Bruselas (EuroEFE).- Dos de las tres asociaciones de víctimas de la dana de Valencia, que el año pasado causó 229 muertes, denunciaron este jueves ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la gestión de la crisis y pidieron que investigue lo ocurrido.
Al término de la sesión, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara decidió mantener abierto el caso, pero no optó por enviar una misión de investigación a España, a la espera de que el Ejecutivo Comunitario elabore una respuesta por escrito tras la demanda de las víctimas.
«Lo que pedimos hoy a Europa no es solo reparación. Pedimos que se escuche a las víctimas, que se pongan en marcha medidas reales y que nunca más se permita que un Gobierno regional mire hacia otro lado mientras su gente muere», dijo emocionada la presidenta Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29 Octubre, Rosa Álvarez, en el Parlamento Europeo.
«Hoy no, hoy no venimos a pedir compasión ni venimos a escuchar palabras de ánimo. Venimos a exigir verdad, justicia y responsabilidades«, continuó Álvarez, vestida con una camiseta en cuyo dorso se leía «No han muerto, los han asesinado».
En la misma línea, la presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA 29 octubre 2024, Mariló Gradolí, afirmó que habían acudido a la Eurocámara para reclamar «que se abra una investigación completa sobre la gestión del episodio de lluvias extremas» que provocó la dana.
«Les pedimos que mantengan abierta esta petición, que estudien con detalle y que recomienden acciones firmes y técnicas que garanticen que lo ocurrido no vuelva a suceder», añadió.
Tensión con el PP
La comparecencia de las asociaciones de víctimas se produjo después de que el PP evitara que lo hicieran hasta en dos ocasiones previamente.
El PP votó junto a VOX este miércoles en contra de que la Eurocámara envíe ya una misión de investigación a España, aunque la petición sigue abierta, a la espera de que se pronuncie la Comisión Europea.
«Bien sé que no todas las víctimas, ni siquiera todas las familias de víctimas mortales, se sienten representadas por estas dos asociaciones y que hay discrepancias entre los perjudicados, respecto a algunas de sus reclamaciones», apuntó el eurodiputado valenciano del PP, Esteban González Pons.
El también vicepresidente de la Eurocámara señaló que «el Estado, tomado en su acepción extensa, no estuvo donde debía cuando en Valencia más se le necesitó».
«A las personas que han venido hoy, la riada les quitó a quienes querían y esa condición digna de damnificadas sobrepasa cualquier consideración política», declaró Pons.
Antes en Bruselas que en Madrid
La eurodiputada socialista Sandra Gómez López, exvicealcaldesa de Valencia, aseguró: «Solo cuando al Partido Popular se le empezó a caer la cara de vergüenza y no ante las víctimas, que eso ya sabemos que les da igual, sino ante sus compañeras (la presidenta de la Comisión Europea) Ursula Von der Leyen, (y del Parlamento Europeo) Roberta Metsola, permitieron que (las asociaciones) finalmente vinieran aquí».
López se refirió así a lo ocurrido el pasado mes de mayo, cuando Von der Leyen y Metsola recibieron en Bruselas a las tres asociaciones de víctimas, también a la Asociación Víctimas de la DANA, Víctimas Mortales y Damnificados de la Horta Sud.
El representante de Compromís, Vicent Marzà, subrayó que los damnificados han acudido «antes a Bruselas que a las Cortes Valencianas o que al Congreso de los Diputados, y -agregó- eso es el ejemplo claro de la anomalía de lo que estamos hablando».
«No puede ser que con 229 personas que han perdido la vida, haya un presidente de la Generalitat que esta misma semana no solo niegue la atención a las víctimas, sino que se burle de ellas y les mienta a ellas, pero también que no hayan podido comparecer en el Congreso de los Diputados», continuó Marzà.
Desde VOX, el eurodiputado Juan Carlos Girauta afirmó que «hay una responsabilidad también por utilizar como comodín o como cortina de humo el cambio climático».
Un representante de la Comisión Europea puntualizó que «la UE no armoniza los sistemas nacionales ni los reemplaza, sino que facilita la cooperación voluntaria en las áreas de prevención, preparación y respuesta» a los desastres naturales «y puede complementar la actuación nacional con medios operacionales y financieros».
Pero la decisión de pedir asistencia internacional «es una prerrogativa soberana de cada Estado«, añadió.
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