Premio del Parlamento Europeo a la PAH: un motivo más para que el PP rectifique

Tras el premio del Parlamento Europeo a la PAH el Partido Popular debería pedir disculpas y rectificar

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca trabaja desde hace más de cuatro años defendiendo el derecho fundamental a la vivienda, recogido en numerosos tratados internacionales así como en la Constitución Española. El Premio que concede el Parlamento Europeo es un reconocimiento a la labor colectiva de un movimiento ciudadano que se lleva a cabo en condiciones muy duras. Aun así, los reconocimientos no nos hacen perder de vista nuestro objetivo, que no es conseguir premios sino hacer frente a la vulneración sistemática del derecho a la vivienda, y luchar para que éste sea garantizado. En el Estado Español, esta vulneración es el resultado de una continuada estafa cometida por las entidades financieras, con la complicidad denunciable de amplios sectores de la administración pública y el Estado. Este engaño masivo a la ciudadanía ha empujado a centenares de miles de personas a una situación límite.

Queremos recordar el contexto en el que el Parlamento Europeo ha decidido destacar la labor de la PAH. En el mes de febrero pasado, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para hacer frente a la crisis hipotecaria y la emergencia habitacional fue presentada con el aval de 1.402.854 firmas, y tramitada así en el Congreso gracias al respaldo de una masiva movilización ciudadana y de la opinión pública. A pesar de ello, el Partido Popular, en su 'Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social', no recogió ninguna de las tres demandas de mínimos contenidas en la ILP. Al desprecio por la movilización ciudadana, por la situación de las personas afectadas y por unas demandas apoyadas por el 90% de la población, el Partido Popular en el gobierno sumó una sucia campaña para criminalizar a la PAH. En un alarde de formas antidemocráticas, representantes populares tildaron a la PAH de "invasores de derechos ajenos", acusándola de "ejercer la violencia física y verbal contra quienes piensan diferente", con métodos cercanos a los "terroristas filoetarras" o incluso a los nazis.

La criminalización de la PAH por parte del partido con mayor responsabilidad de gobierno actualmente en el Estado Español, demuestra no solo la incapacidad y la falta de voluntad de éste a la hora de escuchar a la ciudadanía, sino que también evidenciadesconocimiento y desprecio de los problemas de la gente de la calle. En la actual situación de crisis económica e institucional aguda, este comportamiento no puede calificarse sino de irresponsable.

El premio otorgado por el Parlamento Europeo por unanimidad debería hacer rectificar al gobierno de Mariano Rajoy en dos sentidos. En primer lugar, incluyendo las medidas de mínimos de la ILP en la legislación española. Esta primera rectificación viene exigida además por la pasada sentencia del Tribunal Europeo que declara ilegalde facto la Ley Hipotecaria española, y por tanto ilegales los desahucios cometidos bajo su amparo. En segundo lugar, el gobierno debe una disculpa a la ciudadanía que, aun viéndose afectada por los desahucios masivos, no recibe sino calumnias por parte de quienes deben dar soluciones políticas a la emergencia habitacional. Al contrario de lo esperable, un destacado eurodiputado del Partido Popular ha tildado de "escándalo" la concesión del Premio a la PAH, sugiriendo de nuevo que la Plataforma tiene un perfil 'filoterrorista', y anunciando que solicitará su retirada. Invitamos a la ciudadanía libre a hacer sus propias valoraciones. El Partido Popular que aprobó la ley 1/2013 en solitario ha vuelto ha quedarse solo en Europa, poniéndose así en evidencia.

El Premio Ciudadano Europeo ratifica lo que la PAH viene denunciando desde hace años: que la situación de emergencia habitacional que se da en España es una anomalía, ya que se trata del país europeo con más desahucios y en el que existe más vivienda vacía. Desde la PAH instamos de nuevo a las instituciones europeas a actuar frente a la vulneración de derechos fundamentales que se da en territorio europeo y cambiar las leyes si quieren recuperar la confianza de la ciudadanía.

Consideramos el premio un reconocimiento a nuestro trabajo, a la autotutela efectiva de derechos que la PAH continuará ejerciendo.

Baja el paro. Lo explica la Vicepresidenta

La Junta de Andalucía en su Delegación de Bruselas

La Delegación de la Junta de Andalucía en Brusela en su Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463488323726859&set=a.456129447796080.1073741828.455433181199040&type=1&theater conmemora el 35 aniversario de la Junta de Andalucía y dice: "El 27 de mayo de 1978 Plácido Fernández Viagas fue investido en Cádiz presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía, cargo que desempeñará hasta el 2 de junio de 1979".
Efectivamente, el acto tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Diputación provincial de Cádiz.
En aquellos tiempos yo desempeñaba la responsabilidad de Coordinador y Portavoz del Grupo de Diputados Provinciales del PSOE.

