Así encerraron a cientos de mujeres “pecadoras” en Córdoba para reeducarlas conforme a la moral católica
El Archivo Histórico Provincial conserva 2.077 expedientes de jóvenes internadas en el franquista Patronato de Protección a la Mujer entre 1940 y 1984
La mayoría fueron ingresadas contra su voluntad en el Convento de las Adoratrices sin orden judicial y con la mera autorización del padre
“Mujer de 19 años. Natural y vecina de un pueblo de Córdoba. Hija de Antonio y Mari Carmen. Instruido expediente por ponerla a disposición de la Junta.
MOTIVO: Inmoralidad. ESCOLARIDAD: Deficiente. HOGAR: Se ignora.
AMBIENTE: Sus padres parecen gente trabajadora pero de gran ignorancia religiosa. La joven hace próximamente un año que se vino a servir y una vez deshonrada se dedicó a la prostitución. Fue denunciada por una señora que dijo haber inducido a su marido al adulterio. Sus padres no deben tener ascendiente ninguno sobre ella.
EXAMEN DE LA JOVEN: Alta, pelo casi rojo, llena de pecas. Parece completamente atolondrada y creo que miente con gran facilidad.
PROPUESTA: Internamiento. Córdoba 3 de enero 1944“.
El que acaban de leer es uno de los 2.077 expedientes personales de jóvenes ingresadas entre 1940 y 1984 en el Patronato de Protección a la Mujer de Córdoba. Su nombre ha sido eliminado para preservar su intimidad. Los de sus padres son simulados. También se ha borrado el pueblo y el domicilio. El resto de la información es escrupulosamente real. La ficha está firmada por la celadora del centro.
En el Archivo Histórico Provincial hay más de dos millares de carpetas individuales. El de la joven de 19 años es un perfil muy frecuente. Mujeres entre 16 y 25 años que se apartaban del canon tradicional dictado por la moral católica dominante del franquismo. Descarriadas que debían someterse a un tratamiento de reeducación en un internado. Contra su voluntad, por supuesto. Y muchas de ellas sin mandamiento judicial y con la mera autorización del padre.
El número de expedientes es apabullante. Pongamos otro ejemplo. Una carta fechada el 22 de marzo de 1943 está firmada con la huella dactilar por una mujer de 65 años que solicita el ingreso inmediato de su vástaga. “Teniendo una hija de 17 años de edad, de la que no podemos hacer carrera, ni sujetarla para que no salga de casa y vuelva a altas horas de la noche (…) deseo que sea internada en el Colegio de las Adoratrices para librarla de los innumerables peligros a que se halla expuesta”, relata la madre. El Patronato tenía centros propios pero la mayoría pertenecían a congregaciones religiosas, con las cuales el Estado firmaba un acuerdo de subcontratación de servicios. En Córdoba, según la información de la que disponemos, las monjas adoratrices acogían a la mayor parte de jóvenes de moral dudosa para su adoctrinamiento conforme a los valores cristianos.
Aula del Patronato de Protección a la Mujer de Sevilla en una imagen de los años sesenta Otro caso. Una joven de 18 años, vecina de Córdoba. Ingresada por “inmoralidad”. Su madre y hermanos son “gente honrada”, pero la muchacha “frecuenta las ventas y lleva mala vida”, indica el expediente mecanografiado. El parte denuncia que la joven “pasa grandes ratos en las esquinas de Puerta Nueva de charla con hombres”. Por ese supuesto grave delito, la celadora que firma el informe propone que se mantenga en “libertad vigilada hasta que se pueda internar”.
En el Archivo Histórico de Córdoba hay 27 cajas con documentación de aquel siniestro Patronato franquista que enclaustró a decenas de miles de mujeres en toda España. Gran parte de las cajas aún no están clasificadas. Y la mayoría de ese ingente material histórico permanece inédito y sin estudiar, arrinconado en los sótanos de nuestra memoria colectiva.
El Patronato de Protección a la Mujer fue un instrumento clave para el control ideológico y la reeducación de las jóvenes “pecadoras” que desafiaban la moral católica preceptiva. Fue creado muy pronto. Apenas dos años después de la victoria franquista. Un decreto del 6 de noviembre de 1941 le asignó como misión la “dignificación moral de la mujer” con el objetivo de “apartarla del vicio y educarla cristianamente”. Se mantuvo activo hasta mediados de los años ochenta.
Decenas de miles de mujeres fueron internadas a la fuerza para someterse a un proceso de aleccionamiento y corrección moral. Bajo el régimen franquista, la mujer no tenía autonomía legal. Estaba subordinada al varón. Primero al padre y luego al esposo. El Patronato disponía de una junta nacional presidida por Carmen Polo de Franco. En cada capital había una junta provincial, dirigida por el gobernador civil y constituida por dos vicepresidentes “varones”. Como miembros natos figuraban también el obispo de la diócesis, una representante de la Sección Femenina de la Falange, el gobernador militar y otros integrantes de la administración local.
El Patronato ostentaba centros de internamiento en todas las provincias. La mayoría de ellos pertenecían a órdenes religiosas de monjas, generalmente adoratrices y oblatas, con las que el Estado firmaba un contrato de prestación de servicios a cambio de una cantidad de dinero. Al fin y al cabo, se trataba de instruir a las mujeres “caídas” en los rectos principios del orden tradicional.
