Cádiz pulveriza sus cifras en despidos y desahucios
El Poder Judicial dibuja en sus datos de 2012 un panorama desolador de la provincia Los juzgados tramitan el triple de ejecuciones, concursos o eres que hace cinco años y supera los insólitos números del anterior ejercicio
P. INGELMO CÁDIZ | ACTUALIZADO 28.03.2013 - 01:00
El informe estadístico realizado por el Consejo general del Poder Judicial sobre el impacto de la crisis en los órganos judiciales, que se ha dado a conocer esta semana, muestra una provincia de Cádiz devastada por despidos, lanzamientos, ejecuciones hipotecarias y concursos de acreedores. Con los mismos medios, los juzgados de la provincia han tenido que afrontar hasta el triple de trabajo en 2012 del que realizaban antes de que el petardazo de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, pegara el banderazo de salida a un cataclismo financiero que deja víctimas colaterales en cualquier esquina. Detrás de esa acumulación de trabajo, en la esquina que son los juzgados de la provincia con un mayor porcentaje de paro, existe una sociedad que se desmadeja. Este informe es una más de la galería de fotografías del destrozo.
Las cifras se relacionan unas con otras. El guarismo que funciona como primera pieza del dominó, que hace caer a todas las demás en el informe del Poder Judicial, se encuentra en el apartado 'despidos'. Los juzgados de lo social de la provincia registraron durante el pasado año un total de 3.228 demandas que incluyen cambios en las condiciones de trabajo, traslados individuales, pero, sobre todo, despidos puros y duros o, para ser más exactos, extinciones de contrato por causas objetivas. Jamás en las series estadísticas del Poder Judicial se había alcanzado una cantidad similar. Esta cifra ha ido creciendo según se iba desarrollando la crisis hasta alcanzar en el último trimestre del pasado año otra cifra que se coloca en el segundo lugar de la serie: 919 demandas. Sólo en el primer trimestre de 2009 hubo un número mayor, con 1.031, pero 2009 no finalizó con los números finales de 2012. Por los juzgados de lo social desfilaron aquel año, un pésimo año, 2.571 expedientes correspondientes a extinciones laborales. Antes de los despidos a mansalva, antes de que todo se viniera abajo, en 2007, en los juzgados de Cádiz se tramitaron 1.372 expedientes. Por tanto, una diferencia en un periodo de cinco años de casi 2.000 casos más. Muy pocas provincias mantienen esa proporción.
La prueba de cómo una economía débil es la primera que recibe el golpe de la crisis se encuentra en que el peor dato porcentual en este aspecto se produjo en el primer año del descalabro, entre 2007 y 2008, cuando el incremento del número de despidos en la provincia fue del 62% cuando en el resto del país la media se movía por debajo del 50%.
Detrás del drama de los despidos, y directamente relacionado, se encuentra otro drama del que no se habla mucho. Es el drama de los empresarios, los pequeños empresarios, que ven cómo sus negocios se van a pique. En la estadística del Poder Judicial esto se puede observar, principalmente, en el apartado de concursos. La serie estadística arroja un crecimiento aún mayor que en el número de despidos, pasando de las 18 suspensiones de pagos (así se llamaba anteriormente) a las 170 empresas a las que la asfixia les ha llevado a los juzgados para que se acepte que no pueden pagar sus deudas. Es nada menos que un crecimiento de un 844%, el infinito. Ninguna provincia tiene un desmoronamiento parecido, aunque los datos son igualmente escalofriantes. Se ha pasado de 1.589 en 2007 a más de 10.000 en 2012.
En un tejido empresarial tan endeble en la provincia, con una amplia mayoría de empresas con menos de 50 trabajadores, han sido un total de 624 empresas las que han presentado concurso de acreedores en la provincia en lo que llevamos de esta larga crisis. Al igual que en los despidos, se ve que el primer golpe llegó al principio de la crisis, cuando aumentaron los concursos en un 266%, cuando la media nacional era de un 202%.
Sin embargo, ha bajado el número de expedientes, lo que tiene lecturas muy diferentes, sobre reclamaciones de deudas. Aquí se incluye, igualmente, responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias. Todo esto que sucede en el ámbito laboral ha visto decrecer su presencia en los juzgados de la provincia -de 4.350 en 2008 a 3.265 en 2012- por la sencilla razón de que se ha reducido la actividad laboral y porque la precariedad laboral reduce las denuncias.