Cádiz, el geriátrico que ríe. Alberto Ramos

EN las declaraciones de los portavoces, no identificados, del Partido Popular y del Ayuntamiento realizadas para el amplio reportaje que publicó este Diario, para destacar los dieciocho años de Teófila Martínez como alcaldesa de Cádiz, y el anuncio de su continuidad, en medio del discurso autocomplaciente, destacaron, en mi opinión, dos ideas. Por una parte, la reiterada consigna propagandística de que las cuentas municipales van muy bien, "económicamente estamos mejor que nunca", según fuentes municipales, que, aunque reconocían la existencia de una deuda no la cuantificaba, y solo indicaban que los gastos financieros de la misma se han triplicado en los últimos años. La realidad es que el ayuntamiento está endeudado, que la deuda por habitante (1.608 euros), es la quinta más importante de España, y que, aunque no se diga, los plazos oficiales para pagar a las empresas y a los proveedores que trabajan con el ayuntamiento se incumplen reiteradamente, generando perjuicios y dificultades a las pequeñas y medianas empresas radicadas en la ciudad. Un dato: el Ayuntamiento tenía en diciembre algo más de 28 millones en facturas sin pagar; al parecer ahora la cifra ronda los 35 millones. 

Por otra parte, de las declaraciones del portavoz del PP se deduce lo poco que al partido le preocupa la pérdida y envejecimiento de la población de Cádiz. Antes al contrario, parece que les alegra, porque electoralmente les favorece. Por eso, cuando se plantea la posible crisis de votos que se intuye para las próximas citas electorales, en el PP no se inquietan pues saben que el desánimo y la desafección política es mayor en los jóvenes, mientras que la que califican como "mayoría silenciosa", que predominan entre los electores cuyas edades están entre los 40 y 85 años, "es la que vota al Partido Popular", por lo que una población envejecida, como la gaditana, les conviene. Cádiz ha perdido desde que gobierna el PP más de 20.000 habitantes, estando en la actualidad en poco más de 123.000, de los que unos 105.000 tienen derecho a voto y más de 69.000 están en el nicho de edad que, según el PP, les vota mayoritariamente. 

Los datos son concluyentes, la población de Cádiz disminuye, envejece y tiene el mayor índice de paro de España. Si en 1995 la ciudad tenía 145.595 habitantes, de los que 15.066 estaban en paro, en 2013 la población ha descendido a 123.498 habitantes y el paro ha subido a 17.998 personas. No importa, en el PP lo ven todo de color azul.

(Copiado de http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/1535312/cadiz/geriatrico/sonrie.html )

Debate sobre la renta básica en la Fundación Ideas

La Fundación IDEAS ha celebrado este lunes el seminario "Hacia un nuevo pacto social: reflexiones sobre la renta básica", impartido por Luis Fernando Medina, Senior Research Fellow del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS) del Instituto Juan March, en el que ha participado el vicepresidente de la Fundación IDEAS, Jesús Caldera, junto a otros investigadores e invitados.

En este foro se ha analizado desde diversas aproximaciones –filosóficas, económicas, sociales o políticas– el alcance y significado del principio de renta básica, que promueve la posibilidad de ofrecer a todo ciudadano un ingreso mínimo, como derecho de ciudadanía, de manera incondicional, independientemente de si está empleado, autoempleado o desempleado. 

Se trata de una de las propuestas más innovadoras en política social en los últimos tiempos. Frente a las posibles reticencias de partida sobre su supuesto efecto negativo en la economía productiva, fácilmente refutable, los profundos cambios en el sistema actual demandan nuevas medidas transformadoras de carácter transversal. De hecho, este planteamiento cobra fuerza como respuesta a una situación social con elevados niveles de paro, aumento de la pobreza y creciente desigualdad.

Los avances tecnológicos, unidos a una volatilidad creciente de los mercados financieros y la escasez de puestos de trabajo, hacen que las antiguas categorías normativas hoy resulten obsoletas. Se abre, por tanto, el debate hacia otros escenarios, donde esta propuesta, hasta ahora marginal en el debate político, va cobrando protagonismo. 

Durante el encuentro se plantearon diferentes cuestiones relacionadas con los detalles de su posible implementación, tales como la identificación de los potenciales beneficiarios, el tipo y nivel de ingresos garantizado, o el grado de incondicionalidad. Las respuestas a estas incógnitas contribuyen a diseñar modelos para cada contexto particular, lo que permite valorar diferentes posibilidades y experiencias para llevarlo a la práctica.