Miles de expedientes de aquellas jóvenes descansan medio olvidados en los archivos históricos provinciales. Durante años, la acción represora del Patronato cayó en la amnesia general hasta que hace apenas una década algunas investigadoras han desempolvado aquel oscuro episodio de instrucción nacionalcatólica que la dictadura impuso sin contemplaciones.
Una de las pioneras fue Carmen Guillén, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia y autora de una tesis doctoral sobre el Patronato publicada en 2018. “El motivo de ingreso era bastante ambiguo. Simplemente por inmoralidad. Hay muchos expedientes por embarazos no deseados o prostitución clandestina, pero, en general, podía ser cualquier desviación del modelo de mujer ideal de entonces”.
Un porcentaje muy alto de ingresos eran ordenados por las propias familias, avergonzadas de la desviación deshonrosa de sus hijas, pero también por vecinos, la policía o las propias religiosas. No existía un procedimiento reglado ni se constataba la veracidad de las acusaciones. “Es muy difícil comprobar una cosa tan ambigua como la inmoralidad”, argumenta Guillén. “Si un padre dice que su hija está saliendo a horas intempestivas con gente que considere inapropiada y quiere que la ingresen, pues la van a meter dentro”.
Dormitorio de las internas del Patronato de Protección a la Mujer en Sevilla a finales de los cincuenta La tutela sobre la mujer pasaba entonces del padre al Estado. Los internados sometían a las jóvenes a un tratamiento religioso para que “redimiesen sus pecados” a base de “misa, silencio y rezo del rosario”, explica la profesora de Murcia. “No había una formación académica o profesional más allá del bordado, la costura y todo lo que se entendía entonces que era el trabajo femenino”. El periodo de enclaustramiento oscilaba entre los seis meses y los dos años, aunque a veces podía alargarse.
El objetivo fundacional del Patronato era la lucha contra la prostitución clandestina, pero terminó convirtiéndose en un instrumento de control social de las mujeres que transgredían los patrones de conducta conservadores. La profesora de Historia Contemporánea Lucía Prieto también es pionera en la investigación de la institución franquista. “El crimen sexual peor conceptuado y más penalizado socialmente era el de madre soltera”, afirma. “El Patronato se encargó de crear grandes centros de maternidad que garantizaban el proyecto demográfico del nuevo régimen franquista. Porque las madres eran transgresoras y pecadoras, pero los niños hacían falta para la regeneración de la patria”.
Lucía Prieto ha estudiado especialmente el caso de Málaga, en cuya Universidad desarrolla su labor académica. “Muchos ingresos eran solicitados por sus familiares, que no podían controlar moralmente a sus hijas. Y lo mismo podía ingresar una chica que había tenido relaciones sexuales con su novio que, por supuesto, las que estaban acusadas de tenerlas con un hombre casado”. En la posguerra, uno de los ingresos más generalizados venía derivado de la orden judicial por concubinato. “El concubinato era convivir con un hombre fuera del matrimonio y, sobre todo, cuando la denuncia partía de la esposa legal”.
La mujer era condenada al destierro y, si reincidía, podía acabar en prisión. Al hombre, en cambio, se le obligaba a volver con su familia, pero no recibía ningún castigo. Lo que el código penal sancionaba entonces era el adulterio femenino. El pecado siempre se vinculaba a la mujer en aquella España legal y culturalmente machista. Las jóvenes que se quedaban embarazadas solteras eran conceptuadas como “peligro moral”. Casi la mayoría de los ingresos se producían bajo ese formulismo, según la profesora Prieto. Y el “peligro moral” englobaba situaciones de las más diversas: desde niñas desobedientes a jóvenes que mantenían relaciones indecentes o no autorizadas por la familia. En Málaga, también eran las adoratrices quienes ejercían la custodia e imponían el régimen disciplinario a las descarriadas.
Los ingresos se producían por orden judicial en situaciones especialmente graves. Por ejemplo, sospecha de aborto. O denuncias de adulterio, prostitución clandestina y corrupción de menores. En 1956 España aprueba la abolición de la prostitución y se adscribe a los programas de reeducación europeos. “Aquí los planes están totalmente distorsionados porque son aplicados por órdenes religiosas y no por agentes de asistencia profesional como en Francia y otros países”, subraya Lucía Prieto.
Muchas víctimas de aquellos programas de reclusión se han organizado para visibilizar los estragos causados por el Patronato y reclamar medidas de reparación. Es el caso de Silvia Fernández, familiar de una de las mujeres afectadas por aquel programa de enclaustramiento franquista. Su pariente fue ingresada con apenas cuatro meses en una casa cuna, más tarde pasó al tutelar y finalmente entró en el Patronato donde permaneció hasta los 17 años. La madre fue internada en un hospital psiquiátrico de Córdoba por orden del padre, con el que mantenía una relación conflictiva.
“Entregó a su bebé porque era madre soltera y entonces se consideraba conducta inapropiada”, relata Fernández, que lleva un año investigando su caso en varios archivos andaluces. Cuando las niñas abandonaban la casa cuna empezaban a trabajar en talleres. Hacían todo tipo de labores. Desde lavar sábanas para el Ejército y los hoteles a fabricar rieles de cortinas, que se vendían posteriormente. “Mi familiar hacía cartonaje para cajas de vino. Te estoy hablando de niñas que ya trabajaban con diez años”.
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