Radiografía de Cádiz, una ciudad que no es para vivir

Radiografía de Cádiz, 

una ciudad que no es 

para vivir

El debate sobre el drama de la vivienda de la Apdha 

lo perdieron los de siempre, quienes lo sufren a diario

El diputado andaluz del PP le restó gravedad, 

no dio apenas soluciones y magnificó la gestión del alcalde y de su partido

Apdha Cádiz: “La Junta no construye vivienda pública y 

tampoco ofrece alternativas”

Un momento del debate sobre la vivienda organizado por la Apdha en Cádiz. / Lourdes de Vicente

Más que acertado, totalmente necesario e imprescindible el debate político que sobre el drama de la vivienda en la ciudad organizó ayer en Cádiz en los últimos días de la campaña electoral autonómica la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). Fue un debate en el que volvieron a perder los de siempre: quienes lo sufren a diario y en el que el representante del Partido Popular, el parlamentario andaluz Antonio Saldaña, llegó a restar gravedad, a fuerza de datos estadísticos, a la situación “angustiosa y explosiva”, en palabras de Rafael Lara, de la Apdha, que padecen cientos de familias en una ciudad en la que no hay día que no se ejecuten varios desahucios, que ha perdido más de 26.000 habitantes en 20 años, en la que 6.000 personas siguen a la espera de una vivienda pública y en la que los alquileres son inasumibles hasta para familias en cuyas casas entran dos sueldos.

Respaldado por la casi totalidad del equipo de Gobierno local en primera fila del público (solo faltaron Bruno García; Juancho Ortiz y Carlos Lucero) el experto popular en Vivienda rebatió todas las propuestas de sus contertulios, salvo la necesidad de construcción de más vivienda pública, con el matiz de la colaboración privada, y magnificó la gestión del alcalde de Cádiz y de su partido frente a los pisos turísticos y en el impulso de las nuevas promociones. “No hay ningún alcalde que esté haciendo en vivienda más política que se considere de izquierdas”, dijo.

Quizás los testimonios de los vecinos que padecen el drama de la falta de vivienda o de tener que sobrevivir en unos pisos a los que desgraciadamente no se les pueden llamar hogares por sus deplorables condiciones los deberían haber escuchado los políticos antes del debate y no al final. Como el estremecedor caso de Lorena, madre de dos hijos de 13 y 8 años, que lleva meses viviendo en un coche, separada de ellos, que están acogidos en casa de familiares. Percibía ayuda del Ayuntamiento para el alquiler, pero cuando se acabó, dejó de pagar, porque no podía, y tuvo que abandonar la vivienda a cambio de que le perdonaran la deuda.

O el de Estefanía, madre de tres hijos de diez, siete años y un bebé de cinco meses,que se vio obligada a ocupar un piso de público de la Avra que llevaba dos años vacío. O el de Nayath, también con una hija menor de edad, con la que malvive en una vivienda también de la agencia pública andaluza lleno de goteras y humedades sin que nadie se lo solucione. O el de Alba, que con una hija menor de tres años que sobrevive en una casa de propiedad particular con las vigas carcomidas por las termitas y expuesta a productos tóxicos, a sabiendas de los técnicos de la Delegación Municipal de Salud. O el de Sonia, que habita en un piso de la Avra en el que está empadronada, pero que estaba asignado a su abuela, y por eso le piden que lo abandone. O el de Lourdes, que sobrevive en una vivienda apuntalada en un inmueble propiedad del Obispado de Cádiz que también habitan mayores y menores. O el de Ramón, vecino de Explanada 1 y 3, con veinte puntales en una casa donde convive con su pareja con discapacidad y en la que hay otras más de 60 familias afectadas por un edificio que les vendió Procasa y que se cae a pedazos. O el de Juana, portavoz de las vecinas de Matadero, unos pisos supuestamente de altas calidades entregados por Juanma Moreno y que hacen literalmente aguas cuando llueve.

El portavoz del PSOE en la mesa, el concejal José Ramón Ortega, aprovechó para recordar que fue el PP el que votó en contra de la prórroga del decreto antidesahucios, que Cádiz en su totalidad es una zona tensionada por el precio del alquiler de la vivienda como consecuencia de la proliferación de licencias de pisos turísticos, que la Ley Estatal de Vivienda contempla la declaración de zonas tensionadas y que es la Junta de Andalucía la que decidió no aplicarla, llevándola incluso hasta el Tribunal Constitucional. Ortega abogó, además, por la implantación de la tasa turística, por el incremento del IVA al 21% a las viviendas de uso turístico, por la expropiación, por el fomento de las cooperativas y por el incremento del parque de viviendas públicas y de su mantenimiento, entre otras medidas .

David de la Cruz, de Adelante Andalucía, denunció el empeoramiento de la turistificación y el incremento de los desahucios con la llegada a la ciudad de nuevos especuladores y fondos buitres, abogó por la reversión de las viviendas turísticas en residenciales, por el fin de la prohibición de la venta de pisos y suelo público, además de por el riguroso control del alquiler no más de un 20% de los ingresos de cada familia mediante una ley andaluza. De la Cruz también apostó por que la Sareb ponga sus pisos a disposición de los ayuntamientos.

 Con la mayoría de sus propuestas coincidió el portavoz de Por Andalucía, Jesús Ruiz, quien incidió en la necesidad imperiosa y urgente de declarar la ciudad como zona tensionada, de medidas fiscales, de aumentar el parque público de vivienda y de poner fin a una política que solo defiende a los rentistas frente al derecho fundamental a una vivienda digna que proclama la Constitución.