( Tomado de http://www.fundacionideas.es/press_room/recent_news/6174?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=boletin31052013 )

Nuevo impuesto

Nuevo impuesto, nuevo coste y nuevos trámites para los propietarios de casas que quieran alquilarlas o venderlas en cualquier zona de España. Mientras una parte del PP presiona a Rajoy para que rebaje impuestos, el Gobierno sigue aumentando, implacable, la presión fiscal sobre los españoles.

Tras las subidas de IRPF e IVA y el 'tarifazo', ahora el nuevo golpe al bolsillo se llama certificado de eficiencia energética. Este sábado entra en vigor el decreto que obliga a cada vivienda en venta o alquiler a disponer del documento que recoge el nivel de gasto en energía del inmueble. Mientras los certificadores se frotan las manos por lo que van a ingresar, los agentes inmobiliarios temen que sólo genere más costes y más arrendamientos en negro.

Se abre un suculento negocio para ingenieros y arquitectos y al mismo tiempo se crea un nuevo impuesto a cambio de que las Comunidades Autónomas validen con sello oficial ese certificado. En definitiva, es un nuevo impuesto para los propietarios.

El Real Decreto 235/2013 obliga a que cada nuevo alquiler o venta de inmueble incorpore un documento que informa con exactitud sobre el consumo de energía que requiere la vivienda y valora su eficiencia con siete calificaciones, que van desde la excelencia de la letra "A" hasta el elevado consumo que marca la "G". Es la misma nomenclatura que se utiliza al etiquetar la eficiencia de los electrodomésticos.

El objetivo es loable: mejorar la eficiencia y por tanto reducir el gasto a futuro en calentar, enfriar o iluminar las viviendas de un país donde se ha construido mucho y muy mal. Casi todos los estados europeos avanzados lo tienen pero aquí en España llega en un mal momento. A largo plazo, su existencia impulsará la construcción o rehabilitación de edificios de alta eficiencia energética y a corto plazo provocará que los propietarios inviertan en equipos e instalaciones que ahorran energía.

Al mismo tiempo se informará de manera objetiva a los compradores y usuarios sobre sus características. Como ha comentado el director general de Industria de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, en un foro sobre eficiencia energética organizado por ABB España, se trata de abordar un problema endémico en España: “Cuando compramos la casa hacemos la inversión de nuestra vida sin saber la hipoteca energética que estamos asumiendo a futuro”.

Pero los agentes del castigado sector inmobiliario creen que llega en un momento inoportuno: en plena fase de meseta de la crisis, con un enorme parque de vivienda vacía y en gran medida envejecido o mal construido y en plena caída de precios de alquiler. De ahí que entiendan que el propietario va a tener más gastos, más dificultad para vender o alquilar. Creen que la nueva carga incentivará los alquileres en negro, con lo cual Hacienda y la Agencia Tributaria saldrán perdiendo.

Este certificado debe adjuntarse obligatoriamente en cada renovación o nuevo contrato de arrendamiento que se produzca a partir del 1 de junio. Para obtenerlo, el propietario contrata a un técnico autorizado -exclusivamente arquitectos, aparejadores e ingenieros industriales superiores y técnicos- que mediante mediciones en el inmueble -cerramientos y calidad de los aislantes- y un software específico elaborará un informe donde indicará la calificación de la vivienda según su gasto, el importe anual aproximado de las facturas de luz y gas y las reformas y las medidas que debería incorporar para mejorar el ahorro, y por tanto, subir en la escala energética.

El certificado para una vivienda de tamaño normal, de entre 70 y 80 metros cuadrados, se situará entre 150 y 200 euros. El precio dependerá de qué oferta y demanda haya. Es decir, estará liberalizado, como el de las ITV. A este coste hay que añadir la tasa que quieran cobrar las autonomías para validar que el certificado cumple los requisitos de análisis y se ajusta a la clasificación energética del decreto del Gobierno.

La tasa costará entre 0 y 40 euros, según la comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid cobrará casi 40 euros por este impuesto asociado al certificado energético según Certicalia.com, mientras que en comunidades autónomas como el País Vasco el coste será gratuito. En Baleares costará 4,78 euros, en Castilla La Mancha, 3 euros y alrededor de 12 euros en Galicia. En cambio, comunidades autónomas como Navarra, Canarias, Cantabria, Asturias o La Rioja tampoco cobrarán por registrar el certificado energético, al menos por ahora En resumen, propietarios, toca rascarse de nuevo el bolsillo.

Contra el exilio económico de los jóvenes

Mensaje urgente para evitar el exilio económico originado por la crisis y a favor del Plan de Reactivación que defiende el PSOE para salir de la crisis y crear empleo