El nuevo reglamento de acreditaciones de prensa: un riesgo al pluralismo informativo
La experta en gobernanza y ética periodística, Elena Herrero-Beaumont, analiza en Demócrata las novedades que trae consigo la puesta en marcha de la reforma del Reglamento en materia de credenciales de prensa y advierte sobre la arbitrariedad del criterio del tamaño de los medios
Con el nuevo curso, el Congreso estrena un nuevo marco más estricto para acreditaciones y conducta de la prensa parlamentaria. La presidenta, Francina Armengol, ha concretado la reforma aprobada en julio con un documento que fija requisitos de acceso: ser medio bona fide con independencia editorial y financiación transparente; acreditar estructura y datos corporativos (CIF, sede, dirección, redacción); y, como novedad que ha sembrado la polémica, contar con al menos 10 trabajadores. Quedan fuera los influencers, webs o blogs personales, agregadores, radios y televisiones exclusivamente digitales sin concesión, y departamentos de comunicación de partidos u organizaciones. Las ediciones digitales de medios tradicionales no tendrán acreditación propia.
Según la Presidencia, la Dirección de Comunicación contactará con los medios para verificar uno a uno el cumplimiento de los requisitos y confirmar acreditaciones.
Comparativa con otros reglamentos
Si hacemos un repaso de los requisitos de acceso vigentes en reglamentos similares en jurisdicciones con un rico parlamentarismo, como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, comprobamos que todas tienen códigos de acreditación, conducta y sanciones. Sin embargo, el énfasis de todos estos está en la independencia editorial y la transparencia. En ningún caso hay un umbral numérico de empleados como condición general de entrada al Parlamento.
En Reino Unido, la Parliamentary Press Gallery concede pases a “medios bona fide” con “alcance sustancial”, preferentemente regulados por los órganos reguladores de los medios Ofcom (audiovisual) IPSO/Impress (prensa); no suelen acreditar a freelance ni productoras independientes.
En la Asamblea Nacional francesa, se exige acreditación (permanente o puntual) gestionada por una comisión mixta, integrada por diputados y asociaciones de prensa, bajo ciertos requisitos: órgano de prensa con periodicidad o difusión suficientes y periodistas con carte de presse (CCIJP).
El Congreso de los EEUU, regula el acceso a través de la Press Gallery, administradas por un comité de corresponsales, y exige como criterios de acceso que los periodistas sean corresponsales a tiempo completo de medios reconocidos, los periodistas deben contar con residencia en DC y tienen prohibido llevar a cabo cualquier labor de lobby o relaciones públicas.
A la luz de esta comparativa, la reforma del Congreso acierta al poner por escrito reglas de acceso y conducta que protegen el trabajo parlamentario. Pero el umbral de los 10 empleados abre un flanco débil: sustituye el criterio de medio bona fide (un medio profesional y legítimo cuyo fin principal es informar al público con independencia, transparencia y cobertura regular) por un criterio de tamaño que, de facto, puede excluir a cabeceras locales o especializadas solventes.
Si el objetivo es ordenar, hay alternativas más proporcionadas: acreditar periodicidad y dirección editorial identificable, publicar estructura de propiedad y financiación, exigir adhesión a un código y retirar la credencial ante incumplimientos. En definitiva, la clave es exigir más garantías y menos arbitrariedad. De esa manera, el Parlamento gana orden sin empobrecer el pluralismo informativo.
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