Un poder (el judicial) que se rebela

Jueces y fiscales convocan una huelga sin respaldo legal ni control institucional. Sin servicios mínimos ni descuentos salariales, la protesta revela una posición de privilegio inédita frente al resto de trabajadores. La movilización, impulsada por sectores conservadores, desafía las reformas del Gobierno y evidencia la politización creciente del poder judicial.

Agenda Públicaongamos que los empleados de un periódico deciden ir a la huelga en defensa de sus intereses laborales. La empresa establecerá unos servicios mínimos y restará el salario correspondiente a los redactores que secunden la medida de presión. Si los trabajadores no están de acuerdo con esos servicios mínimos o con los haberes detraídos, será un juez o tribunal del orden Social (los que deciden sobre asuntos laborales) quien tenga la última palabra sobre las condiciones en las que se ejerce ese derecho fundamental. Un esquema parecido se seguirá, pongamos otra vez, con los funcionarios de la sanidad pública. La consejería de salud correspondiente establecerá los servicios esenciales y restará el estipendio correspondiente. Y ante cualquier desacuerdo, ahí están los jueces y tribunales de lo Contencioso-Administrativo para decidir.

Este esquema, idéntico para millones de empleados por cuenta ajena, públicos o privados, de todo el país, no se repetirá en la huelga que las cinco asociaciones conservadoras de jueces y fiscales han convocado para el martes, miércoles y jueves de la semana que entra. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (FdV), Foro Judicial Independiente (FJI), así como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) enviaron la semana pasada un preaviso al Consejo General del Poder Judicial en el que anunciaban la movilización y reclamaban que el órgano fijara servicios mínimos. La protesta exige la retirada por el Gobierno de dos de sus reformas judiciales en plena tramitación: la del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal y la del estatuto orgánico de los fiscales.

"El CGPJ ha decidido, por unanimidad de sus miembros, tener por no anunciada la convocatoria de esos paros y no establecer esos servicios esenciales porque 'el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece de soporte normativo'"

El Consejo, que celebró un pleno extraordinario este jueves para analizar la situación, ha decidido, por unanimidad de sus miembros, tener por no anunciada la convocatoria de esos paros y no establecer esos servicios esenciales porque "el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo", según el acuerdo aprobado en esa reunión. Algo similar decidió la Fiscalía General del Estado que, en un escrito enviado a todos los fiscales jefes, afirmó "que carece igualmente de competencias para fijar servicios mínimos respecto de la actividad de los y las fiscales en los referidos días". 

Da igual que la Constitución y la normativa laboral de trabajadores y funcionarios no reconozcan el derecho de huelga a los jueces y fiscales. Tampoco importa que ninguno de sus estatutos profesionales, recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) lo recojan o regulen, algo que sí hacen con los letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) y los funcionarios al servicio de los órganos judiciales o las distintas fiscalías, para los que incluso se prevén sanciones específicas en caso de incumplimiento de servicios mínimos. Los jueces, que ejercen cada uno y por sí mismo un poder del Estado, el judicial, y los fiscales, integrados en ese mismo poder, irán a la huelga de nuevo la semana que viene porque consideran que ese derecho, aunque no esté contemplado para ellos, tampoco está vetado.

En ocasiones anteriores, estas movilizaciones de fiscales y jueces se han producido por motivos relacionados con sus propios intereses corporativos. Las dos últimas, de mayo y noviembre de 2018, por ejemplo, buscaban recuperar su capacidad económica, perdida tras años de congelación de sus salarios tras las medidas de austeridad en el sector público impuestas por la crisis de 2008. En otras, la razón era los males endémicos de un servicio público, el de la Justicia, afectado desde siempre por la falta de medios, la escasez de personal y el bajo ratio de jueces por habitante o la ausencia de tecnologías que, en muchas ocasiones, estaban detrás del eterno atasco. O la solidaridad con algún compañero que cometió un grave error, como el juez de Sevilla que se olvidó de encarcelar al violador y asesino de la niña Mari Luz Cortes en 2008, condenado en firme a cárcel por abusar de su propia hija antes de reincidir con esa menor.  

"El motivo que esgrimen los colectivos de derecha es la reforma (mínima) del sistema de acceso a ambas carreras, actualmente en tramitación en el Congreso, y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal"

Los paros de la semana que viene, sin embargo, se producirán con el poder adquisitivo ya recuperado (el Gobierno les ha subido el sueldo hasta en tres ocasiones), en medio de una importante transición tecnológica que ha extendido nuevas aplicaciones, sistemas de videoconferencia o digitalización de documentos. El Ejecutivo, además, acaba de aprobar para este año la mayor convocatoria de nuevas plazas de jueces y fiscales (480), que se repetirá en 2026 y 2027, según anunció el 9 de junio el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños. El motivo que esgrimen los colectivos de derecha es la reforma (mínima) del sistema de acceso a ambas carreras, actualmente en tramitación en el Congreso, y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para blindar su autonomía del Gobierno ahora que va a asumir la dirección de la investigación de las causas penales que todavía sigue en manos de los jueces de instrucción. La movilización exige al Ejecutivo que retire ambos proyectos que, buscan, según dicen, jueces y fiscales más afines.

