Durante los últimos dos años, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se ha situado en el centro de una controversia política de primer orden. No por una causa concreta, sino por un patrón que distintos actores - defensas, fiscales, medios y responsables políticos - describen como un celo extraordinario cuando las investigaciones rozan al entorno del Gobierno y, en paralelo, una llamativa lentitud o acotación excesiva en causas que afectan al Partido Popular o a figuras de su órbita. El caso Montoro y la constatación por parte de Anticorrupción de que la UCO dispuso de dos años y sólo investigó 10 de las 200 cuentas corrientes de la trama sin detectar el gigantesco fraude que hoy la Fiscalía tiene sobre la mesa da la razón a quienes piden una investigación inmediata de lo que califican de “UCO patriótica” bajo el mandato del Teniente Coronel Balas.

No se trata de una acusación penal cerrada - no la hay -, sino de una acumulación de indicios que alimentan la idea de una “UCO patriótica”, por analogía con la conocida policía patriótica que operó en etapas anteriores del PP bajo la dirección, presuntamente, del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con fines políticos y que acabó judicializada. Aquí el debate no es si la UCO “inventa” delitos, sino si selecciona, acelera, dilata o interpreta con un sesgo sistemático según a quién afecte la investigación.

Celo máximo contra el entorno del Gobierno

El caso Koldo/Ábalos es paradigmático. La UCO ha desplegado una actividad intensiva: informes reiterados, ampliaciones, filtraciones a medios y una exposición pública constante de diligencias aún en fase de instrucción. En este marco, las defensas han cuestionado presuntamente la integridad de determinados soportes: por ejemplo, grabaciones atribuidas al presunto confidente Koldo García que, según las periciales practicadas, presentarían metadatos de edición con versiones de iOS inexistentes en la fecha supuesta de grabación. No hay una resolución judicial que declare manipulación; sí hay, en cambio, una controversia técnica no despejada que debería resolverse con nuevas periciales exhaustivas antes de elevar conclusiones incriminatorias.

Otro episodio ilustrativo es el préstamo (que no rescate) de Air Europa. En autos consta que Víctor de Aldama - persona investigada - manifestó en grabaciones que Begoña Gómez no tuvo intervención alguna en la operación, hasta ahora rentable, de la SEPI. Sin embargo, esas manifestaciones exculpatorias no fueron ponderadas con el mismo énfasis que otras piezas incriminatorias en informes iniciales, según han denunciado las defensas. De nuevo: no es una sentencia, pero sí una asimetría en la selección y jerarquización de indicios que llama la atención.

Dilaciones y acotaciones cuando el foco apunta al PP

El contraste aparece con nitidez en causas que afectan al PP. En el caso Montoro / Equipo Económico, la fiscal del procedimiento ha denunciado públicamente que, tras dos años de investigación, solo se analizaron 10 de las cerca de 200 cuentas vinculadas a la trama, pese a que las cifras presuntamente defraudadas al contribuyente superaban los 35 millones de euros. La crítica no es menor: investigar un 5% del perímetro financiero en una causa de esa magnitud reduce drásticamente la capacidad de acreditar responsabilidades.

Otro ejemplo es el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor solicitó un informe a la UCO que se ha demorado durante meses sin que, a día de hoy, más de 200 días después, haya cristalizado en un documento concluyente. No es ilegal; sí es excepcional si se compara con la rapidez y la densidad documental desplegadas en investigaciones contra el entorno del Gobierno.