El mapa mundial de Amnistía Internacional refleja una tendencia al alza de las ejecuciones: 2025 fue el peor año desde 1981

Amnistía denuncia 2.707 ejecuciones en 2025, un crecimiento del 78% respecto al año anterior que lideran Irán, Arabia Saudí y China

Manifestación contra la pena de muerte aprobada por Israel en Cisjordania (Palestina). ArchivoEP

La tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, a la que la mayoría de países se comprometieron al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se ha revertido en el último año. 2.707 personas fueron ejecutadas en 2025, un 78% más que el año anterior. Este preocupante aumento, al que contribuyeron tan solo un puñado de países, refleja un endurecimiento de los países en los que se desprecian los derechos humanos y convierte el pasado año el año con más ejecuciones desde 1981.

Así lo refleja el informe anual Condenas a muerte y ejecuciones 2025, en el que Amnistía Internacional recoge un aumento del uso global de la pena de muerte, y advierte de que se debe a "unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo". Países como China, Irán o Arabia Saudí siguen ejecutando a más personas cada año, mientras que la tendencia global sigue siendo hacia la abolición, lo que revela cómo los países que ejecutan cada vez lo hacen más. "Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición", advierte la secretaria general de la organización, Agnès Callamard.

Según Amnistía, China sigue siendo el país con más ejecuciones, aunque los datos exactos sobre el uso de la pena capital allí se mantienen en secreto por el Gobierno de Xi Jinping. Le sigue Irán, donde el régimen islamista de los ayatolás ejecutó a más de 2.100 personas, siendo el país en el que más aumentaron en un año. Allí tuvieron lugar manifestaciones contra la brutalidad de la Republica Islámica que propiciaron la intervención ilegal de Donald Trump en febrero de este año. Los siguientes en la lista son Arabia Saudí, que es el único país que ejecuta mediante decapitación y suma más de 350 asesinados por la monarquía absoluta; y Yemen, con más de cincuenta ejecutados.

Fuera del continente asiático, Estados Unidos es el único país de América en el que se aplica la pena capital por decimoséptimo año consecutivo, con 47 personas ejecutadas en 2025, siendo también el único en el mundo que utiliza la asfixia con nitrógeno como método de ejecución. El otro punto más crítico del mapa está en África, con los 23 ejecutados en Egipto, y los más de 17 en Somalia. La lista la completan Kuwait (17), Singapur (17), Afganistán (6), Emiratos Árabes Unidos (3), Japón (1), Sudán del Sur (1) y Taiwán (1). Amnistía añade a la nómina los países de los que no se conocen los datos oficiales porque sus gobiernos los ocultan. Apuntan que hay constancia de que se han llevado a cabo ejecuciones, sin que se sepa cuántas, en Irak, Corea del Norte y Vietnam, y apuntan que, en el caso de Bielorrusia y Laos, no se puede asegurar que no se hayan producido.

La "guerra contra las drogas" justifica casi la mitad de ejecuciones

El informe pone el foco también en cómo justifican los países seguir aplicando la pena de muerte. En ese sentido, la "guerra contra las drogas" ha ganado fuerza como pretexto para ejecutar, además de para ampliar el uso de la pena capital en las legislaciones de alguno países. Los delitos relacionados con las drogas fueron la causa de 1.257 ejecuciones en 2025, el 46% del total, y casi el doble que el año anterior. Los países que más se acogen a estos delitos son China, Arabia Saudí, Irán, Kuwait y Singapur. Amnistía añade además que se han emprendido iniciativas en Argelia, Kuwait y las Maldivas para incluirlos en la legislación sobre la pena de muerte.

La organización alerta además de los países que están incumpliendo el derecho internacional a la hora de ejecutar. Sobre todo en el caso de los que las llevan a cabo en público, haciendo de la pena capital un ejemplo para el resto de los ciudadanos. En total, el año pasado se llevaron a cabo 17 ejecuciones públicas, todas ellas en Afganistán (6) y en Irán (11). Además, tanto en el país persa como en Arabia Saudí, hay constancia de que se ha ejecutado a al menos tres personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.

 A esto suman las condenas a muerte —que no ejecuciones—, que crecieron un 12% en 2025 hasta las 2.334 nuevas. Sobre ellas, Amnistía advierte que hay algunas dictadas en procedimientos que no se consideran juicios justos, que es un requisito indispensable según las Naciones Unidas, y que se han dado en Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, China, Egipto, Irak, Irán, Singapur y Yemen; entre las que están las que se dictan en ausencia del acusado, o aquellas que se basan en confesiones obtenidas mediante torturas o malos tratos. Añaden, además, que ha habido condenas a personas con discapacidad mental o intelectual en Estados Unidos o Japón.

La abolición sigue siendo la norma

A pesar de este que aumento refleja que la realidad de una desaparición total de las ejecuciones se está alejando, esta sigue sigue siendo la tendencia mundial. A día de hoy, 113 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos con un cambio explícito en su legislación, cifra que asciende a 145 si se suma a los que no la prohíben como tal pero no la aplican en la práctica.

Entre los casos más recientes, el informe destaca Vietnam, donde el año pasado se añadieron delitos como los de transporte de drogas, soborno y malversación a la abolición de la pena de muerte; o Gambia, que la abolió para el asesinato o la traición. En Estados Unidos, donde depende de la legislación de cada Estado, la gobernadora de Alabama tomó una decisión "histórica" al conceder el primer indulto a una persona de raza negra condenada a muerte en la historia de la región. Además, destacan los proyectos de ley abolicionistas que se debaten en Líbano y Nigeria, y la decisión de la Justicia de Kirguistán de tumbar iniciativas para reintroducir la pena capital.

De esta tendencia, en los últimos tiempos, solo se ha desmarcado el Estado de Israel, que en abril aprobó una reforma para que los jueces puedan ejecutar en la horca a los palestinos de la Cisjordania ocupada con mayor rapidez, menos trabas y -si cabe- menos garantías. Más allá de que el Gobierno de Netanyahu va "totalmente en contra", señaló entonces Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional España, a ElPlural.com "de las tendencias mundiales", esta decisión contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por las Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Israel en los años 90.

Si bien no prohibía la pena de muerte como tal, su artículo 6 establece que los Estados firmantes, como Israel, deben avanzar hacia la abolición de la pena capital, los juicios se deben realizar con todas las garantías, y "toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena", algo que no ocurrirá para los palestinos a los que afecta la nueva ley israelí. El tratado, en el momento que es ratificado por un país, es vinculante, por lo que Israel, al ampliar la pena de muerte y hacerlo sin garantías para la población que depende de su Estado, lo está incumpliendo.

El país hebreo, en cambio, nunca firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sí obliga a los firmantes a prohibir la pena de muerte, aunque les permite "mantenerla en tiempo de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el Protocolo o adherirse a él". En su informe, Amnistía destaca a los 92 países que sí lo firmaron, de los cuales ninguno figura entre los que realizaron ejecuciones en 2025.