Los obispos europeos preconizaron una tasa sobre las transacciones financieras "al menos en la Eurozona" para compartir de una manera justa el "fardo" de la deuda, indicaron los prelados reunidos en el seno de la Comisión Episcopal de la Comunidad Europea (COMECE).
"Compartir el fardo de la reducción de la deuda que se generó durante la crisis financiera actual" es clave, dijeron los obispos en el texto llamado "Hacia un nuevo modelo económico, basado en la solidaridad y responsabilidad", que debaten este jueves en Bruselas.
"Sobre todo, teniendo en cuenta la responsabilidad de los gobiernos así como la de los bancos y otras instituciones financieras", afirmaron los obispos de la COMECE, que reagrupa a todas las conferencias episcopales de la UE.
El impuesto para gravar las transacciones financieras debe imponerse al menos "en la Eurozona", dijeron.
El lunes, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, debatieron sobre la posibilidad de imponer esta tasa, al menos en los países de la Eurozona.
Francia, muy presionada en un año electoral en el que Sarkozy se juega su reelección, insiste en que continuará sola con el plan para cobrar este impuesto, conocido como tasa Tobin, mientras que Merkel es partidaria de buscar al menos un compromiso a nivel europeo.
La idea de gravar las transacciones fue propuesta en 1972 por el economista estadounidense James Tobin, y apoyada por las organizaciones antiglobalización, pero durante años fue ignorada hasta que el eje franco-alemán y la Comisión Europea la reactivaron en agosto como una de sus principales puntales para enfrentar la crisis de la deuda.
La Comisión incluso presentó a finales de septiembre una propuesta de este impuesto que se aplicaría a partir de 2014 y que permitiría recaudar hasta 55.000 millones de euros cada año.
El primer ministro británico David Cameron reiteró una y otra vez su oposición a la medida, a menos que sea decidida a nivel mundial.
Pero países como China y Estados Unidos se oponen rotundamente a una tasa internacional.
Gran Bretaña teme que la aplicación de una tasa restringida a un área geográfica perjudique los intereses de la City de Londres (centro financiero londinense).
Londres dice que para que la medida sea efectiva debe imponerse de manera global, de lo contrario provocará una deslocalización de operaciones y empresas a terceros países que no la impongan.
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