Lo peculiar de esta convocatoria es que ha surgido de manera espontánea. Al margen del tejido asociativo de jueces y fiscales y de su máximo órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Este último avaló por unanimidad el grueso del anteproyecto de reforma del sistema de acceso el pasado marzo en un informe que centraba sus pegas en el proceso de regularización de los casi mil jueces sustitutos que cubren las ausencias de los de carrera. Lo mismo hizo con el otro texto cuya cancelación exigen los huelguistas, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La convocatoria de huelga alerta contra esas iniciativas del Gobierno que considera que conllevan riesgos sistémicos para el Estado de derecho y principios democráticos básicos como la separación de poderes y la independencia judicial. El CGPJ, en el que hay ocho vocales de la huelguista APM, no ha encontrado, sin embargo, tachas de inconstitucionalidad. Tampoco lo ha hecho el Consejo de Estado.

"La movilización de jueces y fiscales también ha superado a los colectivos corporativos de derechas de ambos cuerpos que, pese a sus críticas a las reformas, no plantearon medidas concretas contra ellas"

La movilización de jueces y fiscales también ha superado a los colectivos corporativos de derechas de ambos cuerpos que, pese a sus críticas a las reformas, no plantearon medidas concretas contra ellas. Hasta que, a mediados de mayo, se creó un chat de WhatsApp al que, en pocas semanas, se sumaron más de 1.800 miembros de la carrera judicial y fiscal. Fue a través de ese grupo de mensajería, inicialmente denominado "Proyecto de estabilización" y luego "Unión de fiscales y jueces" donde se canalizó el descontento de gran parte de ambas carreras y se comenzó a hablar de huelga. Desde el chat se organizó el paro de 10 minutos que volvió a sacar a la calle a miembros de ambos cuerpos con sus togas el 11 de junio. La creciente derechización de la carrera judicial desde su base ya se apreció el pasado diciembre en las elecciones a salas de gobierno, las únicas a las que están llamados los 5.500 jueces en activo. 104 de las 118 plazas en juego fueron a parar a asociaciones conservadoras. 

No es la primera vez que los jueces se movilizan contra proyectos legislativos del Gobierno. El 20 de febrero de 2013, con Mariano Rajoy en la Moncloa, todas las asociaciones judiciales y fiscales, salvo las conservadoras y mayoritarias de ambas carreras (APM y AF), secundaron un paro contra dos reformas impulsadas por el entonces ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, la que multiplicó las tasas judiciales y la que reformó de arriba abajo el CGPJ: desde las atribuciones de su presidente a la dedicación exclusiva de los vocales y la forma de adopción de los acuerdos en el órgano. Ambos proyectos salieron adelante, aunque las tasas fueron declaradas nulas por el Tribunal Constitucional tres años después.  

"Serán los propios huelguistas los que decidan qué servicios serán esenciales en los tres días de paro y quién los tendrá que ejecutar. Sin control"

Sin convocatoria formal, sin autoridad laboral competente que fije servicios mínimos y sin que el pagador –el Ministerio de Justicia– vaya a restarles el dinero correspondiente a sus jornadas no trabajadas, el martes se iniciará la sexta huelga judicial (y fiscal) de la democracia. Será una huelga autorregulada –algo que los propios jueces prohíben sistemáticamente a sindicatos, delegados sindicales, comités de empresa y asambleas de trabajadores– porque, ante la negativa del Consejo y la Fiscalía General del Estado a asumir la convocatoria, serán los propios huelguistas los que decidan qué servicios serán esenciales en los tres días de paro y quién los tendrá que ejecutar. Sin control. 

Da igual, porque, en caso de que otro organismo pusiera las reglas, los jueces tendrían la última palabra; por algo son un poder del Estado y lo ejercen. Tras su última movilización, en 2018, un juzgado central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió que el secretario de Estado de Justicia no era competente para detraer de las nóminas lo correspondiente al tiempo de protesta. El Gobierno tuvo que hacer lo que nadie le obligaría a hacer con ningún otro de sus funcionarios que ejerza legítimamente este derecho fundamental: darles de vuelta el dinero que les había retenido.