Anteproyecto de Ley Orgánica de integridad pública.

 Anteproyecto de Ley Orgánica de integridad pública.

(Aprobado por el Consejo de Ministros)

 

• Incluye 84 medidas y la modificación de hasta 18 leyes, seis de ellas orgánicas, para combatir la corrupción política y económica en el ámbito público, integrándose en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
• Se articula en torno a cinco ejes: la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles; la investigación, la acción de la Justicia y las sanciones; la sensibilización de los ciudadanos; la recuperación de activos y la protección de los informantes.
• Crea, entre otros órganos, la Agencia Independiente de Integridad Pública, una autoridad administrativa que ejercerá el papel central en la lucha contra prácticas corruptas y fraudulentas en la que se integran la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
• Su presidencia, con rango de Secretaría de Estado, será nombrada por un período de seis años no renovable tras un proceso público y deberá contar con el refrendo del Congreso.
• Se incrementa la vigilancia sobre la gestión económica de los partidos políticos. Entre otras medidas, se exige que los partidos y sus fundaciones se sometan a una auditoría externa de manera obligatoria cuando reciban más de 50.000 euros de fondos públicos y que publiquen las donaciones que superen los 2.500 euros, además de introducirse cambios en el ámbito de la contratación pública y de endurecerse el régimen sancionador.
• Se impone la elaboración de mapas de riesgo como herramienta dirigida a detectar los ámbitos en los que existen mayores riesgos de corrupción y fraude.
• En el ámbito de la contratación pública se realizan modificaciones legales y se reforman instrumentos destinados a mejorar la detección y la erradicación de actos delictivos o fraudulentos.
• Se moderniza la Plataforma de Contratación del Estado y se impulsa la herramienta MINERVA para detectar posibles conflictos de intereses en todos los procedimientos de gasto del sector público estatal.
• A través de la Agencia de Integridad Pública, se cruzarán los datos de diversos registros para identificar patrones de influencia indebida y posibles corruptores sistémicos.
• Se introducen cambios en determinados tipos penales que incrementen las consecuencias para particulares o empresas que tengan condenas por corrupción.
• Se modifica la LOPJ para incluir la creación de secciones especializadas en materia de corrupción.
• Se prevén medidas de recuperación de fondos defraudados, dando cumplimiento a la Directiva 2025/1260.