En España, la relación entre Estado e Iglesia se encuentra marcada por investigaciones de abusos sexuales, conflictos sobre patrimonio religioso y la creciente influencia de la educación concertada vinculada a la jerarquía católica.
A nivel internacional, se observa un declive significativo de la religión organizada en numerosos países, junto a casos de abusos, violencia religiosa y clericalismo.
Noticias de España
Los artículos recientes sobre España reflejan una evolución crítica en la relación entre el Estado y la Iglesia, marcada por investigaciones sobre abusos sexuales, la gestión del patrimonio religioso y el foco de la Iglesia en la educación concertada.
La investigación abierta contra el obispo de Cádiz por presuntos abusos sexuales representa un momento de inflexión en la lucha por la justicia y la transparencia en la Iglesia católica, que lleva al Gobierno a impulsar las medidas que ya venía trabajando en colaboración con la propia Iglesia para la constitución de una comisión mixta para abordar una solución global que aparentemente pasará también por el empleo de fondos públicos para indemnizar a las víctimas de la pederastia clerical. Esto es un nuevo caso de privilegios para la jerarquía eclesiástica cuyos crímenes termina pagando el conjunto de la ciudadanía.
La polémica en torno al Valle de los Caídos y la Mezquita de Córdoba pone de manifiesto los continuos conflictos sobre la titularidad y el significado de bienes patrimoniales vinculados a la Iglesia y al franquismo, cuya gestión en manos de la Iglesia supone la consolidación de otro privilegio eclesial respecto al patrimonio nacional.
Por otro lado, la educación concertada prepara un gran evento en el que contará con la participación del papa católico. Moviliza así la jerarquía eclesiástica todos sus recursos simbólicos para reforzar su poder en el ámbito educativo, donde domina más del 80% de la educación concertada que no cesa de crecer por todo el territorio del Estado.
En el Congreso, la ultraderecha ha visto tumbada su propuesta para prohibir la celebración de festividades ajenas a la tradición cristiana, quedando frustrado su intento de impedir la celebración de la «Fiesta del Cordero», entre otras.
En paralelo, la sociedad madrileña vive controversias por la cesión y venta de espacios públicos a instituciones vinculadas a grupos religiosos, mientras en Andalucía cobran fuerza las críticas hacia la privatización educativa y sanitaria, reforzando el debate sobre laicidad y derechos ciudadanos.
En Cataluña y otras comunidades, los casos de violencia sexual y la memoria democrática continúan generando debate y movilización social, destacando la demanda de reparaciones y reconocimiento de las víctimas.
Más información enhttps://laicismo.org/informe-de-actualidad-del-observatorio-encrucijada-entre-iglesia-y-estado-abusos-patrimonio-y-laicidad-en-cuestion/
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