Sin derechos no hay convivencia ni bienestar
El actual proceso de regularización administrativa impulsado por el Gobierno tras la reforma del Reglamento de Extranjería ha vuelto a situar la inmigración en el centro del debate político. Se trata de dar respuesta a una realidad evidente: cientos de miles de personas viven y trabajan en España sin derechos plenos, sosteniendo sectores esenciales sin reconocimiento jurídico. Frente a ello, el Partido Popular y Vox han mostrado su rechazo, pese a que el Congreso tomó en consideración en abril de 2024 la iniciativa Regularización Ya con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox. Existe, por tanto, una mayoría política que reconoce la necesidad de regularizar a las personas inmigrantes.
España y Europa afrontan además un reto demográfico de gran magnitud: baja natalidad y envejecimiento acelerado
Mantener en la irregularidad a cientos de miles de personas solo favorece a quienes incumplen la ley y utilizan la explotación como modelo de negocio. Esta situación genera competencia desleal entre empresas, perjudica la cohesión social y erosiona el Estado del bienestar. Las personas afectadas no son recién llegadas: llevan años en España, trabajan —la mayoría en condiciones precarias—, tienen hijos escolarizados y muchas cuidan a personas mayores. Ya forman parte de la sociedad. Mantenerlas en la irregularidad no las invisibiliza; solo perpetúa la desigualdad, la vulnerabilidad y la economía sumergida.
Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad y actualmente se intensifican por las desigualdades económicas, los conflictos armados y el cambio climático. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 300 millones de personas viven fuera de su país de origen. No es una anomalía, sino una consecuencia directa del funcionamiento de la economía global. Pretender gestionar la migración únicamente mediante el control de fronteras no resuelve el problema y aumenta los riesgos humanos, favoreciendo las redes de tráfico de personas y rutas migratorias cada vez más peligrosas.
España y Europa afrontan además un reto demográfico de gran magnitud: baja natalidad y envejecimiento acelerado. Cada vez hay menos población en edad de trabajar, lo que afecta a los sistemas de pensiones, los servicios públicos y la capacidad de crecimiento económico. Sin inmigración, será muy difícil sostener el modelo social europeo en las próximas décadas. Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea llevan años advirtiendo de que Europa necesitará millones de nuevos trabajadores para mantener su nivel de bienestar. Numerosos sectores productivos dependen ya de la mano de obra migrante para funcionar con normalidad. No es una cuestión ideológica, sino una necesidad estructural.
A pesar de ello, la extrema derecha —y cada vez más sectores de la derecha— insiste en presentar la inmigración como un problema de seguridad. Se repiten mensajes que la vinculan con la delincuencia o con el supuesto abuso de los servicios públicos. A esta narrativa se suma otra falsedad muy extendida: que las personas inmigrantes acaparan ayudas o prestaciones públicas. Nada de esto se sostiene en los datos. Las personas inmigrantes no colapsan los servicios públicos, ya que se trata mayoritariamente de población joven y porque el acceso a las prestaciones está regulado en condiciones de igualdad de requisitos. Sin embargo, estos discursos tienen impacto porque simplifican la realidad, alimentan prejuicios y generan alarma social.
Las personas afectadas no son recién llegadas: llevan años en España, trabajan, tienen hijos escolarizados y muchas cuidan a personas mayores
Otro de los bulos más repetidos es que las personas inmigrantes “nos quitan el trabajo”. La realidad muestra lo contrario. En muchos casos ocupan empleos que la población local no cubre, ya sea por las condiciones laborales o por la falta de relevo generacional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que la inmigración complementa los mercados laborales locales, no los sustituye. Además, impulsa el crecimiento económico, el consumo y la creación de empleo indirecto en múltiples sectores, y aporta cotizaciones e impuestos para sostener las pensiones y el conjunto del Estado del bienestar.
El problema real no es la inmigración, sino la irregularidad administrativa. La falta de vías legales suficientes empuja a muchas personas a la economía sumergida, donde trabajan sin derechos, con bajos salarios y en condiciones precarias. Esta situación favorece la evasión de impuestos, erosiona las condiciones laborales y beneficia únicamente a quienes explotan mano de obra barata y desprotegida. Regularizar significa justamente lo contrario: sacar a la luz empleo oculto, garantizar derechos, aumentar los ingresos públicos y reforzar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, evitando que la precariedad se utilice como forma de competencia desleal.
La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la inmigración complementa los mercados laborales locales, no los sustituye
España tiene experiencia en este ámbito. A lo largo de las últimas décadas se han realizado varios procesos de regularización con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, con resultados positivos. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se regularizó a más de 570.000 personas, aumentando significativamente la afiliación a la Seguridad Social y reduciendo la economía sumergida. También en 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy, se regularizaron a decenas de miles de personas. La experiencia demuestra que regularizar no genera problemas, sino que contribuye a resolverlos, porque no es solo una política migratoria, sino también una política económica, laboral y social que beneficia al conjunto de la ciudadanía.
La regularización mejora la convivencia porque permite a las personas acceder a derechos, integrarse mejor y reducir la exclusión y la precariedad. En cambio, la llamada “prioridad nacional”, resumida en lemas como “los españoles primero” en vivienda o ayudas sociales, que forma parte de la agenda de Vox y ha sido asumida por el Partido Popular en algunos acuerdos de gobierno, como en Aragón o Extremadura. Este enfoque rompe el principio de igualdad y plantea un acceso desigual a los servicios públicos y la protección social. Son políticas reaccionarias que usan la inmigración para generar miedo, producir confrontación social y perjudicar la convivencia democrática.
El proceso de regularización no es solo una medida administrativa, sino una decisión política que define el modelo de sociedad
Desde el punto de vista jurídico, esas medidas serían ilegales, pues, como señalan expertos en derecho constitucional y europeo, chocan con el artículo 14 de la Constitución Española y con los principios de no discriminación de la Unión Europea. Desde el punto de vista político, introducen una lógica de división y enfrentamiento entre personas trabajadoras con problemas comunes. Y desde el punto de vista humano, estas políticas son profundamente injustas, porque normalizan la exclusión de personas que ya forman parte de la sociedad y desvían la atención de los verdaderos problemas: precariedad, desigualdad y falta de políticas públicas suficientes.
El proceso de regularización no es solo una medida administrativa, sino una decisión política que define el modelo de sociedad. Significa elegir entre mantener la explotación de la economía sumergida o impulsar una economía con derechos y reglas justas; entre alimentar la división o reforzar la convivencia y la cohesión social. En definitiva, se trata de decidir si queremos una sociedad que sostenga su bienestar sobre la exclusión y la desigualdad, o una democracia que integre plenamente a quienes ya forman parte de su vida económica y social, fortaleciendo así los derechos, la convivencia y el bienestar colectivo.
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