La evasión fiscal en España maneja cifras escalofriantes. Nada menos que 107.350 millones de algo más de 81.000 millones de euros, al cambio actual-, según un reciente estudio de TaxJustice Network, más del doble del ajuste reclamado por las agencias de calificación de riegos a España para este ejercicio o el triple exactamente del recorte del presupuesto finalmente aprobado. Pero, sobre todo, una cifra que deja unos efectos colaterales de indudable repercusión social.
Por ejemplo, tal y como cita el informe de esta institución, que sitúa a España como décima nación con mayores ratios de fugas impositivas, la recaudación de estos ingresos tributarios permitiría al Gobierno español cubrir el 84,7% de la factura sanitaria del país, que asciende hasta los 126.666 millones de euros (el 9% del PIB nacional), en un momento en el que el equipo económico del Ejecutivo acaba de instaurar el copago, en función de las rentas, para acceder a los servicios médicos.
También cubriría el coste del saneamiento del sector financiero; bien de un hipotético rescate bancario como el que tendría preparado el FMI para España, de la posible creación de un banco malo que incorporara los activos tóxicos inmobiliarios del sector -alternativa a la opción por la que parece decantarse el titular de Economía,Luis de Guindos, de dar configuración legal a sociedades de este tipo para bancos en senda de saneamiento contable-, o de una inmobiliaria única gestionada y avalada por el Estado, tal y como reclaman las cajas de ahorros. Medidas todas ellas en las que ciertos estudios del mercado apunta a un cheque del entorno de los 100.000 millones de dólares.
Los expertos de TaxJustice Network reconocen en este diagnóstico global la declarada intención de vincular esta lacra universal -lo que denominan tendencias perniciosas del sistema internacional de tributación, que amenazan la capacidad de los Estados de imponer impuestos a los grandes beneficiarios de la globalización- a parámetros de marcado cariz social como la Sanidad para sensibilizar a las sociedades civiles. Además de incluir en sus cálculos el volumen delmercado negro que opera en cada uno de los 145 países que analiza, a partir de los datos oficiales del Banco Mundial, por entender que gran parte de estas evasiones tienen que ver con las prácticas que se realizan bajo la clandestinidad económica y empresarial. En el caso de España, este agujero tiene un calibre de 316.600 millones de dólares, el 22,5% del PIB.
Amnistía fiscal y plan antifraude
Sin duda, a la luz de estos datos, resulta todavía más imperiosa la necesidad de poner en marcha planes antifraude o recetas como la amnistía fiscal, con los que el Gobierno pretende captar 25.000 millones de euros, el 2,5% del PIB y apenas el 10% del ajuste presupuestario para este año. Pero estas iniciativas, aunque logren sus objetivos de recaudación o, incluso, consigan impedir subidas de impuestos como el IVA en una economía como la española (con una presión tributaria del 33,9% del PIB, algo más de siete puntos por debajo de los gastos del Estado), nunca podrán evitar, en solitario, huidas de inversiones por la supresión de los dividendos del Impuesto de Sociedades, por ejemplo, o la completa afloración del dinero oculto.
De ahí que desde TaxJustice se reclamen acciones concertadas globales atrevidas y más eficaces. En especial, desde el G-20 y contra los paraísos fiscales, que llegaron a atesorar antes del inicio de la crisis (en 2007) más de 7 billones de dólares, el 13% del PIB global. Asimismo, denuncia que los acuerdos de intercambio de información fiscal y financiera que se han sellado en los últimos años dentro de la órbita de la OCDE no parecen haber servido para disuadir ni a los centenares de millones de nuevos ricos de mercados emergentes que han acudido a estos territorios de baja fiscalidad, ni siquiera a los grandes conglomerados empresariales de las potencias industrializadas.
No en vano, la última radiografía anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa acaba de revelar que las firmas que cotizan en el IBEX han duplicado su presencia en paraísos fiscales, estrategia de optimización de impuestos que practican, para más inri, 30 de los 35 integrantes del selectivo español, en un país que deja de ingresar cifras más que notables por este tributo de sus grandes empresas. Pero también en materia de lucha contra el fraude de impuestos.
TaxJustice deja datos globales escalofriantes. Su estudio, que abarca el 98,2% del PIB mundial y el 92,4% de la población del planeta, estima que la evasión impositiva total excede de los 3,1 billones de dólares, el 5,1% de la economía internacional. Mientras, los gastos en Sanidad de todas las naciones que analiza totalizan 5,7 billones de dólares; es decir, que la ausencia de este tipo de evasiones de riqueza serviría para sufragar nada menos que el 54,9% de la factura sanitaria mundial. Una cota baja, alertan los analistas de TaxJustice, porque Estados Unidos, la mayor potencia global, carece de un sistema de sanidad universal y su porción de economía sumergida es del 10,8%. En Europa, por contra, con un 20,5% de mercado negro y casi 2 billones de gasto sanitario, se cubriría el 86,8% de los servicios de atención médica. Motivo por el que Richard Murphy, uno de los consultores y economistas que ha elaborado este informe, concluye en el mismo que “la economía sumergida, que representa el 18% del PIB mundial, representa un claro crimen contra la población del planeta y las distintas sociedades civiles de cada país”.
