La secretaria segunda del Congreso, Isaura Leal, y la presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo, Mercè Perea, durante la celebración de la Jornada 'El Pacto de Toledo y la solidaridad intergeneracional como garantía de futuro del sistema de protección social', a 2 de diciembre de 2025, en Madrid | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
Objeto de examen en foros y tertulias, y carne de meme en redes sociales, el sistema de pensiones ha estado fuera del debate en el Congreso. Hasta ahora.
Acechado por un creciente ruido en torno a su sostenibilidad, el futuro de las pensiones públicas vuelve a ser discutido. La Comisión de evaluación y seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo se lanzará el próximo año a la revisión de sus recomendaciones.
Será a partir de febrero, con comparecencias en torno a seis bloques que los grupos han elegido para enfocar sus trabajos. Sin descartar que, durante su desarrollo, afloren más cuestiones, según han adelantado a Demócrata diferentes fuentes en la Comisión.
“Máxima flexibilidad”, subraya Mercè Perea, presidenta de la Comisión durante esta legislatura, tras haberse encargado de la portavocía del PSOE en este órgano en los últimos años.
Asuntos en el foco
Los bloques en torno a los que girarán las comparecencias serán la brecha género en el sistemaM la solidaridad entre generaciones; demografía y migración, pobreza; mercado laboral y el impulso a los diferentes pilares del sistema.
En el caso del mercado laboral está previsto abordar el nuevo modelo económico, el impacto de la inteligencia artificial, las carreras de cotización discontinuas, el trabajo autónomo y modelos de jubilación anticipada y flexible, entre otros.
Además, también se prevé solicitar la comparecencia de instituciones como la AIReF, cuya presidenta Cristina Herrero acudió recientemente a la Comisión, o el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas.
¿Ha cumplido el Gobierno?
A ello hay que añadir la rendición de cuentas que deberá afrontar el Gobierno sobre el grado de cumplimiento de las vigentes recomendaciones, aprobadas hace ya cinco años.
Será la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la que deba comparecer ante la Comisión para defender la adecuación de las reformas aprobadas a las orientaciones emitidas por el Congreso.
¿Es posible una renovación? ¿Llegarán a Toledo?
La temperatura política no puede invitar más al pesimismo. Y, sin embargo, tanto el PP como el PSOE parecen desligar la tarea de la confrontación que tiñe el resto de asuntos. O ese al menos el mensaje que trasladan.
En el PP no encuadran estos trabajos en su ‘no a todo’ que sí mantienen a cada propuesta de un Ejecutivo que ven achicharrado y agonizante, y subrayan su disposición a cumplir con las obligaciones de renovación.
En la tarea, además, está Miguel Ángel Paniagua, diputado reconocido por colegas a ambos lados del Hemiciclo por su carácter propositivo y capacidad de llegar a acuerdos. Cuestionan, eso sí, el interés del Gobierno en acometer la tarea, que se ha ido postergando durante más de un año.
En el PSOE esperan que el PP no dé la ‘espantada’. Desde la presidencia, la propia Perea recoge el guante y les emplaza, si así lo desea la Comisión, a repetir tres décadas después la rúbrica de un nuevo acuerdo en Toledo, la ciudad que bautiza el pacto fundacional.
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