La Comisión de la Verdad sobre el franquismo arranca ya ...
La Comisión de la Verdad sobre el
franquismo arranca con 18 meses
por delante y el espejo de
Argentina y Chile
Buenos Aires, 15 de diciembre de 1983. Solo han pasado cinco días desde su llegada a la Casa Rosada. Pero Raúl Alfonsín tiene claro que el pueblo argentino exige verdad y justicia tras siete años de cruenta dictadura. Por eso, ese mismo jueves dicta dos decretos. El primero, pone en marcha la maquinaria para juzgar a los integrantes de las llamadas Juntas Militares. Y el segundo, constituye la llamada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). "Sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional", diría Alfonsín meses más tarde. Es una Comisión de la Verdad pionera. Una fórmula que luego se exportaría a lo largo y ancho del planeta. Y que se acaba de articular también en nuestro país.
La puesta en marcha de este órgano dentro de nuestras fronteras llega medio siglo después del fin de la dictadura. Y en medio de una ola reaccionaria que ha normalizado el uso de discursos autoritarios o laudatorios de un pasado sangriento. En Argentina, en Chile o en España. La conocida técnicamente como Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura nace al calor de la nueva Ley de Memoria Democrática como una "forma de favorecer la convivencia". Lo hace con una misión perfectamente definida, que pasa por escuchar, recopilar, analizar y recomendar para que lo ocurrido en nuestro país durante casi cuatro décadas no "vuelva a repetirse en el futuro".
La primera piedra se colocó hace un año con la activación del Consejo de Memoria. En un primer momento, estaba previsto que este órgano pusiera en marcha la Comisión de la Verdad el pasado verano. Pero la constitución no ha sido una realidad hasta esta semana, cuando se han designado a sus diez integrantes. Al frente, el exmagistrado Baltasar Garzón. Junto a él, otros historiadores, juristas o politólogos: Helen Duffy, Julián Casanova, Araceli Manjón, Manuel de la Rocha, Alejandra Vicente, Silvina Romano, Cristina Monge, Sebastián Martín y Francisco Erice. Además, otro grupo acompañará a los primeros, sobre todo, en las subcomisiones previstas. Todos han sido elegidos por mayoría de tres quintos del Consejo, cuyos vocales son designados, a su vez, por el Gobierno.
España se suma así a la lista de Estados que han apostado por estos mecanismos de carácter extrajudicial tras dictaduras o conflictos armados. Más de una treintena de países a lo largo y ancho del planeta, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional. En Argentina, la Conadep, que presidió el escritor Ernesto Sabato y cuya composición decidieron entre el Ejecutivo y el Congreso. En Chile, justo tras la dictadura, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que encabezó el exsenador y abogado Raúl Rettig y cuyos miembros fueron designados por el presidente Patricio Aylwin. Mismo nombre que se usó en Sudáfrica para investigar, bajo el liderazgo del Arzobispo Desmond Tutu, el apartheid. O en Brasil para estudiar las violaciones de derechos humanos en la dictadura.
Año y medio de plazo
La Comisión de la Verdad española aún no tiene ni un plan de trabajo ni un calendario de sesiones cerrado. Sí se sabe que para estructurar su trabajo se han definido distintos ejes temáticos –desde la violencia y las desapariciones hasta el funcionamiento del sistema represivo, las violencias de género, el exilio, la represión económica y cultural o las consecuencias actuales de la dictadura–. También, que se llevará a cabo un estudio en torno al Patronato de Protección a la Mujer, donde fueron internadas y torturadas miles de mujeres. Una completa investigación que debe estar lista, como máximo, en dieciocho meses. Año y medio para recopilar testimonios o documentación y elaborar un informe final de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas.
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