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Un total de 312.600 cordobeses viven hoy de un ingreso procedente de las arcas públicas del Estado. Más de la mitad son pensionistas: 185.300 personas. Otras 53.800 perciben algún tipo de prestación de desempleo o subsidio, 24.500 dependen del ingreso mínimo vital y 49.000 son trabajadores de la función pública. Si sumamos unos 235.000 empleados del sector privado y otros 155.300 estudiantes tenemos el cuadro casi completo de la radiografía socioeconómica de Córdoba.
En términos relativos, el 40% de los 770.000 cordobeses reciben cada mes una retribución de la administración pública. Es decir, casi uno de cada dos ciudadanos. Si comparamos el dato con otras provincias de Andalucía, Córdoba presenta una dependencia mayor del erario público. La provincia andaluza más poblada, Sevilla, registra un porcentaje menor (36,6%), de tal forma que 722.400 sevillanos perciben un ingreso del Estado sobre un total de 1,9 millones de habitantes. Y Málaga, con 1,7 millones de vecinos, cuenta con 513.500 malagueños pendientes de una retribución pública. La provincia costera, por lo tanto, presenta una ratio muy inferior (29%) de ciudadanos que viven del Estado.
Todas las cifras han sido extraídas de fuentes oficiales de la administración pública con los datos más actualizados de octubre y noviembre. La mayor parte de los pensionistas cordobeses (163.200) pertenecen al régimen general y perciben una retribución media de 1.249 euros. Más de 13.800 son pensionistas de las conocidas como clases pasivas, en relación a cierto grupo de funcionarios, y otros 8.300 corresponden a las no contributivas, cuyo promedio en Córdoba se sitúa en 595 euros.
Nuestra población está envejecida y seguirá así durante años
Córdoba es la quinta provincia andaluza con un número mayor de empleados públicos (49.021). La primera es Sevilla, con 128.393, seguida de Málaga (89.301), Cádiz (82.526) y Granada (66.636). Le siguen Almería (44.010), Jaén (42.138) y Huelva (34.705). Más de la mitad de los trabajadores del sector público en Córdoba dependen de la Junta de Andalucía (30.836), mientras que la administración local cuenta con 10.182 nóminas y 8.003 están vinculados al Estado central.
Esta es la radiografía socioeconómica de Córdoba con los datos en la mano. Otra cosa son las interpretaciones que se puedan derivar de su lectura. Para el sociólogo David Moscoso, las cifras demuestran que “existe un Estado de bienestar que distribuye la riqueza gracias al sistema impositivo”. Debido a la red pública, las personas que se encuentran en una “situación vulnerable” y “sin otras opciones de supervivencia” pueden disfrutar de recursos para hacer frente a las “necesidades básicas”.
Moscoso es profesor de la Facultad de Ciencias del Trabajo y fue parlamentario andaluz entre 2015 y 2019. El sociólogo alerta sobre el “discurso neoliberal” imperante que “cuestiona” y “demoniza” el sector público. “Cuando hablamos de funcionarios, estamos hablando de personas que desarrollan un servicio a la sociedad. De los profesores y profesoras de nuestros hijos; de los médicos y enfermeros que nos atienden cuando tenemos un problema de salud; de las fuerzas de seguridad que velan por nuestra protección”, argumenta el catedrático de la UCO.
El profesor califica de “éxito” el sistema asistencial español, sobre todo para una ciudad como Córdoba, que padece una “paupérrima situación económica”. “Imagínese si no fuera por el sector público”, subraya. Y recuerda que la primera empresa de la provincia es el Hospital Reina Sofía, con 5.000 trabajadores, seguido de la Universidad (3.000) y el Ayuntamiento (2.500). “Sin el sector público, la situación de supervivencia de esta ciudad sería dramática”, sostiene David Moscoso, “porque no permitiría el movimiento de capital que circula en la economía para la adquisición de bienes de consumo”. El sector empresarial cordobés, en su opinión, tiene que estar “agradecido” al revulsivo económico que representa la inyección de dinero público en la provincia de Córdoba.
Existe un Estado del bienestar que funciona y distribuye la riqueza gracias al sistema impositivo
A noviembre de 2025, Córdoba registró más de 266.000 afiliados a la Seguridad Social y un 18,2% de desempleo, 14 puntos menos que hace diez años. El comportamiento de la actividad económica provincial ha experimentado una mejoría notable en la última década. Sevilla, con 770.000 afiliados a la Seguridad Social, y Málaga (707.500) casi triplican las cifras de Córdoba. Quiere decirse que la tasa de afiliación a la Seguridad Social en relación a la población total de Sevilla y Málaga se sitúa en el 40% mientras que en Córdoba no llega al 35%. Sus tasas de desempleo también son sensiblemente más bajas: 14,4% Sevilla y 12,3% Málaga.
Pedro Pablo Pérez es profesor de Economía de la Universidad Loyola y pone el foco en el envejecimiento de la población cordobesa y la incapacidad tradicional de la provincia de atraer suficiente inversión productiva. “Nuestra población está envejecida y va a seguir así durante años”, reflexiona el experto en macroeconomía. “El sector público, por lo tanto, seguirá teniendo una fuerte participación en la economía provincial”.
El incremento de los pensionistas no es un fenómeno estrictamente cordobés, remarca el profesor de Loyola. Las nuevas generaciones no encuentran aquí oportunidades de empleo y se van fuera a buscar trabajo. “No hay recambio. Hasta el punto de que Almería ya nos ha adelantado en número de habitantes”, alerta. Para Pedro Pablo Pérez, el cuadro socioeconómico está claro. Hasta 2024, los sectores claves eran la industria agroalimentaria, los servicios y el turismo, particularmente en la capital. “Tema industrial hemos tenido poco”, puntualiza.
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