Y el otro gran elemento, que tiene una consecuencia directa de todo lo demás, también arroja números espeluznantes. Las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos -donde se incluirían desahucios de alquileres-. La provincia siempre ha tenido un número elevado de ejecuciones hipotecarias. Así, ya en 2007 estaban por encima de la media con las 600 ejecuciones hipotecarias al año. En 2012 esa cifra se disparó hasta superar las dos mil ejecuciones (2.093). En toda la secuencia, entre 2007 y 2012, los juzgados de primera instancia han tramitado un total de 10.394 ejecuciones, entendiéndose como tales aquellos procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor. No todos acaban en desahucios, pero sí son un índice de hasta qué punto se ha ido incrementando la morosidad con las entidades bancarias. La provincia, por ejemplo, se ha movido en los índices de diferencial entre 2001 y 2012 por debajo de la media nacional, que se incrementó en un 17%, cuando en Cádiz 'sólo' lo hizo en un 6%. Pero esto es debido a que el pasado año no fue el peor para este tipo de reclamaciones bancarias en la provincia. Cuando el término no era tan popular, entre 2007 y 2009, las ejecuciones pasaron de 668 a 2.180. En cuanto a los lanzamientos positivos, es decir, aquellos en los que se cumple la orden del juzgado por la cual un inmueble de cualquier naturaleza regresa al propietario, en 2012 se produjeron 335, algo menos que en 2011 y, naturalmente, mucho más que en 2008, cuando se contabilizaron 170.
Estos macrodatos tienen una repercusión directa en el servicio que la justicia presta al ciudadano. Nuria Orellana, juez decano de Cádiz y única titular del juzgado de lo mercantil de la provincia, conoce los datos proporcionados por el Poder Judicial, que son números, aunque lo que pasa ante sus manos -todos esos concursos de acreedores- son historias con rostro. "No podemos ser ajenos a los dramas que estamos viviendo, por lo que intentamos sacar el máximo rendimiento a los pocos medios con los que contamos para dar la mayor celeridad a los trámites porque sabemos que a efectos personales es importante".
¿Lo pueden hacer? Con muchas dificultades. Que una provincia como la de Cádiz cuente con un solo juzgado de lo mercantil, cuando tramita, por poner un ejemplo, quince veces más casos al año que Ávila, que tiene la misma dotación, habla mucho de los desequilibrios territoriales a la hora de ofrecer eficacia de la administración de justicia. "Los concursos tienen muchas fases, son procedimientos largos y suelen tener incidentes posteriores. Ante la acumulación de trabajo, es inevitable el retraso".
La memoria del Poder Judicial ha dado la razón a las reclamaciones que se hacen desde Cádiz y se asume que la provincia debería contar no con dos, sino hasta con tres juzgados de lo mercantil. Pero ni van a estar "ni se les espera. Hemos conseguido algún refuerzo, pero absolutamente insuficiente". Los recortes presupuestarios hacen imposible una dotación necesaria ante una acumulación provocada por la misma causa que genera esos recortes.
Los juzgados de lo social y los de primera instancia se encuentran en parecida situación, según la juez decano, con una sobrecarga de trabajo derivada de la crisis que demora la resolución de los conflictos. "En provincias como Cádiz la crisis se puede visualizar especialmente en los datos de los juzgados. Pero llevamos tanto tiempo demandando más medios que ya nos hemos acostumbrado a trabajar en estas condiciones".siem
Las cifras se relacionan unas con otras. El guarismo que funciona como primera pieza del dominó, que hace caer a todas las demás en el informe del Poder Judicial, se encuentra en el apartado 'despidos'. Los juzgados de lo social de la provincia registraron durante el pasado año un total de 3.228 demandas que incluyen cambios en las condiciones de trabajo, traslados individuales, pero, sobre todo, despidos puros y duros o, para ser más exactos, extinciones de contrato por causas objetivas. Jamás en las series estadísticas del Poder Judicial se había alcanzado una cantidad similar. Esta cifra ha ido creciendo según se iba desarrollando la crisis hasta alcanzar en el último trimestre del pasado año otra cifra que se coloca en el segundo lugar de la serie: 919 demandas. Sólo en el primer trimestre de 2009 hubo un número mayor, con 1.031, pero 2009 no finalizó con los números finales de 2012. Por los juzgados de lo social desfilaron aquel año, un pésimo año, 2.571 expedientes correspondientes a extinciones laborales. Antes de los despidos a mansalva, antes de que todo se viniera abajo, en 2007, en los juzgados de Cádiz se tramitaron 1.372 expedientes. Por tanto, una diferencia en un periodo de cinco años de casi 2.000 casos más. Muy pocas provincias mantienen esa proporción.
La prueba de cómo una economía débil es la primera que recibe el golpe de la crisis se encuentra en que el peor dato porcentual en este aspecto se produjo en el primer año del descalabro, entre 2007 y 2008, cuando el incremento del número de despidos en la provincia fue del 62% cuando en el resto del país la media se movía por debajo del 50%.
