Andalucía impide desde hace un mes que los residuos peligrosos de otras regiones se traten o entierren en su territorio, por lo que los Gobiernos y la industria de la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Canarias y Extremadura buscan a la desesperada soluciones alternativas para ubicar estos desechos contaminantes. El Gobierno andaluz (PP) solo admite por “solidaridad interterritorial” envíos excepcionales desde Ceuta y Melilla, y residuos que puedan ser “valorizados” para reintroducirse en el mercado. Con esta severa limitación, unas 100.000 toneladas de residuos tóxicos serán desplazados a otras plantas de tratamiento y vertederos más al norte, más caras para las fábricas, según lamenta la patronal de los gestores de residuos industriales, Asegre.
“Estamos buscando nuevas ubicaciones fuera de Canarias, pero ninguna comunidad está por la labor de seguir recibiendo residuos. La principal exportación de Canarias hoy es el combustible y la segunda son los residuos. Canarias debe avanzar a una solución propia, segura y estable para los residuos peligrosos. Pero no basta con reclamar valentía. Nunca es sencillo encontrar el lugar óptimo y alguna isla ya se ha opuesto. No es nada sencillo avanzar”, admitió el pasado jueves el consejero canario de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández.
Canarias exportó a la Península 4.200 toneladas de desechos con amianto en 2024 y ahora sufre un atasco de esta basura tras el cerrojazo andaluz. “Todo el mundo está muy nervioso con los residuos de amianto y ahora cada operador busca una alternativa a Andalucía. Unos en Aragón, otros en Cantabria y otros en Galicia, con costes diferentes”, matiza Ángel Montañés, director general de calidad ambiental canario.
El veto andaluz surgió tras el polémico traslado en barco de 30.000 toneladas de granalla y tierras contaminadas desde Montenegro hasta Nerva (Huelva) en 2022. Al año siguiente, el Gobierno autonómico aprovechó su Ley de Economía Circular para restringir las importaciones y dejar de ser “la cloaca de Europa”, en palabras de Ecologistas en Acción, que subrayó cómo la región enterraba cada año miles de toneladas de residuos procedentes de Reino Unido o Italia.
Andalucía generaba entonces 300.000 toneladas e importaba 850.000, casi tres veces más, según datos oficiales. Y esa es la clave del asunto: la decisión política buscaba revertir que la basura tóxica de otras regiones y países acabara sepultada en el subsuelo andaluz, para lo que el Ejecutivo eligió la fórmula de una enmienda parlamentaria, en el último trecho de la tramitación de la ley, sin audiencia pública. La norma daba un plazo de tres años que ha terminado esta primavera. Por eso, el problema empieza ahora para la industria patria.
Mientras, los traslados transfronterizos (desde la UE y países terceros) también se han reducido de manera drástica: “Empezamos a pedir informes a las autoridades de origen [de los residuos, como Montenegro] para preguntar si había instalaciones más cercanas”, explican fuentes de la Consejería andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Desde la Comunidad Valenciana, de donde salen cada año 458.000 toneladas de residuos hacia otras regiones al carecer de plantas de gestión, la patronal se suma a la queja por el cierre desde el sur. “Cuando una comunidad como Andalucía deja de admitir determinados flujos de residuos, las empresas valencianas se ven obligadas a trasladarlos a destinos cada vez más alejados, como Toledo o incluso Galicia, con el consiguiente incremento de los costes de transporte y gestión. Antes incluso de la crisis de Ormuz, estos sobrecostes ya se situaban entre 25 y 80 euros por tonelada, afectando directamente a la competitividad de nuestras empresas”, lamenta Elisa del Río, directora del área técnica de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana.
Ecologistas en Acción, muy crítico con el Gobierno de Juan Manuel Moreno, apoya esta vez su restricción, aunque cree que se queda corta al no acotar las excepciones y convertir la norma en “interpretable”. “Nos parece bien la prohibición y el argumento de Asegre de la proximidad está cogido con alfileres. La gestión de los residuos peligrosos es autonómica y las comunidades se tendrán que buscar la vida. Exigirle a Ceuta un vertedero es exagerado, pero no a otras como la [Comunidad] valenciana”, replica Carlos Arribas, portavoz de la organización conservacionista.
