¿Dejará el Gobierno de facilitar que la Iglesia Católica nos sangre y adoctrine a la infancia?
Las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en las que se alinea con posiciones de la derecha y la ultraderecha, parecen haber iluminado repentinamente al Gobierno de España, que ahora se muestra muy enfadado. Pero ¿acaso ese alineamiento ultraderechista de la Iglesia no es una constante durante toda la democracia, por no hablar del franquismo y de la guerra civil? ¿No se viene oponiendo esa Iglesia, de manera contumaz, a los derechos humanos de menores, mujeres y homosexuales?
En esas asignaturas que se imparten a la mitad de los menores españoles se enseña algo muy parecido al ultraderechismo
Si les parece que la mención a la guerra civil está fuera de lugar, vean la noticia de que el nuevo papa, es decir, el jefe del Estado antidemocrático y supremacista masculino conocido como la «Santa Sede», siguiendo la línea de los anteriores, y en especial de Francisco (tan querido por el Gobierno), acaba de anunciar la beatificación de «124 mártires jiennenses asesinados durante la Guerra Civil española», entre 1936 y 1939. En medios católicos leemos que fueron víctimas, durante la «Cruzada», del «terror rojo». Y ya van más de 2.000 mártires, curiosamente todos del mismo bando, el fascista. No se reconoce ni un solo mártir víctima del terror nacionalcatólico, vaya por Dios.
Bien, pues esa Iglesia sigue beneficiándose, con plena complicidad gubernamental, de privilegios económicos extraordinarios: recibe del Estado español unos 13.000 millones de euros anuales, según los cálculos de Europa Laica. Sumen a eso la apropiación indebida, pero legal gracias al franquismo, al gobierno de Aznar, y a la connivencia de los gobiernos de Pedro Sánchez, de más de 100.000 bienes «inmatriculados» por los obispos, de un valor patrimonial incalculable (y, si lo calculáramos en términos económicos, quedaría muy por encima de gravísimos escándalos muy sonados).
Esa Iglesia, y la Santa Sede, siguen disfrutando de otros privilegios mediáticos y simbólicos extraordinarios, como cuando las autoridades participan de sus rituales, o el Rey se humilla indignamente ante sus representantes.
Este adoctrinamiento anticientífico, machista y homófobo ha sido apoyado por todos los gobiernos «democráticos», incluyendo el actual
Y, para mí, lo peor de todo: a esa Iglesia antidemocrática, que vulnera derechos humanos, y hasta los combate, que encubre la extendida pederastia en su seno, se la apoya con todo lo necesario para que adoctrine a las niñas y niños en la catequesis conocida como «asignatura» de religión, una catequesis, como la parroquial, anticientífica y anti-derechos humanos, que a veces genera ambientes facilitadores de abusos sexuales. Ese «todo lo necesario» incluye el pago a los catequistas-profesores y la concesión de miles de millones de euros a colegios «concertados» de ideario católico, es decir, dogmático (enemigo del pensamiento crítico) y próximo a la ultraderecha. Este adoctrinamiento anticientífico, machista y homófobo ha sido apoyado por todos los gobiernos «democráticos», incluyendo el actual, tan «progresista», tan «feminista» y tan «pro-LGTBI+».
España es un Estado confesional de hecho y, por tanto, no se puede decir seriamente que sea un Estado «democrático». Hay pocas dudas de que los gobiernos que se supone que deberían defender el laicismo (dada la ideología de los partidos que los sustentan) no lo hacen porque dan prioridad a sus dudosos cálculos electorales, que anteponen a la defensa de los derechos de la ciudadanía y en especial de las mujeres, de los homosexuales y de la infancia, –especialmente en el terreno educativo–. Quizás eso explique el contraste entre la furibunda reacción actual a las declaraciones de Argüello y la pasividad y hasta complicidad en otras cuestiones de mucho más calado, como son los abusos de todo tipo de la Iglesia. Esos cálculos les llevan a, en vez de avanzar hacia el aconfesionalismo, hacerlo hacia el multiconfesionalismo, extendiendo los privilegios a otras organizaciones religiosas. Nos alejamos así, más aún, del principio de igualdad de derechos y deberes con independencia de las creencias y convicciones de cada cual.
Hay pocas dudas de que el Gobierno, que se supone que debería defender el laicismo, no lo hace porque da prioridad a sus dudosos cálculos electorales
Como, desgraciadamente, ese es el nivel, espero que esta reciente iluminación por la que el Gobierno se ha hecho tan consciente del ultraderechismo de la Iglesia española (o más bien del daño electoral que puede hacerle), sirva para que aproveche el tiempo que le quede en empezar a revertir sus desorbitados privilegios: que avance con decisión hacia el fin de la financiación estatal de las confesiones religiosas, la recuperación para el Estado (para la ciudadanía) de los bienes inmatriculados, la anulación (no la reforma) de los Acuerdos con la Santa Sede y de los convenios con otras confesiones… y hacia la extinción de los conciertos educativos, de los idearios fundamentalistas en los colegios, y de las asignaturas de religión –de cualquier religión– en la escuela (pública y privada).
Piense el Gobierno, en sus cálculos electorales a medio-largo plazo, que esas asignaturas se imparten a la mitad de los menores españoles y que en ellas se enseña algo muy parecido al ultraderechismo, con lo que se están promoviendo futuros votantes de ultraderecha… si la racionalidad y la ética laica basada en los derechos humanos no lo remedian (es verdad que esto sucede a menudo, afortunadamente, pero me temo que no lo suficiente).
Bueno, seré un ingenuo, pero también apelo a la reactivación de la decencia democrática y humana de los militantes y cargos de las formaciones políticas en las que eso es posible.
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