Detrás del drama de los despidos, y directamente relacionado, se encuentra otro drama del que no se habla mucho. Es el drama de los empresarios, los pequeños empresarios, que ven cómo sus negocios se van a pique. En la estadística del Poder Judicial esto se puede observar, principalmente, en el apartado de concursos. La serie estadística arroja un crecimiento aún mayor que en el número de despidos, pasando de las 18 suspensiones de pagos (así se llamaba anteriormente) a las 170 empresas a las que la asfixia les ha llevado a los juzgados para que se acepte que no pueden pagar sus deudas. Es nada menos que un crecimiento de un 844%, el infinito. Ninguna provincia tiene un desmoronamiento parecido, aunque los datos son igualmente escalofriantes. Se ha pasado de 1.589 en 2007 a más de 10.000 en 2012.
En un tejido empresarial tan endeble en la provincia, con una amplia mayoría de empresas con menos de 50 trabajadores, han sido un total de 624 empresas las que han presentado concurso de acreedores en la provincia en lo que llevamos de esta larga crisis. Al igual que en los despidos, se ve que el primer golpe llegó al principio de la crisis, cuando aumentaron los concursos en un 266%, cuando la media nacional era de un 202%.
Sin embargo, ha bajado el número de expedientes, lo que tiene lecturas muy diferentes, sobre reclamaciones de deudas. Aquí se incluye, igualmente, responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias. Todo esto que sucede en el ámbito laboral ha visto decrecer su presencia en los juzgados de la provincia -de 4.350 en 2008 a 3.265 en 2012- por la sencilla razón de que se ha reducido la actividad laboral y porque la precariedad laboral reduce las denuncias.
Y el otro gran elemento, que tiene una consecuencia directa de todo lo demás, también arroja números espeluznantes. Las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos -donde se incluirían desahucios de alquileres-. La provincia siempre ha tenido un número elevado de ejecuciones hipotecarias. Así, ya en 2007 estaban por encima de la media con las 600 ejecuciones hipotecarias al año. En 2012 esa cifra se disparó hasta superar las dos mil ejecuciones (2.093). En toda la secuencia, entre 2007 y 2012, los juzgados de primera instancia han tramitado un total de 10.394 ejecuciones, entendiéndose como tales aquellos procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor. No todos acaban en desahucios, pero sí son un índice de hasta qué punto se ha ido incrementando la morosidad con las entidades bancarias. La provincia, por ejemplo, se ha movido en los índices de diferencial entre 2001 y 2012 por debajo de la media nacional, que se incrementó en un 17%, cuando en Cádiz 'sólo' lo hizo en un 6%. Pero esto es debido a que el pasado año no fue el peor para este tipo de reclamaciones bancarias en la provincia. Cuando el término no era tan popular, entre 2007 y 2009, las ejecuciones pasaron de 668 a 2.180. En cuanto a los lanzamientos positivos, es decir, aquellos en los que se cumple la orden del juzgado por la cual un inmueble de cualquier naturaleza regresa al propietario, en 2012 se produjeron 335, algo menos que en 2011 y, naturalmente, mucho más que en 2008, cuando se contabilizaron 170.
Estos macrodatos tienen una repercusión directa en el servicio que la justicia presta al ciudadano. Nuria Orellana, juez decano de Cádiz y única titular del juzgado de lo mercantil de la provincia, conoce los datos proporcionados por el Poder Judicial, que son números, aunque lo que pasa ante sus manos -todos esos concursos de acreedores- son historias con rostro. "No podemos ser ajenos a los dramas que estamos viviendo, por lo que intentamos sacar el máximo rendimiento a los pocos medios con los que contamos para dar la mayor celeridad a los trámites porque sabemos que a efectos personales es importante".
¿Lo pueden hacer? Con muchas dificultades. Que una provincia como la de Cádiz cuente con un solo juzgado de lo mercantil, cuando tramita, por poner un ejemplo, quince veces más casos al año que Ávila, que tiene la misma dotación, habla mucho de los desequilibrios territoriales a la hora de ofrecer eficacia de la administración de justicia. "Los concursos tienen muchas fases, son procedimientos largos y suelen tener incidentes posteriores. Ante la acumulación de trabajo, es inevitable el retraso".
La memoria del Poder Judicial ha dado la razón a las reclamaciones que se hacen desde Cádiz y se asume que la provincia debería contar no con dos, sino hasta con tres juzgados de lo mercantil. Pero ni van a estar "ni se les espera. Hemos conseguido algún refuerzo, pero absolutamente insuficiente". Los recortes presupuestarios hacen imposible una dotación necesaria ante una acumulación provocada por la misma causa que genera esos recortes.
Los juzgados de lo social y los de primera instancia se encuentran en parecida situación, según la juez decano, con una sobrecarga de trabajo derivada de la crisis que demora la resolución de los conflictos. "En provincias como Cádiz la crisis se puede visualizar especialmente en los datos de los juzgados. Pero llevamos tanto tiempo demandando más medios que ya nos hemos acostumbrado a trabajar en estas condiciones".siem