El sector, con una decena de estas complejas instalaciones en todo el país, es opaco y huye del ruido porque ningún pueblo quiere cerca un vertedero o planta, y menos de residuos peligrosos. Pero cuando el bolsillo se resiente, habla: “Todos los gestores nos pusimos a notificar envíos como locos en 2023 para apurar los plazos. Estos tres años, Asegre se ha reunido con la Junta para que cambiara de opinión, pero no ha podido rascar nada. Todo nació con Montenegro porque fue mucho tráfico, todo legal y con poca peligrosidad, pero a la vista de todo el mundo porque salió en prensa. Ahora empieza el descenso y espero que nos afecte a un tercio de nuestros residuos”, confía un gestor de una de las tres plantas de tratamiento andaluzas que pide anonimato. Estas plantas están ubicadas en Nerva (Huelva), Jerez y Los Barrios (Cádiz).
Las plantas argumentan que la prohibición andaluza hará que el traslado de residuos de una planta en Murcia o Extremadura empeore su huella ambiental, ya que aumentarán el riesgo de accidentes y las emisiones en el transporte, al llevarse ahora más al norte.
“Un residuo generado en Almería puede trasladarse a Huelva, recorriendo cientos de kilómetros, pero no desde Badajoz, pese a estar mucho más cerca. Al aplicar esta limitación, la Junta introduce barreras artificiales dentro del país e impide tratar los residuos en la instalación adecuada más próxima. Andalucía confunde autosuficiencia con aislamiento territorial porque la ley estatal habla de una red estatal integrada de instalaciones. Además, se veta la entrada de residuos, pero no la salida de los mismos tipos de residuos”, censura Luis Palomino, secretario general de Asegre. La patronal considera que la medida andaluza choca con la ley estatal de residuos, que fija la gestión de los residuos peligrosos con el principio de proximidad geográfica como máxima.
En paralelo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe hace dos años en el que censuraba la limitación andaluza y otra introducida por La Rioja [de manera preventiva, ya que carece de plantas]: “Las restricciones resultarían contrarias a los principios de proporcionalidad y mínima distorsión de la actividad económica (…) al restringir la recepción en atención a la comunidad autónoma de origen y no a la proximidad de la generación de los residuos”. El Ministerio para la Transición Ecológica podría haber recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional, pero no ha movido ficha.
Los residuos peligrosos alcanzaron los 3,3 millones de toneladas en 2023, último año con datos, y un 3,8% menos que en 2022, según el Instituto Nacional de Estadística. Los restos tóxicos que genera la gran industria son muy diversos y destacan los químicos, los equipos desechados y los residuos minerales. El objetivo es evitar que los residuos acaben en el medio ambiente y, para ello, los industriales acuosos se trasladan a plantas físico-químicas, otros se estabilizan con reactivos y otros sólidos se entierran si no admiten tratamiento, como el amianto. Hay de todo: estireno, ácidos del decapado de superficies metálicas, óxido waelz o polvo de acería.
La creación de una planta para tratar los residuos peligrosos industriales requiere una inversión millonaria, años de planificación y permisos administrativos laboriosos. Sin embargo, el principal escollo suele ser la ubicación, una cuestión muy espinosa, dado que las plataformas vecinales pueden echar por tierra la apuesta económica, a pesar de los parabienes del Gobierno regional de turno.
Así ha ocurrido recientemente con una posible planta en Jerez de los Caballeros y Salvatierra de los Barros, municipios que se han opuesto a una instalación proyectada en la provincia de Badajoz. “El problema es el control de las instalaciones, que cuando hay incendios no avisan a los cuerpos competentes como los bomberos y las inspecciones suelen ser programadas. Es legal, pero la Administración comunica de antemano a la empresa qué inspecciona y cómo”, censuran fuentes de Ecologistas en Acción.
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