y se trata de una acción enmarcada en el convenio suscrito por estas entidades a principios de 2011 para establecer cauces de colaboración que favorezcan el correcto funcionamiento del mercado y la defensa de los intereses de los consumidores.
Con esta iniciativa, en concreto, se pretende que estas organizaciones, y también los ciudadanos particulares, sepan detectar prácticas anticompetitivas, conozcan sus derechos y sepan cuáles son los cauces para defenderlos y reclamarlos, llegado el caso. La guía andaluza no es sólo pionera en el conjunto del Estado, sino también en el contexto europeo, ya que sólo el 'Office of Fair Trading' británico ha editado un documento de características similares.
En un contexto de crisis, las economías domésticas pueden resentirse considerablemente por el desconocimiento de derechos básicos como los que inciden en esta materia. Pacto de precios, abuso de posiciones de dominio por parte de empresas u otros hechos limitan no sólo la oferta de productos y servicios, sino también los recursos del ciudadano y, como consecuencia, su nivel adquisitivo. De hecho, se estima que sólo los daños infringidos por los cárteles –acuerdos de empresas para limitar la competencia- le cuestan a cada ciudadano unos 140 euros anuales. En el conjunto de Europa, el perjuicio puede alcanzar los 69.000 millones de euros, suponiendo un impacto de hasta el 0,55% del PIB de la UE. Sin embargo, de acuerdo con los informe de la UE, sólo se detectan entre un 10 y un 20% de los cárteles.
Según estimaciones de la propia Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, en España el abuso de posición de dominio –otra de las prácticas descritas en la guía- representa aproximadamente el 10% de las conductas sancionadas en los últimos tres años por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
El documento presentado por la ADCA y las asociaciones de consumidores consta de diez apartados donde, además de la justificación de abordar un trabajo de esta naturaleza, se analizan aspectos como las consecuencias directas de infringir la normativa en materia de competencia, cómo y cuándo formular reclamaciones por daños y perjuicios, cuál es el plazo de prescripción o qué pruebas deben aportarse, así como un cuerpo de síntesis-conclusiones y un capítulo dedicado a la naturaleza y funciones de la propia ADCA.
A este respecto, la ADCA ha empezado recientemente a efectuar actuaciones en el seno de la Junta de Andalucía para favorecer la articulación de procedimientos de reclamación de daños en aquellos casos en los que la Administración autonómica haya sido directamente perjudicada, y en consecuencia también la ciudadanía.

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