Una operación de derribo muy bien preparada
En la Historia política contemporánea se descubren con frecuencia operaciones destinadas a cambiar un Gobierno; operaciones que usan normalmente cauces legales, pero que comportan fines espurios. En la actualidad, España está experimentando una operación de este tipo cuyo origen se remonta a junio de 2018, cuando prosperó la moción de censura contra Mariano Rajoy, se perfeccionó durante el estado de alarma de 2020 e hizo definitiva eclosión tras las elecciones de julio de 2023, que Núñez Feijóo daba por ganadas. Desde que se formó el último Gobierno de Pedro Sánchez en otoño de 2023 la presión de las derechas, de sus aliados mediáticos y judiciales y de ciertos grupos sociales y económicos ha ido en aumento, aprovechando cualquiera de las circunstancias que habitualmente emergen en la vida política; y muy especialmente todas las que provocan las propias derechas y sus aliados mediáticos y judiciales.
Posiblemente, el cerebro de la operación es colectivo: empresarios, políticos, representantes de medios de comunicación conservadores, thing tanks de ideología extremista, y algún eclesiástico
El pretexto de las últimas semanas de junio ha sido el escándalo Cerdán-Ábalos-Koldo, escándalo, por cierto, que ha tenido un reflejo deformado en la prensa de derechas y que, si no afectara a la honorabilidad de un partido y de un Gobierno daría incluso motivo a algunas chanzas, dado lo chapucero de la operación supuestamente delictiva, cuyo recorrido penal todavía no conocemos. Pero este escándalo ha bastado para preparar una nueva ofensiva que merece examinarse en toda su extensión porque es un ejemplo de operación desestabilizadora, donde cada peón desempeña un papel en la labor de demolición. Igual que Mola, el General que fue el cerebro del Golpe de Estado de julio de 1936, habló de cuatro columnas que convergerían sobre el Madrid republicano (más la quinta que ya estaba agazapada dentro de la capital), aquí podemos hablar de cuatro columnas que hace días intentan converger hacia La Moncloa para desalojar a Pedro Sánchez de la Presidencia. Estas columnas que quieren converger sobre el complejo de La Moncloa son: a) las sospechas sobre los resultados electorales lanzadas por José María Aznar y retomadas por Núñez Feijóo; b) la petición de elecciones inmediatas por parte del Presidente de la Conferencia Episcopal, el Arzobispo Argüello, y del Secretario de la misma Conferencia; c) la anunciada huelga judicial y la petición de imputación del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por parte del Magistrado Peinado; y d) la presión simultánea del Presidente de Estados Unidos, Trump, con el pretexto del techo de gasto militar. Y como ocurrió en la Guerra Civil, no podía faltar la quinta columna de traidores agazapados.
a) Las sospechas sobre el resultado electoral lanzadas por José María Aznar y retomadas por Núñez Feijóo. A partir de la supuesta y ridícula orden de Cerdán a Koldo de colar dos papeletas en las primarias del PSOE (como si unas elecciones primarias se ganaran con dos votos) la derecha ha empezado a acusar a Pedro Sánchez de posible fraude electoral. La acusación no tendría demasiada importancia si no la hubiera retomado y enriquecido José María Aznar, que en una entrevista a El Mundo el 22 de junio se preguntaba si una persona que adultera elecciones internas en su partido no es capaz de alterar elecciones generales. Posteriormente, Núñez Feijóo ha retomado el argumento insidioso. Esto son palabras mayores viniendo de un ex presidente del Gobierno. Y no es un expresidente cualquiera, sino el que engañó a todos los españoles sobre la autoría de los atentados de 11 de marzo de 2004 para tratar de influir en unas elecciones. Por eso, viniendo esta acusación de Aznar es reprobable e insidiosa. Pero más allá de la maldad que comporta la acusación (nadie se debe extrañar que estas acusaciones salgan de Aznar) lo preocupante es lo que supone de ruptura del consenso democrático básico, de dar por supuesto que hay fraude electoral, porque se lanza un mensaje muy peligroso a la ciudadanía.
b) La petición de elecciones por parte del presidente de la Conferencia Electoral, el arzobispo Arguello, y el secretario de la misma Conferencia. En este punto conviene ser precisos, explicar los hechos reales y no inventar bulos. En entrevista a ABC el 15 de junio (qué casualidad, los diarios de la derecha se meten en la maniobra los domingos por medio de entrevistas a personajes relevantes del conservadurismo) el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Argüello, declaró: “La salida a este bloqueo institucional es dar la voz a los ciudadanos”. Días después, se reunió el plenario de la Conferencia Episcopal, que no tocó este tema. Pero su secretario general, García Magán, se apuntó a la operación y también pidió elecciones. Nunca había ocurrido una situación como esta desde que murió Franco.
