así sería la España de 2075 si cayera la inmigración
Quince millones menos de habitantes, falta de profesores, médicos y menos ingresos fiscales: así sería la España de 2075 si cayera la inmigración
Un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva del Gobierno pone cifras a los efectos sociales y económicos que tendría una reducción del 30% de los flujos migratorios
sería una España con un 30% menos de inmigración? Es la pregunta que por primera vez trata de responder un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) del Gobierno que ha calculado el impacto de reducir en un 30% los flujos migratorios hasta 2075. Un informe que analiza diferentes indicadores y que llega a la conclusión de que todos empeoran. Ni en población, ni en mercado laboral, ni en sostenibilidad fiscal, ni el estado del bienestar, ni el saldo fiscal salen favorecidos por la caída de la inmigración.
Menos habitantes y menos trabajadores
Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística dicen que la población española crecerá hasta los 55 millones en 2075. Si ese año el número de inmigrantes es un 30% inferior al contemplado, esto implicaría que España tuviera 40 millones de habitantes, un 25% menos.
La mayoría de esta población perdida serían personas en edad de trabajar. Esto provocaría que de los 33 millones de trabajadores potenciales de 2075, España pasaría a tener 24 millones, apenas dos millones más que ahora.
Evolución de la población en España, y por grupo de edad, en los dos escenarios
Impacto sobre sectores productivos clave
Hay cuatro ámbitos señalados en el informe como los más afectados por la pérdida de trabajadores: el sector agrario, la hostelería, la educación y la sanidad. Cuatro sectores que son fundamentales para el tejido productivo español.
En el sector agrario, la reducción de los inmigrantes implicaría la pérdida de 220.000 explotaciones agrarias. Esto es aproximadamente el 30% de todas las que explotaciones que hay ahora en España. Y con menos producción, la subida de precios de verduras y hortalizas estaría garantizada.
Algo parecido ocurriría en la hostelería. La ONPE calcula que podrían llegar a desaparecer 89.000 bares sin el trabajo de los inmigrantes que representan una parte importantísima de los trabajadores de este sector. Esa cifra es la que sería necesaria reducir por la falta de empleados.
Falta de profesores y de médicos
En el escenario de caída de la inmigración, el informe señala algunos ámbitos sociales como grandes perjudicados. Uno de ellos es la sanidad, dónde desaparecían 64.000 especialistas, de manera que, pese a la caída de población, los médicos tendrían que atender, de media, a un 4% más de pacientes.
En el ámbito asistencial, es especialmente llamativa las perspectivas para el sector de los cuidados. Con una población cada vez más envejecida, el informe calcula que en 2075, más de 2,7 millones de personas mayores necesitarían cuidados en su día a día. Y sin inmigrantes sería imposible porque la ONPE estima que la oferta de cuidadores sería un 28% inferior ese año en un escenario con menos inmigrantes.
El impacto sobre la educación sería parecido y dibujaría un mapa educativo en el que tendrían que desaparecer 50.000 aulas: 32.000 de primaria y otras 18.000 de secundaria.
Menos inmigración implica menos crecimiento
Una reducción de los flujos migratorios tendría un fuertísimo impacto económico sobre los datos macroeconómicas. El más evidente tiene que ver con el Producto Interior Bruto que se situaría en 2075 un 22% por debajo del nivel que tendría si la llegada de inmigrantes mantiene los ritmos de los últimos años, según el informe de la ONPE.
Además, con menos trabajadores, las aportaciones a la Seguridad Social se ven reducidas. De manera que, para mantener el actual nivel de pensiones, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros adicionales cada año.
Y el saldo fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos que se pierden sin inmigrantes y la reducción del gasto por atender a menos personas también sería negativo. España perdería una recaudación equivalente a cuatro décimas del PIB. Esto significa que, si se quiere compensar esa pérdida de ingresos, se tendría que incrementar un 14% lo que recauda España en el impuesto de sociedades o un 6% los ingresos por IVA.
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