La explicación está clara: las Administraciones Públicas con los impuestos de los ciudadanos construyen el Centro Integral y una vez construido y dotado se lo entregan a un grupo privado para que haga negocio.
Los mayores que a él puedan acudir tendrán que pagar.
¿Y recibirán una mejor atención con esta gestión privada que si fuera gestionado desde las Administraciones públicas? No es nada seguro.
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