En primer lugar, este hecho insólito no habría ocurrido si viviera el Papa Francisco, que había prohibido esta clase de manifestaciones políticas. Pero Argüello y quienes le empujan desde la derecha han aprovechado una situación de transición en el Vaticano, donde el nuevo Papa no controla toda la situación, ni posiblemente ha tenido ocasión de dar instrucciones sobre la actuación política de las Conferencias Episcopales. Pero eso no le resta gravedad. En primer lugar, porque introduce a la Iglesia en el combate político y, como de costumbre, en favor de la extrema derecha. En segundo lugar, la maniobra del presidente de la Conferencia Episcopal es grave porque toda actuación política de la Iglesia en favor de la extrema derecha hace aflorar otra vez la Iglesia de la Cruzada, la Iglesia de los Obispos que eran Procuradores en las Cortes franquistas (y con representación en el Consejo del Reino y en el Consejo de Regencia). El arzobispo Argüello nos retrotrae a la Iglesia que tomó partido contra media España y apoyó la dictadura y la represión. En tercer lugar, hay que preguntarse por qué, salvo los Obispos catalanes, el resto del obispado guarda silencio, especialmente aquellos prelados que la opinión pública considera más abiertos como el Cardenal Cobo, de Madrid. A ver si en realidad sólo eran abiertos (no digo progresistas) para captar la atención del Papa Francisco. Pero no se trata de un juicio histórico a una Iglesia beligerante, sino de un examen de los privilegios que hoy todavía tiene la Iglesia. Privilegios que no comparte toda la opinión pública. La Iglesia se juega demasiado entrando en la política partidista contra el Gobierno legítimo.
c) La anunciada huelga judicial y la petición de imputación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por parte del Magistrado Peinado. También forma parte de la maniobra contra el Gobierno la anunciada huelga que las asociaciones judiciales y de Fiscales (salvo las progresistas) han promovido contra el proyecto de ley de reforma judicial en tramitación. Respecto a esta huelga hay que recordar varias circunstancias:
- Supone una presión corporativa sobre el Parlamento. Ya conocen los lectores de esta sección cómo en 1985 el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suscitó ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias porque negaba a las Cortes la facultad de regular por Ley la organización del Consejo. Esa es la mentalidad de las asociaciones judiciales conservadoras, que los temas judiciales son demasiado importantes para que los regule el Parlamento y solo deben ser regulados por los Jueces a través de sus representantes. Es decir, debe ser un área exenta al Parlamento.
- Esta finalidad política, en quiebra del principio de separación de poderes y de las atribuciones del Parlamento y del Gobierno, hace inconstitucional esta huelga (Antonio Baylos, Jaime Cabeza et alii: “La huelga judicial vulnera la Constitución”, El País, 24 de junio de 2025).
- Aunque no fuera inconstitucional, esta huelga tiene tal carácter de presión sobre el Gobierno y sobre el Parlamento que la convierte en un acto político que está vedado a los miembros del Poder Judicial en virtud del artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.
- Igualmente, vedado tienen los miembros del Poder Judicial las concentraciones políticas contra un proyecto de ley, máxime cuando en algunas ciudades los Jueces y Magistrado se han concentrado revestidos de sus togas.
Ante esta operación, que quiebra gravemente el principio de separación de poderes y la neutralidad política del Poder Judicial, ¿va a seguir el CGPJ mirando los toros desde la barrera como si no fuera con él? Los lectores de esta sección ya han comprobado con cuánta insistencia señalo que el CGPJ no es el comité de empresa del Poder Judicial, ni la junta de gobierno del colegio profesional de los Jueces. Es un órgano constitucional al servicio de los ciudadanos –no de los Jueces– encargado de que el servicio público de la Justicia funcione adecuadamente. Sobran, por injustificados y extemporáneos, los periódicos llamamientos a la independencia judicial (que nadie pone en peligro) y faltan gestos que muestren a los ciudadanos que el CGPJ no es un órgano de defensa corporativa de los Jueces.
