Hace 35 años Andalucía luchó y conquistó su autonomía alcanzando el mismo nivel que las nacionalidades consideradas históricas recogidas en el art. 151 de la Constitución Española. Este hecho resultó fundamental para iniciar el camino del crecimiento económico y el desarrollo social de Andalucía. Esto nos ha permitido recuperar parte importante del retraso histórico sufrido y aminorar los desequilibrios y las desigualdades que padecíamos ante el resto de comunidades más avanzadas y con mayor desarrollo industrial.
El ejercicio de la autonomía y el autogobierno, que ha posibilitado desarrollar un marco competencial propio, ha sido crucial para que Andalucía alcance un alto grado de cohesión territorial y social, gracias al desarrollo de las infraestructuras y los avances culturales y tecnológicos que han llegado al conjunto de la población. Así como al impulso de unos sistemas de igualdad y protección social y unos servicios públicos eficientes y de calidad.
La crisis económico-financiera que la férrea aplicación de políticas neoliberales y conservadoras ha provocado, es a su vez una oportunidad para sus culpables, los poderes financieros y las grandes empresas al objeto de desmontar el bienestar y los logros sociales conquistados. La idea es crear una nueva sociedad ajustada a sus intereses exclusivos que está acabando con todo, incluyendo un debilitamiento democrático y el derecho al autogobierno.
El cuestionamiento de los sistemas de protección social está en la base del ataque al modelo autonómico. Nos encontramos en una situación de riesgo extremo, ante los embates del centralismo estatal que lleva a sus ultimas consecuencias el gobierno del PP, suprimiendo competencias por la vía de los hechos, al imponer sus ajustes y reducir la financiación, lo cual se traduce mediante el deseo de privatizar servicios y sector público y hacer de la salud y la educación negocios privados.
El verdadero cariz de las políticas llamadas de austeridad y déficit controlado que se imponen a Andalucía, es liquidar bienestar y beneficiar a grandes entidades y compañías privadas bancarias, de seguros, de bienes culturales y de consumo. Nuestras ansias de justicia y de autogobierno, se pueden ver también frenadas y/o mermadas por intereses soberanistas de carácter insolidario y egoísta propiciados por las diferentes derechas nacionalistas o recentralizadoras.
La consecuencia de todo ello es un modelo cada vez más asimétrico, donde las exigencias de uno, y las concesiones interesadas de otros, producen un aumento de las diferencias y más desigualdades entre las Comunidades Autónomas.
Por eso es el momento de seguir avanzando en el modelo de Estado Autonómico, que hasta la fecha ha mostrado su utilidad, garantizando el pleno desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, recientemente aprobado por unanimidad y un amplio grado de consenso social, para seguir avanzando en cohesión social, y en la generación de riqueza; y que esta, se reparta de un modo más equitativo que permita mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad andaluza.
Para preservar las conquistas de estos años, los avances reflejados en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y conservar nuestra capacidad para gestionar y desarrollar políticas propias, es necesario e imprescindible aglutinar en torno a él una mayoría social suficiente.
Debemos exigir el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía especialmente en todo lo relacionado con la defensa del modelo social; el mantenimiento de los servicios públicos; el empleo y la generación de riqueza ya que son estos los instrumentos fundamentales para garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades, y que son las políticas más perjudicadas por la falta de financiación estatal.
Avanzar en un federalismo simétrico que permita corregir las arbitrariedades y desigualdades que se producen según los intereses de los gobiernos de turno, dejando claramente delimitadas las competencias y con un sistema de financiación justo, solidario y donde las personas sean su eje central, que acabe con las políticas de premio/castigo que está aplicando el gobierno central en su trato discriminatorio hacia comunidades como Andalucía. En resumen asentar y profundizar un modelo de Estado que permita consolidar los avances producidos y aumentar el progreso económico, social y democrático de la sociedad española y andaluza.
La sociedad civil organizada demanda al Gobierno de Andalucía una decidida oposición frente al objetivo de déficit y la austeridad impuesto desde el Gobierno de Madrid y desde los centros de poder neoliberales y conservadores mayoritarios en la Unión Europea. La imposición de estas políticas liberales, provocan recortes de programas, servicios y sector público andaluz, con los consiguientes despidos y mermas de calidad en la atención ciudadana. El Gobierno Andaluz junto con su pueblo se debe rebelar cívica y pacíficamente y todas y todos juntos debemos denunciar toda esta agresión contra los intereses de Andalucía.
La autonomía andaluza, tiene sus raíces en lo social, en busca de la igualdad y la redistribución de la riqueza. El autogobierno andaluz no es excluyente, sino incluyente, y eso exige la profundización en la justicia social y no de la eliminación de los derechos sociales. “Tierra y Libertad” es nuestro lema lo que se traduce en más trabajo, más derechos sociales, más bienestar, más igualdad, y más derecho a gobernarnos democráticamente.
Desde la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía hacemos un llamamiento a todas las entidades de la sociedad civil, a los partidos políticos, al mundo de la cultura, de la comunicación, de la Universidad, (y a todas aquellas personas victimas de la crisis ya sea por despidos, paro, desahucios, exclusión o cualquier agresión a sus derechos fundamentales y constitucionales) que comprometidas con nuestro autogobierno quieren seguir defendiendo lo que los andaluces y andaluzas ganamos primero en la calle y que más tarde se refrendó en las urnas.
Nuestra capacidad de Autogobierno se ve en peligro por la acción recentralizadora que el Gobierno de Rajoy está llevando a efecto y que persigue reducir a la mínima expresión el estado de las autonomías, lo que vendrá a perjudicar las ventajas conquistadas por el pueblo andaluz y supondrá un retroceso en la cohesión social y territorial.
Por todo ello, la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía iniciamos una campaña ciudadana en defensa de nuestros derechos como pueblo y de nuestro Estatuto de Autonomía que tendrá su máxima expresión movilizadora el próximo 28 de Febrero.
29 noviembre 2012
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