El espaldarazo a Vox que esconden los pactos con el PP: 48.000 euros y más peso en el Senado
Los ultraderechistas no sólo inoculan la "prioridad nacional" en Génova, sino que duplican su representación en la Cámara Alta
Los pactos sellados entre el Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón no solo han servido para apuntalar gobiernos autonómicos; también han abierto una nueva vía de recompensa política para la ultraderecha en el Senado. Como contrapartida de esos acuerdos, Vox duplicará su representación en la Cámara Alta, pasando de dos a cuatro senadores, y verá incrementadas en casi 48.000 euros anuales las subvenciones públicas ligadas a esa presencia institucional.
Lejos de tratarse de un simple ajuste parlamentario, la operación revela hasta qué punto el Partido Popular ha asumido como normal intercambiar poder institucional por apoyos políticos, entregando a Vox más visibilidad, recursos y capacidad de influencia. Dos escaños, obtenidos no en las urnas sino en los despachos, acercan además a la formación de Santiago Abascal a conformar grupo propio en el Senado, un salto que reforzaría todavía más su maquinaria política.
El Senado tiene 208 senadores elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales y otros 57 de designación autonómica. De este último tipo, la Asamblea de Extremadura y las Cortes de Aragón nombran cada una a dos de ellos en base al resultado de las pasadas elecciones y como consecuencia de las negociaciones.
La maniobra se ha articulado mediante los senadores de designación autonómica. En Extremadura, el pacto para investir a María Guardiola incluye devolver a Vox un asiento en la Cámara Alta. Por ello, el dirigente de Vox Ángel Pelayo Gordillo volverá a convertirse en senador por designación autonómica de la Asamblea de Extremadura. En Aragón, el acuerdo para hacer presidente a Jorge Azcón replica la fórmula. El resultado es una cesión doble: poder institucional para Vox y financiación pública añadida para una formación que hace bandera del recorte del gasto político mientras amplía su acceso a recursos públicos.
La contradicción no pasa desapercibida. Mientras Vox mantiene un discurso contra “los privilegios de la política”, estos pactos le permiten ingresar decenas de miles de euros más en subvenciones parlamentarias. Y mientras el PP insiste en vender estos acuerdos como “responsabilidad de gobierno”, la realidad es que normaliza la entrada de la extrema derecha en resortes estratégicos del Estado. Como resultado, Vox pasará de los dos escaños que tiene actualmente a los cuatro senadores que dispondrá cuando se oficialice la llegada de estos parlamentarios al Senado.
Cabe recordar que los senadores de Vox se enmarcan dentro del Grupo Mixto, que lo comparten junto con la parlamentaria de UPN, María del Mar Caballero, y el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, que se marchó del PP.
La doble moral de Vox
La Cámara Alta paga a los grupos una asignación fija mensual y otra variable por senador. Con dos nuevos representantes, Vox sumará alrededor de 47.000 euros anuales más. Mientras los de Abascal mantienen un discurso en contra del aumento de los recursos políticos se lucra a su costa.
El Senado facilita a los Grupos Parlamentarios una subvención cuya cuantía se fija en función del número de sus componentes y un complemento fijo para todos. La parte fija para todos los grupos es de 15.732 euros al mes, mientras que la parte variable asciende a 1.996,50 euros al mes por cada senador. Esto quiere decir que Vox pasará a percibir un total de 47.196 euros anuales por subvención al ganar dos senadores.
Pero el fondo de la cuestión va más allá del dinero. Los pactos certifican que el PP no solo depende de Vox para gobernar territorios clave, sino que empieza a repartir cuotas de poder estatal como peaje político. El Senado, concebido como cámara territorial, queda así reducido a botín de negociación.
La operación deja una imagen difícil de disimular: un PP que renuncia a marcar distancia y una Vox que convierte cada pacto en palanca para crecer, cobrar más y acercarse a nuevos espacios de influencia. Lo que se presentó como acuerdos de gobernabilidad empieza a parecer una inversión mutua con retorno garantizado para ambos socios.
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