Y para acentuar la sensación de extrema politización del Poder Judicial, nos encontramos con la nueva decisión del Magistrado Peinado en el discutible procedimiento contra la esposa del presidente del Gobierno, un delito sin víctimas y sin daños. El Magistrado Peinado ha solicitado del Tribunal Supremo que se impute al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por los presuntos delitos de malversación y falso testimonio. Como ya he comentado aquí, imputar al ministro Bolaños por un nombramiento (que para más inri no hizo) es como imputar a los Vocales del CGPJ por el nombramiento de un Juez condenado por prevaricación. Y ahora se viene a añadir la acusación por falso testimonio en una declaración plagada de desplantes y provocaciones por parte del instructor. ¿Nadie va a parar esta conducta que desprestigia a todo el Poder Judicial? ¿El Magistrado Penado va a salir “de rositas” (perdón por el tono coloquial) por tanta barbaridad?
d) La presión simultánea del presidente de Estados Unidos, Trump, con el pretexto del techo de gasto militar. En la cumbre de la OTAN en La Haya ha ocurrido lo que era previsible. El presidente de Estados Unidos, el mismo que ha bombardeado Irán contra todo principio de Derecho Internacional, el mismo que está quebrando el sistema constitucional de su país, se ha permitido proclamar en público que “España es un problema” porque no acepta el delirante aumento hasta el cinco por ciento del PIB en gasto de Defensa. Llama la atención que el secretario general de la OTAN, el trumpista Rutte, no haya salido en defensa de un prominente y leal miembro de la Alianza. Pero sobre todo hay que preguntarse si, además de esta agresión en clave internacional (para que ningún miembro de la Alianza levante un dedo contra los desproporcionados planes de Trump), no hay que leerla también en clave interna, es decir, si el Partido Popular y Vox no han echado leña al fuego en la Embajada estadounidense en España, en petición de ayuda a su plan desestabilizador. En todo caso, no deja de ser motivo de orgullo que un presidente tan destructivo como Trump se sienta incómodo con un Gobierno y un presidente que se oponen en público a planes no sólo desquiciados, si no inviables.
Estas cuatro columnas convergen sobre La Moncloa. ¿Quién es el General Mola que las dirige? No lo es, desde luego, Núñez Feijóo, mediocre político de provincias. ¿Puede ser Aznar? Aznar estará en el puesto de mando, pero posiblemente el cerebro de la operación es colectivo: empresarios, políticos de la derecha y de la extrema derecha, representantes de los medios de comunicación social conservadores, thing tanks que producen ideología extremista, y ahora… algún eclesiástico. Este Estado Mayor de la subversión lleva muchos tempos planeando cómo derribar al Gobierno y ha preparado para antes del verano su ofensiva final, su desembarco de Normandía, para derribar al presidente Sánchez.
Y, como en la Guerra Civil española, no podía faltar la quinta columna. Hace mucho tiempo que las derechas y sus periódicos adictos están tratando de dividir al PSOE. Operación a la que ha vuelto a sumarse El País con un triste artículo de Lambán. El último intento de división es un nuevo manifiesto de exsocialistas (con algún ministro de Rodríguez Zapatero que nunca fue de izquierdas) que se suman a la campaña en favor de que gobierne el Partido Popular y que Vox marque la agenda política. No se sabe que es más triste, si ver a políticos de cierto prestigio identificados con el progresismo que ahora han cambiado de bando y apoyan a Vox o la sensación de traición que debe sufrir tanto elector de izquierdas que en su día confió en ellos y les otorgó su voto. En todo caso, los escándalos del trío Cerdán-Ábalos-Koldo no son más graves que los del dúo Roldán-Rubio, en momentos en los que algunos de los firmantes del manifiesto ocupaban importantes cargos políticos en aquella legislatura, y ni protestaron ni dimitieron. ¿Por qué ahora se han vuelto se sensibles?
Y para terminar con las quintas columnas, llama la atención la desaforada actitud de Podemos frente al Gobierno. ¿No tienen memoria Montero y Belarra y han olvidado que fueron ministras de un Gobierno cuya orientación política no ha cambiado? Vista la virulencia de la actitud de Podemos contra el Gobierno hay que formularse algunas preguntas, porque sabemos cómo, cuándo y por qué algunos empresarios catalanes decidieron crear Ciudadanos, pero no sabemos si hubo algún poder fáctico que decidió crear –y/o apoyar a– Podemos para dividir a la izquierda. Buen tema para un periodista avispado.
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