Compendio para luchar contra los delitos de odio

La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE presenta un nuevo compendio en línea que recopila buenas prácticas y medidas puestas en marcha por los países de la UE para luchar contra los delitos de odio, ofreciendo también detalles sobre su aplicación y evaluación.

El trabajo presentado por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA por sus siglas en inglés) recoge, para empezar, 30 prácticas de diferentes países pero es concebido como un documento vivo que se revisará y al que se añadirá información en los próximos meses. Está dirigido a los responsables de la formulación de políticas y de las fuerzas de seguridad, a quienes se anima a examinar y adaptar las prácticas de otros países a su propio contexto nacional.

La FRA contempla a los profesionales como elemento vital para luchar contra los delitos de odio y, en este contexto, la Agencia publica también un nuevo informe basado en entrevistas a 263 expertos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, la justicia penal y organizaciones de la sociedad civil. Además de presentar una serie de iniciativas prometedoras en toda la UE, el informe resalta principalmente las dificultades de registrar los delitos de odio, así como el riesgo de que los agentes de policía puedan compartir las actitudes discriminatorias de los autores de estos delitos, la probabilidad de que la discriminación pase inadvertida en los procedimientos judiciales y las dificultades generales que plantea respetar y hacer cumplir el ideal de una sociedad diversa basada en el respeto de la dignidad humana.

En la actualidad, la mayoría de los delitos de odio –ya sean contra la población romaní, las personas LGBT o los miembros de las comunidades musulmana y judía– no se denuncian ni se enjuician y, por tanto, son invisibles, lo que suele privar a las víctimas de una compensación por su sufrimiento. El objetivo del trabajo de la FRA es por una parte ayudar a los Estados miembros a animar y apoyar a las víctimas para que denuncien sus experiencias, y por otra parte mejorar la actuación de la policía y los jueces al abordar los delitos de odio, lo que ayudaría a garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.